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Según Incoder, hoy existen 283 embarcaciones pesqueras legales, 190 colombianas y 93 extranjeras. Aún no hay información consolidada sobre pesca ilegal, en parte porque las autoridades se concentran principalmente en el control del narcotráfico. Víctor Manuel Holguín/Unimedios

Según Incoder, hoy existen 283 embarcaciones pesqueras legales, 190 colombianas y 93 extranjeras. Aún no hay información consolidada sobre pesca ilegal, en parte porque las autoridades se concentran principalmente en el control del narcotráfico. Víctor Manuel Holguín/Unimedios

Agonizan los recursos pesqueros de Colombia


Por: Carlos Andrey Patiño Guzmán,
Unimedios

La incapacidad para controlar los mares, un incipiente conocimiento de la biodiversidad y la irregular autoridad pesquera son algunos de los factores que han hecho que el país solo tenga el 30% de la riqueza pesquera que existía hace 40 años.

esk tu belleza ceduceLa última vez que Aída Nelly Montaño se aventuró a discutir con el capitán de un barco pesquero industrial, llevó las de perder. “¿Quiénes son ustedes para reclamar?”, le dijo a ella y a varios líderes del Consejo Comunitario Los Riscales, del municipio de Nuquí (Chocó).

Aída dice que los navíos llegan casi hasta la costa para capturar los frutos del mar (camarones, peces, langostas y todo lo que se les atraviese), pero según afirma, esto no está permitido, porque son áreas para la pesca artesanal. “Dicen que en Buenaventura les dieron el permiso, pero no lo creo. Hemos protestado ante el Gobierno, pero no nos escuchan”.

En Colombia, la gobernabilidad marítima para cumplir con la política pesquera parece salirse de las manos. El total de aguas que tiene el país es de 928.660 km2, sumando las del Pacífico y el Atlántico, casi el mismo tamaño de Venezuela y cuatro veces el del Reino Unido.

“El diagnóstico es malo. La degradación de los ecosistemas y la drástica reducción de especies se deben a la sobreexplotación. Hoy solo existe el 30% de peces asociados a los fondos marinos, en comparación con los que había hace 40 años”, afirma Camilo García, especialista en océanos de la Universidad Nacional de Colombia.

La investigadora de la Sede Caribe de la UN Adriana Santos, experta en recursos pesqueros, opina que la actual política pesquera no es adecuada, porque desconoce los recursos y la producción, así como los métodos de pesca selectivos que no arrasan con todo. “Las políticas de protección poco se cumplen, por cuenta del bajo número de funcionarios y la falta de una propuesta seria de control y vigilancia”.

Un recurso abierto

Décadas atrás, en la casa de la señora Montaño desbordaba el pescado, tanto para la venta como para el consumo propio. “La gente se metía al mar con su línea de mano y salía con muchos peces. Hoy está demasiado agotado, en parte porque los barcos llegan con redes gigantes y atrapan todos los animales, desde los más grandes hasta los más pequeños”.

García indica que la actividad pesquera se reducirá en términos de lo que aporta al producto interno bruto, y la competencia entre las empresas pesqueras y las comunidades será más intensa. Quizá, lo más grave es que el aporte del mar a la seguridad alimentaria irá en declive.

La situación ya se evidencia en la Isla de San Andrés. Un estudio de la Sede Caribe de la Universidad Nacional determinó que, si un habitante quiere comer pescado, debe invertir en promedio cerca del 3,3% de sus ingresos de la canasta familiar, mientras que para pollo y carne, cerca de 2,6%, lo cual resulta más económico.

Si bien la pesca industrial ejerce una gran presión, la artesanal no se queda atrás. “En los países tropicales el mar es un recurso abierto todo el año. La lógica es que si un pescador no captura lo que puede cuando puede, viene otro y lo hace. La norma se queda corta en estos casos”, destaca García.
Sobrepesca e ilegalidad

Para Adriana Santos, es ahí donde viene el problema de la sobrepesca, pues afecta las cadenas alimenticias entre especies. Además, no solo se captura a los ejemplares adultos, sino también a los juveniles, que son los que garantizan la supervivencia de las especies.

