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Política & Sociedad

Dejación de armas, reincorporación y normalización

Jun. 24 de 2017

Por: Carlos Medina Gallego,
docente, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz - Universidad Nacional de Colombia

Para que el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz avance hasta un punto en el que se haga irreversible, es imperativo sortear todas las dificultades existentes. Se trata de que, ante el inminente cambio de Gobierno en 2018, todas las fuerzas políticas comprendan la importancia y la magnitud de lo acontecido en materia de paz, y que el país no retorne a la guerra.

La implementación del Acuerdo Final de Paz marcha al ritmo de las tensiones y dificultades propias de un proceso en el que los diálogos bilaterales se transforman en dinámicas institucionales que involucran todo el aparato de Estado, en la complejidad institucional y política que suele ser propia de esos espacios, en los que no pocas veces se manejan las circunstancias a través de las ópticas personales y las adhesiones políticas de los funcionarios que las conducen.

Está claro que la fase de implementación es mucho más compleja que la dinámica de los diálogos de La Habana y que es necesario establecer los mecanismos de seguimiento y verificación de cumplimiento del Acuerdo, no solo de los organismos creados para ello, sino también de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia para que velen por la calidad de la paz que se está construyendo.

El Acuerdo Final de Paz en lo esencial es político, pues tiene implicaciones en el orden institucional y normativo, lo cual hace que su implementación esté colmada de los no pocos inconvenientes que se han tenido que sortear de la manera más pertinente y eficaz para garantizar las tres seguridades que le son indispensables: la jurídica, que se establece en el orden normativo e institucional; la política, que se construye en razón de la voluntad de cumplimiento de la institucionalidad en su conjunto; y la física, que despeja la incertidumbre frente a las posibilidades de un nuevo genocidio político.

Dejación de armas, reincorporación y normalización son en la práctica los tres momentos de la implementación. A continuación miraremos cómo avanza cada uno de ellos. 

Dejación de armas 

No obstante las dificultades que se han presentado en relación con las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), la implementación de la Ley de Amnistía e Indulto, y la ley que regula la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –como tres de los componentes esenciales que son prerrequisito de la dejación de armas, en un proceso que se cumplirá el 27 de junio–, las Farc pasaron ante la Misión de la onu en Colombia para el registro de armas e iniciaron la separación de ese armamento del conflicto colombiano.

Ahora todos los farianos tienen en sus manos la certificación de que se han reincorporado a la vida social, económica y política del país, y están en las mismas condiciones en el ejercicio de derechos que todos los colombianos, pues habrán recuperado de manera plena su condición ciudadana.

En lo esencial, la dejación de armas es un acto de naturaleza política en el que la organización se compromete ante la comunidad nacional e internacional a no volver a usar las armas y, por el contrario, la palabra será ahora su única herramienta de lucha.

Sin embargo, el Estado también tiene que hacer dejación de armas, y eso consiste en subordinarlas al orden constitucional separándolas de los conflictos políticos nacionales. Además se debe depurar la institución militar de las relaciones de connivencia con los grupos paramilitares. La fuerza pública debe subordinarse estrictamente al cumplimiento de los mandatos constitucionales. 

La reincorporación 

La fase que sigue a la dejación de armas la constituye el periodo de reincorporación, que es un largo proceso de acciones institucionales dirigidas al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz en relación con los compromisos adquiridos no solo con las Farc, sino con las poblaciones y los territorios en las zonas en que se desarrolló el conflicto.

La reincorporación es el periodo en el que los miembros de las Farc, la fuerza pública y los terceros involucrados en el conflicto se deben presentar ante la JEP y someterse a sus tribunales y sanciones; de igual manera será el momento en que la Comisión de la Verdad desarrolle sus investigaciones y estudios para rendir ante la Nación el informe pertinente sobre causas, razones, responsables y consecuencias del conflicto; y es el tiempo de garantizar el cumplimiento del ejercicio pleno de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y el compromiso de no repetición.

El periodo de reincorporación debe desarrollar a plenitud los puntos del Acuerdo que comprometen cambios en los ámbitos de la vida rural, ampliación y profundización de la democracia, y oferta de garantías para que los farianos desarrollen su proyecto de vida individual, familiar y colectiva.

Esta fase requiere de la implementación de importantes transformaciones en el orden normativo e institucional, de manera que propicie y dé seguridad a las acciones que deben garantizar una paz estable y duradera, y ello implica: una reforma rural integral y democrática; la transformación del sistema de partidos y el sistema electoral; la formulación de un estatuto de oposición amplio y garantista; y la creación de la unidad de protección y garantías para el ejercicio de actividades políticas, entre otros aspectos relevantes para la consolidación del Acuerdo.

Igual que con la dejación de armas, el Estado también debe reincorporarse haciendo presencia institucional en los territorios, copando los espacios dejados por las Farc, ofreciendo no solo seguridad, sino garantizando en esencia derechos fundamentales, con programas de educación, salud, vivienda, agua potable, electrificación, vías y posibilidades para el desarrollo económico y productivo de los territorios. 

La normalización 

Este momento de la implementación responde al proceso mediante el cual se han hecho efectivos los compromisos con el Acuerdo Final de Paz, se han ampliado los escenarios de las prácticas democráticas, avanzan los programas de mejoramiento de la vida social, económica, ambiental, cultural y política de los territorios, y el Estado reconoce y protege como legítima la protesta social y ciudadana y la atiende de manera adecuada. 

Momento político difícil 

Un mundo de incertidumbres se abre frente al momento político que se avecina, cuya característica más relevante será el cambio de Gobierno, con una oposición que no ha logrado entender la importancia y la magnitud de lo acontecido en materia de paz y que, cargada de resentimiento y odio, hace declaraciones temerarias que podrían retornar el país a la guerra.

Solo resta esperar que se sorteen en profundidad todas las dificultades existentes y que el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz avance hasta un punto en el que se haga irreversible.



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