Investigación, brecha entre desarrollo y periferia
A pesar de su visible crecimiento en los últimos veinte años, la investigación nacional está rezagada frente a la de otros países de América Latina. La inversión sigue sin sobrepasar el 0,5% del PIB y las regalías para el sector de ciencia, tecnología e innovación no son suficientes. Para que el sistema funcione se necesitan recursos y políticas claras.
Cuando se examina la economía de los países desarrollados, se observa que incorporan a su modelo productivo la investigación científica y tecnológica, así como la innovación. Parte de su secreto está en comprender que impulsar las capacidades científicas es una tarea de largo plazo que, además, requiere una sólida apuesta de Estado.
El proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, si bien reconoce problemas estructurales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no deja claro las medidas para combatir muchos de los males del sector. Por eso, el temor es que todo cambie de forma, pero no de fondo.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó en compañía del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, el proyecto de ley 210 para reformar el sistema de seguridad social en salud. Es la segunda vez que el propio mandatario presenta un proyecto ante el Congreso, después de la ley de víctimas y restitución de tierras.
Un desafío decisivo a mediano y largo plazo es el de canalizar los ingresos financieros del sector extractivo hacia el desarrollo de nuevas capacidades de producción que aprovechen y cultiven el talento de los colombianos para innovar y crear riqueza.
Colombia sigue siendo un país en desarrollo. La abundancia y la intensidad del consumo moderno, evidente en algunas zonas de las grandes ciudades, contrasta con los enormes cinturones de pobreza urbana y rural. La infraestructura de transporte para integrar la economía del país y articularla con el resto del mundo tiene un atraso de varias décadas.
En Europa, Uruguay e, incluso, algunas regiones de EE. UU., están surgiendo distintas reflexiones sobre cómo abordar el problema del comercio ilícito de estupefacientes. Los diálogos de paz en Colombia son el escenario para plantear salidas, que estarán directamente relacionadas con el bienestar de los campesinos, la equidad y la distribución de la tierra.
La producción, el tráfico y el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno global, aunque afecta con mayor rigor a los países productores debido a la presencia de poderosas redes de traficantes. Asimismo, son globales los movimientos sociales y las corrientes de opinión comprometidas con el reconocimiento del fracaso de la guerra contra las drogas.
El análisis económico que rige hoy la política educativa ignora que la educación no es un producto de manufactura. La educación es un servicio personal y, por lo tanto, debe prestarse con la colaboración y el compromiso del usuario.
En los últimos dos años, en el debate sobre la reforma de la educación superior, se ha resaltado la idea de derecho y, a veces, se ha asociado el concepto de servicio a su mercantilización y privatización.
Una nueva corriente en economía y ciencias sociales puede alimentar una mirada diferente sobre la educación superior, aun cuando la teoría de la elección racional siga siendo la corriente principal en las ciencias sociales.
En las últimas décadas se ha intentado reformar la universidad desde una perspectiva económica ortodoxa (“racionalizarla”). La Ley 30 fue promulgada en un contexto de entusiasmo neoliberal. Para unos, quiso proteger a la universidad pública de vientos adversos, y en buena parte lo logró. Para otros, quiso congelar su presupuesto, y esto en buena parte no lo logró.
Modernizar y financiar las universidades que tienen potencial de sobresalir mundialmente debe ser una de las apuestas del Gobierno. El país necesita instituciones de excelencia. La política de repartir un escaso presupuesto adicional en igual proporción pone en riesgo la influencia académica y el respeto internacional de las mejores universidades.
Desde los años sesenta, cuando un pequeño grupo de universidades norteamericanas consiguió cuantiosos recursos y becas para patrocinar sus investigaciones –especialmente en el campo de las ciencias físicas y naturales–, la financiación de proyectos cruciales fue posible gracias a fondos que se incorporaron a los presupuestos de funcionamiento de las nuevas “universidades de investigación”, categoría que trascendió las habituales de “privadas” y “estatales o públicas”.
La presencia del Estado en las regiones fronterizas no debe limitarse al poderío militar y de las autoridades civiles. La principal fortaleza de un territorio esta en el bienestar y la cohesión de sus habitantes. La mejor herramienta para empoderarlos es la educación.
Durante los últimos meses, como pocos en la historia reciente del país, los colombianos hemos sido conscientes de lo vulnerable que puede ser la integridad de nuestro territorio, a pesar de que la vida republicana de nuestra nación estuvo marcada durante más de un siglo por un largo y, en algunos momentos, doloroso proceso de definición de fronteras. La escisión de gran parte de nuestro mar Caribe en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un episodio diferente a los otros que han marcado nuestra historia e integridad territorial: no provino ahora de las acciones expansionistas de potencias extranjeras, sino de la decisión jurídica de una institución internacional reconocida voluntariamente por nuestro Estado. Sin duda, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La
Cerca del 50% de los estudiantes del sistema público de educación superior abandona sus estudios. Este es un fenómeno que, por años, ha preocupado al sector y que requiere un tratamiento especial del Estado. Los costos económicos y sociales para el país son altos.
Como bien lo indicó el Banco Mundial en un reciente informe, el mayor reto educativo que tiene Colombia es procurar que más ciudadanos obtengan un título de pregrado, aspecto fundamental si se quiere incursionar con mucha más fuerza en la era del conocimiento y producir cambios sociales profundos.