“Se supone que el acceso a la pesca industrial es restringido y se basa en el sistema de cuotas asignadas a empresas o dueños de barcos, pero se llega, en muchos casos, a capturar más de lo permitido. Otras veces no se tiene el conocimiento actualizado de los rendimientos máximos sostenibles de las poblaciones pesqueras para saber cuál es la captura que se podría distribuir en cuotas”, detalla la investigadora.

En cuanto a la pesca ilegal, Elizabeth Taylor Jay, directora de Coralina (autoridad ambiental en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), manifiesta que aún no existe una cuantificación económica que pueda dar un mejor indicador sobre el fenómeno.

“Los dos recursos más importantes y que son objeto de exportación en la región sufren por la pesca ilegal, principalmente internacional. Se trata del caracol pala, extraído por personas de Honduras y República Dominicana, y la langosta espinosa, por embarcaciones de Honduras y Nicaragua. Para hacer pesca blanca llegan desde Jamaica, Venezuela e incluso se han observado embarcaciones de Vietnam”, precisa Taylor.

La funcionaria expresa que la gran debilidad de la política pesquera es el carácter centralizado que aún posee y que no permite que regiones con capacidad técnica y científica, como el Archipiélago de San Andrés, manejen temas sensibles como las cuotas pesqueras. “En la actualidad somos modelo para otros procesos en el mundo, dado el carácter participativo de las comunidades que han entrado a ser cogestoras de las acciones de manejo de los recursos”.

De institución en institución

Expertos coinciden en que la languidez de la política pesquera se debe a que no ha existido institucionalidad. La autoridad ha pasado de mano en mano en las últimas décadas. Perteneció al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), luego pasó al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y recientemente retornó al Incoder.

De hecho, la oficina que coordina la política, o sea la Dirección de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, se creó apenas en enero del 2008. El jefe del despacho, Carlos Robles, asegura que a pesar de los vaivenes se mantiene una coordinación pesquera en términos de planes de acción, ejecución presupuestal y de todos los procedimientos para atender la actividad.

“El fortalecimiento y la articulación institucional no es solo desde el punto de vista público, sino también con las organizaciones del sector privado. Hay una debilidad en la organización de los pescadores y de los gremios. Trabajamos para fortalecer la institucionalidad a nivel regional y local”, declara Robles.
Frente a las críticas por la ilegalidad, el funcionario dice que en el momento no hay ninguna embarcación de bandera colombiana que pesque sin permiso, y que las extranjeras pueden explotar los recursos cuando están asociadas con empresas colombianas.
“Se requiere fortalecer los controles y la vigilancia en los espacios marítimos; es un tema complejo por la inversión y la capacidad que deben tener las autoridades, pero estamos seguros de que existe un buen trabajo de la Armada y la Dimar (Dirección General Marítima), anota el Director de Pesca.

Si en algo coinciden las personas consultadas es que Colombia es privilegiada: tiene mares inmensos y ricos en recursos; sin embargo, el experto de la Universidad Nacional, Camilo García, observa un mar en agonía, cree que los esfuerzos por conservar su biodiversidad son débiles y descoordinados. Adriana Santos dice que la academia es fundamental para ayudar a conservar la riqueza del mar, como lo ha demostrado la UN con los aportes para el eficiente manejo de la Reserva de Biosfera Seaflower, en San Andrés Islas.

Por su parte, la líder chocoana Aída Nelly Montaño asegura que defenderá su mar y que enfrentará a los más bravos capitanes. “La comunidad se ha organizado para hacer una adecuada explotación de los recursos y sabemos que la pesca industrial actual es muy indiscriminada”.



Edición:
UN Periódico Impreso No. 134

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