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Especial Acuerdo de La Habana
En once veredas de Briceño (Antioquia) avanza un esfuerzo conjunto por la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. foto: El Tiempo

En once veredas de Briceño (Antioquia) avanza un esfuerzo conjunto por la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. foto: El Tiempo

Drogas ilícitas: un acuerdo con sentido común

Sep. 17 de 2016

Por: Pedro José Arenas García,
coordinador, Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (ocdi) Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)

En el punto 4 del Acuerdo Final se definió que los cultivos han tenido un uso ilícito, los campesinos son ciudadanos sujetos de derechos y es necesaria una nueva política e institucionalidad para lograr un gran pacto de sustitución voluntaria.

Colombia ha sido escenario de todo tipo de acciones coercitivas, impuestas unas veces por convenciones internacionales, potencias consumidoras y, otras, por sus propias élites. En el marco del conflicto interno se creyó que la causa de la oposición armada estaba sostenida por campesinos cultivadores de coca, amapola o marihuana.

Para diseñar este punto en la agenda “Solución al problema de las drogas ilícitas”, la Mesa de Conversaciones convocó a discusión las premisas relacionadas con la reducción de la oferta de drogas.

Para ello, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), fue organizado un foro en Bogotá que abordó las iniciativas y alternativas dirigidas a una mejor comprensión de la realidad de los cultivos, los asuntos de salud que conciernen al consumo y los desafíos que entraña el combate a los grupos criminales que se lucran de ese mercado. En el evento participaron delegaciones de una veintena de departamentos, así como académicos y especialistas nacionales y extranjeros.

Otra reunión en Guaviare facilitó el encuentro de experiencias en materia de desarrollo regional. Allí, las voces de organizaciones sociales, autoridades locales, funcionarios del gobierno central y productores de coca –algunos inmersos en programas de sustitución– elaboraron conjuntamente una serie de propuestas. Entre ellas, destacaron la solicitud del fin de las fumigaciones aéreas, la erradicación forzada y la necesidad de la concertación de los proyectos con los directos implicados en este tipo de agricultura, considerada ilegal.

Cuando el Gobierno y las farc alcanzaron el acuerdo sobre drogas ilícitas reconocieron que el conflicto armado tuvo causas ajenas y anteriores a la aparición del narcotráfico. Señalaron que para lograr una Colombia en paz y sin “el problema de las drogas” es necesario alcanzar consensos con los países consumidores. Además, precisaron, los cultivos existen por razones de pobreza rural, marginalidad, falta de presencia del Estado en los territorios y carencia de servicios elementales, que permitan la garantía de derechos básicos para los más pobres, entre otros aspectos.

Luego, las partes enlistaron las principales consecuencias del mercado de drogas para construir una nueva política que incorpore un tratamiento diferenciado, basado en la evidencia científica.

Reducción de daños, la prioridad

La nueva política tendrá un enfoque de derechos humanos y salud pública y contempla un tratamiento especial a los “eslabones débiles” de la cadena de drogas, es decir, a los campesinos cultivadores y las personas que usan sustancias adictivas.

Esa nueva visión reconocerá y defenderá los usos ancestrales y desarrollará usos médicos e industriales basados en aquellas plantas; asimismo, fue acordada la inclusión de los enfoques territorial, de género y ambiental. De igual manera, en un marco de seguridad garantizada por instituciones estatales, se facilitará un alto nivel de participación ciudadana.

La Mesa de Conversaciones logró algo aún más interesante: ligó el fenómeno de los cultivos con los problemas de la tierra. Además, indica que el punto cuatro 4 debe verse como un capítulo especial del punto 1 “Política de desarrollo agrario integral”. Es decir, como parte de la transformación estructural del campo colombiano, debe fomentar el buen vivir de las poblaciones rurales y la materialización de los principios y normas del Estado social de derecho. Por eso, la implementación de los proyectos en comunidades donde hay cultivos debe comprender programas diseñados a partir del punto de reforma rural.

El reto de seguridad que afrontarán los territorios cuando las guerrillas dejen sus armas fue asumido de forma realista, lo cual es un gran desafío. El Gobierno y las FARC reconocieron que el mercado de drogas es una realidad que empuja a las organizaciones criminales por las rentas que genera el narcotráfico. Por ello, el punto 4 hace énfasis en una persecución del delito generado por bandas que buscan el enriquecimiento personal, a través de la corrupción, la inseguridad en las zonas de cultivo, tránsito y consumo y perversión del sistema político.

Este acuerdo contempla el compromiso de las farc “de poner fin –en un escenario de fin del conflicto– a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno” (sic). Dicha responsabilidad ha sido destacada por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, así como la Organización de las Naciones Unidas (onu).

En ese ámbito está inscrito el esfuerzo conjunto especial de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, adoptado por las partes para once veredas de Briceño (Antioquia). Dentro de las acciones prácticas que validan la decisión de avanzar en esta dirección, también, están los programas de desminado humanitario que cuentan con la participación activa de la onu.

Si bien los diálogos de paz sirvieron para reconocer que los cultivos de coca y la pasta base han sido parte de las economías de guerra, la Mesa de La Habana abordó este fenómeno desde la perspectiva de reducción de daños y señaló que las acciones inconsultas sin la participación de quienes están directamente afectados por las políticas son una equivocación que el país puede corregir.

El fin del conflicto es una oportunidad para ello y la construcción de paz debe incluir la creación de una nueva institucionalidad con el compromiso decidido del Estado de incorporar como ciudadanos a las personas que han cultivado materias primas de las drogas o consumido aquellas sustancias.



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