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La frontera colombo-venezolana es una de las más dinámicas de América. FOTO: Defensoría del Pueblo

La frontera colombo-venezolana es una de las más dinámicas de América. FOTO: Defensoría del Pueblo

Frontera requiere acciones de fondo

Sep. 17 de 2016

Por: Socorro Ramírez,
politóloga Universidad Nacional de Colombia

Para combatir la corrupción y la informalidad laboral se deben impulsar proyectos que generen empleo e ingresos formales, así como depurar las instituciones civiles y militares de ambos lados. El acompañamiento de la onu, oea, Celac y Unsaur es esencial para garantizar el reacercamiento intergubernamental.

Desde el 13 de agosto comenzaron a funcionar seis pasos peatonales. Entre tanto, los gobiernos de Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro intentan poner en marcha lo acordado en las mesas de trabajo binacional.

Migración Colombia y su homólogo venezolano, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), trabajan en una tarjeta o cédula fronteriza que, además de la identificación de cada ciudadano, indicará dónde reside y la actividad que desarrolla.

Como medidas anticontrabando, para abrir el paso vehicular, se hará un censo de automóviles y motos con placa venezolana en Colombia. Además, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y su homólogo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), construyen un esquema de regulación conjunta del tránsito de mercancías, topes y frecuencias de una cesta básica que la gente de frontera podrá adquirir en uno u otro lado.

De igual manera, los ministerios de Comercio examinan el trueque de productos colombianos de primera necesidad por productos químicos o energéticos venezolanos; también, las fuerzas policiales y militares ponen en marcha el Centro Binacional contra el Crimen Organizado Transnacional para intercambiar información y coordinar el control de ilícitos en la frontera y las 250 trochas con pasos irregulares.

Sin embargo, tanto los asuntos tratados (migración, comercio, aduanas y seguridad) como las medidas antes reseñadas son insuficientes y no atacan los problemas de fondo. Para que los distintos ámbitos fronterizos se sustraigan de la ilegalidad hay que impulsar proyectos de desarrollo que generen empleo e ingresos formales y sean sostenibles en lo social, económico y ambiental. Para combatir exitosamente la criminalidad controlada por las mafias del contrabando se requiere, además, derrotar la corrupción depurando las instituciones civiles y militares de ambos lados.

Otro punto crucial es la participación local, que no puede ser reemplazada por los gobiernos centrales. Los alcaldes de Ureña y Cúcuta protestaron porque no fueron considerados, además, inicialmente Caracas y Bogotá habían dejado por fuera el puente Santander de la reapertura a pesar de la gran movilidad de ese paso limítrofe.

El involucramiento de las autoridades locales también es indispensable, como la vinculación de gremios económicos, universidades y centros educativos, organizaciones sociales e iniciativas humanitarias de ambos lados de la “raya”, sectores que están en mora de formular propuestas y abrir procesos conjuntos para profundizar este acercamiento.

Retomar acuerdos previos ya logrados en las recientes mesas de trabajo y en otras dimensiones cruciales (cultura y educación, salud, agua y ambiente, infraestructura, turismo y transporte, economía y finanzas) ayudaría a salir del vacío regulatorio debido al cierre unilateral de los pasos limítrofes y la parálisis de toda la institucionalidad para la vecindad. A estos se ha llegado en momentos cooperativos, por ejemplo, para la puesta en marcha de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), pero han sido paralizados por las tensiones entre los gobiernos centrales.

De hecho, el acuerdo de Santos y Maduro sobre la reapertura de la frontera retoma la identificación binacional establecida por el estatuto fronterizo de 1942, luego del tratado de límites terrestres, que inició uno de los momentos más cooperativos de la relación permitiendo regulaciones de los flujos transfronterizos poblacionales, económicos, ambientales, de asuntos judiciales y de seguridad. Esos acuerdos fueron profundizados por el Tratado de Tonchalá, de 1959, que permitió ejercer lícitamente trabajos y residencia debido a las fuertes interacciones fronterizas.

Hay que recuperar el tiempo perdido para regular los intensos nexos en esa frontera, una de las más dinámicas de América. El cierre injustificable de los pasos fronterizos formales afectó un mercado laboral, de bienes y servicios del ámbito andino, el más poblado, destruyó en ambos lados la producción y el comercio formal y agravó la situación local.

Lejos de liquidar la criminalidad, los distintos grupos irregulares aprovecharon el contexto –el vacío dejado por los Estados y la economía legal– y multiplicaron las trochas para el paso de la línea limítrofe reconfigurando su variado uso. 

Retornados e inmigrantes 

No es fácil lograr una regulación fronteriza sólida entre Colombia y Venezuela por los desfases cambiarios y precios derivados de la diferenciación de modelos económicos y políticos de los dos países.

Las crisis venezolanas se agravan y Maduro solo toma las medidas que, a su juicio, lo mantienen en el gobierno. Ha postergado la solución de los problemas económicos y de seguridad ciudadana, que impactan cada vez más el lado colombiano de la frontera. El desabastecimiento es peor que antes.

La militarización del país que llega hasta la distribución de comida no resuelve la desesperación. Las interminables colas, riñas y atracos se incrementan mientras se multiplican tanto bachaqueros (revendedores de alimentos y productos básicos) como precios.

Pasar a Colombia en busca de comida, medicinas, ropa o repuestos es una válvula de escape. Crece el número de colombianos, colombo–venezolanos y venezolanos que se quedan en este lado buscando alternativas para sobrevivir.

El país requiere medidas de emergencia para atender la dimensión humanitaria de ese flujo poblacional que, además, crece con el retorno de nacionales, quienes huyeron de la confrontación y ven que se abre una ventana de esperanza con el fin de la guerra con las FARC.

Hay que impedir el colapso de la capacidad de respuesta local y el aumento del desempleo y el subempleo informal fronterizo, uno de los más altos del país. Urgen inversiones que generen proyectos productivos, brinden empleo y reconviertan la informalidad; además de trueques o negocios energéticos y productivos de mutua conveniencia, con coordinación de sistemas de cambios y precios, que anulen el “caldo de cultivo” de la ilegalidad y violencia.

Esta frontera será crucial en la transición venezolana, servirá de escenario para el posacuerdo con las FARC y debe ayudar a desenredar las negociaciones con el ELN. De ahí la conveniencia de que organizaciones como Naciones Unidas, la OEA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acompañen el proceso de reacercamiento intergubernamental y de reapertura progresiva de los pasos fronterizos.



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