El Gobierno debe recordar que los recursos de regalías del Fondo CT+I les pertenecen a las regiones, no a Colciencias, entidad que necesita una financiación exclusiva y suficiente para impulsar la ciencia y la tecnología en el país. Las universidades y las regiones también tienen una enorme responsabilidad para aprovechar el flujo de dineros.
El Sistema General de Regalías (SGR) del país se constituyó mediante el Acto Legislativo 05 de 2011, y su organización y funcionamiento están regulados por la Ley 1530 de 2012. Está conformado por cuatro fondos: Ahorro y Estabilización; Desarrollo Regional; Compensación Regional; Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I).
Si hay una labor prioritaria que debe promover la universidad es la de entregar a la sociedad ciudadanos responsables y autónomos. ¿Por qué? Porque es así como se pueden hacer transformaciones profundas en el país. En este punto radica la importancia de la autodeterminación universitaria. De lo contrario, solo se tendrían “fábricas” de profesionales.
La autonomía universitaria pasa por varios aspectos: libertad de cátedra, potestad administrativa y financiación del Estado. En opinión de algunos expertos, este último –la falta de recursos– la afecta en su totalidad. Otros, por su parte, consideran que, pese a las dificultades, se cumple en las universidades del país.
Supeditar la financiación estatal a que las políticas de las universidades coincidan con las de determinado Gobierno es ejercer un control previo sobre sus decisiones académicas. Constituye, por tanto, una violación de la autonomía.
El concepto de autonomía universitaria se está usando más para eludir responsabilidades que para definirlas con claridad. El análisis de estas situaciones, unas recurrentes y otras nuevas, reclama desarrollos jurisprudenciales que deberían ser introducidos con prontitud.
Por su capacidad para prevenir enfermedades y retrasar el envejecimiento natural del cuerpo, los antioxidantes son un producto de alta demanda en el sector farmacéutico, cosmético y alimenticio. En la UN se diseñó un proceso industrial que maximiza su obtención.
Los antioxidantes son sustancias orgánicas que ayudan a inhibir la acción de los radicales libres, responsables de la oxidación de las células y del envejecimiento del organismo. El metabolismo, la respiración y los agentes contaminantes del ambiente inciden en ese deterioro paulatino.
Una investigación de la UN en convenio con la Universidad de Cartagena halló muestras de atún enlatado con niveles de concentración de mercurio que superan los permitidos por las entidades sanitarias. La contaminación de los ecosistemas donde se reproducen los peces, por actividades como la minería, es la principal causa.
El pescado es la base de la alimentación de miles de personas en el mundo, pues es fuente considerable de proteínas, ácidos grasos y vitamina D y hace un aporte relativamente bajo de colesterol.
Objetos descubiertos en el terreno de la UN en el Pacífico dan testimonio de un valioso pasado lleno de tecnologías, tradiciones, relaciones económicas y logros intelectuales. Se necesitarán muchos años y enormes esfuerzos económicos para estudiar ese inmenso patrimonio nacional.
“Los vestigios enterrados en el predio de la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Tumaco contienen información de entre 2.000 y 3.000 años de historia prehispánica. Es comparable a una biblioteca con datos de los saberes de las gentes que nos antecedieron”, asegura el profesor José Virgilio Becerra, uno de los líderes de la prospección arqueológica, que se desarrolló en el terreno donde se construirá la nueva sede de la Institución.
La fusariosis es una enfermedad que dañó cientos de hectáreas de cultivos de vainilla en países como Madagascar, en la década pasada. Curiosamente, las variedades del Pacífico colombiano no se ven afectadas por la presencia de hongos que son dañinos para otras especies. Este rasgo es una ventaja para hacer siembras de alta calidad.
La vainilla proviene de un género de orquídeas que comprende unas 110 especies distribuidas en todas las zonas tropicales del planeta. La evidencia científica indica que puede tener alrededor de 160 millones de años de existencia.
Pareciera que el Gobierno quisiera preservar lo mínimo de la naturaleza del país. Así lo evidencian casos como el de la delimitación de los páramos o el de la Estrella Fluvial de Inírida, un tesoro natural de 283.000 hectáreas que podría desaparecer si llega la minería.
En Colombia se volvió frecuente que –a través de radio, televisión, prensa, páginas web, redes sociales, foros, debates, reuniones, marchas y hasta vías de hecho– se le solicite al Estado y a sus instituciones garantizar el respeto por los ecosistemas y su biodiversidad. Hasta el momento, no se sabe de una respuesta oficial a estos reclamos de la sociedad.
Una idea patentada de construcción de vivienda, que se ensambla como un juego de lego, se convierte en una alternativa para disminuir el uso de materiales poco amigables con el ambiente. Se trata de edificaciones resistentes a los temblores que no superan los 28 millones de pesos.
¿Está de trasteo? Entonces, empaque sus maletas, aliste sus muebles, desmonte su casa y suba todo a un camión. ¿Desarmar la casa? Así como suena. Se trata de un novedoso modelo que les permite a las personas ensamblar y desensamblar sus viviendas como si se tratara de un juego de bloques de lego.
En los años noventa, un grupo de artistas colombianos coincidió en usar las “acciones de arte” como lenguaje para interpretar –y no pocas veces criticar– la compleja realidad social y política que les tocó vivir.
Uno de los hitos del arte contemporáneo colombiano tuvo lugar en el año de 1990: María Teresa Hincapié (1954-2008) ganó el primer premio del Salón Nacional de Artistas con su obra Una cosa es una cosa. Fue la primera vez que se premió un performance y se lo reconoció a nivel institucional.
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