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Según el Banco Mundial, tres de cada 10 colombianos están potencialmente amenazados por algún evento natural. foto: archivo particular

Según el Banco Mundial, tres de cada 10 colombianos están potencialmente amenazados por algún evento natural. foto: archivo particular

Capacidad de ahorro municipal mitiga desastres

Jun. 24 de 2017

Por: Lizeth Pérez Aldana,
magíster en Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Colombia

Una óptima política de gestión del riesgo de desastres debe promover el nivel de ahorro e inversión de los municipios, y ser coherente con los planes de desarrollo. Además, la lucha contra la pobreza se debería considerar como un mecanismo de prevención.

Entre 2010 y 2011 el fenómeno de La Niña dejó más de dos millones de personas damnificadas, convirtiéndose en una de las mayores tragedias ambientales del país. Esto motivó la creación de instituciones gubernamentales y la reformulación de la política de prevención y atención de desastres, con el fin de construir herramientas para reducir la vulnerabilidad de los territorios e incrementar su capacidad de resiliencia. Sin embargo, la reciente ola invernal, que incluyó la avalancha en Mocoa –con un saldo de más de 300 personas muertas–, evidencia que los esfuerzos no han sido suficientes para prevenir desastres de alto impacto.

La implementación de estrategias efectivas para la reducción del riesgo de desastres es cada vez más importante, sobre todo cuando se auguran periodos de lluvia y sequía de mayor frecuencia y magnitud como resultado del cambio climático.

Durante las dos últimas décadas, un objetivo de política internacional es contener las condiciones de riesgo y aumentar la capacidad de los territorios para absorber los impactos de los desastres. Esto ha llevado a que se estudie de manera más detallada qué determina su vulnerabilidad, lo cual ha puesto sobre la mesa no solo variables ambientales, sino también institucionales y socioeconómicas, que han conducido a denominar la vulnerabilidad como multidimensional. Es decir que variables como tamaño de la economía y pobreza inciden en la probabilidad de que los territorios se vean afectados por desastres.

Así lo explica el estudio “El desarrollo como determinante de la magnitud de los desastres en Colombia 2000-2012” que evaluó la manera como los indicadores de ingreso, pobreza, ahorro y educación contribuyen a explicar la probabilidad de diferentes niveles de impacto de desastres.

Por medio de la estimación del modelo logit multinomial se consideraron cinco categorías de desastres, creadas a partir tanto del número de personas muertas y afectadas, como de la cantidad de viviendas averiadas y destruidas después de la ocurrencia de un desastre. Además, como variables explicativas se incluyeron índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), producto interior bruto (PIB) per cápita, cobertura educativa, capacidad de ahorro y desempeño integral municipal. Por último, como variables de control se incluyeron indicadores de densidad poblacional, tipo de desastre presentado, zonas climáticas, niveles de riesgo de remoción en masa y sísmico, y longitud per cápita de los ríos que pasan por cada municipio. 

Prevenir desastres reduciendo la pobreza 

Los resultados indicaron que el tamaño de la economía municipal no es significativo para determinar el impacto que puede tener un desastre en el territorio, es decir que los ingresos per se no influyen en la probabilidad de que un municipio sufra eventos de alta magnitud. Por ejemplo Orocué, en Casanare, a pesar de su alto nivel de ingresos, durante 2010-2012 registró inundaciones con niveles de afectación superiores a los presentados en La Vega (Cauca), que posee un PIB municipal 10 veces menor.

Sin embargo la capacidad de ahorro sí presentó un efecto mitigador del impacto, cuando esta se relaciona con el desempeño integral de la administración municipal. En otras palabras, no es la existencia de los ingresos lo que reduce o promueve el nivel de afectación, sino la manera como estos son gestionados. Por tanto, una política de gestión del riesgo de desastres efectiva requiere promover el nivel de ahorro e inversión de los municipios, además de buscar que esta sea eficiente, o sea que permita acercarse a los objetivos del plan de desarrollo.

En cuanto a la relación de pobreza e impacto de los desastres, se observó que cuando la población no tiene cubiertas sus necesidades básicas existe mayor probabilidad de que ocurran eventos de alto impacto. Así, tras el fenómeno de La Niña, municipios con índices bajos de NBI como Envigado y Sabaneta, en Antioquia, o Chía y Sopó, en Cundinamarca, mantuvieron en un nivel bajo el impacto de las lluvias presentadas, a diferencia de Anzoátegui (Tolima) o Piamonte (Cauca) donde hay carencia de viviendas de calidad, servicios sanitarios y educación.

Los programas de reducción de la pobreza deben prevenir situaciones de emergencia en vez de utilizar los desastres como mecanismo para focalizar recursos, como sucedió por ejemplo en los municipios del sur del Atlántico, que solo tras de la ola invernal 2010-2011 –después de pasar por la devastadora situación de ver sus casas cubiertas por el agua– vieron inversiones en viviendas seguras y construcción colegios. 

Más allá de la formulación de planes 

La política de gestión del riesgo de desastres –que en Colombia se adoptó por medio de la Ley 1523 de 2012– no se debe limitar a la formulación de planes, especialmente en municipios que aún luchan por cubrir necesidades básicas como vivienda y agua potable, ya que el resultado de este enfoque ha sido incrementar la carga administrativa de los municipios porque no cuentan con la capacidad de financiar estudios cartográficos o con recursos para crear el fondo de gestión del riesgo de desastres que la ley les exige.

A la fecha, parte de los municipios mantiene el enfoque asistencialista de las anteriores políticas, planes de ordenamiento territorial que no reconocen las zonas de alto riesgo y fondos para su gestión sin recursos disponibles, una evidencia de que modificar la legislación cada vez que ocurre un evento de alto impacto, como sucede en el país, es ineficaz para la gestión del riesgo de desastres.

Medidas alternativas pueden brindar mayores recursos a los municipios incrementando el acompañamiento a las CAR (Corporación Autónoma Regional) y promoviendo la participación de organizaciones no gubernamentales, lo que les permitiría desarrollar nuevas inversiones. Así mismo se deben focalizar políticas de vivienda digna, saneamiento básico, educación y gestión municipal en zonas vulnerables.

Si bien los argumentos del estudio no contemplaron aspectos ambientales, en él se demuestra que valorar el impacto de las variables socioeconómicas sobre los posibles efectos de los desastres evidencia que las ciencias sociales sí contribuyen, dado que es un tema trasversal que requiere abordar diversas agendas de investigación.



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