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La justicia de la paz

Sep. 17 de 2016

Por: Rodrigo Uprimny,
profesor, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia

Aunque imperfecta, la jurisdicción especial para la paz busca una difícil armonización entre los imperativos de la justicia y las necesidades de una salida negociada al conflicto. De una óptima implementación dependerá que la paz con justicia sea posible.

La mayor parte de quienes llaman a votar no en el plebiscito manifiestan no estar en contra de una paz negociada con las guerrillas, sino que se oponen de manera específica a este acuerdo por ser, supuestamente, una paz con impunidad. Pero, ¿realmente el país está frente a un acuerdo de impunidad?

Es un tema difícil. Después de décadas de un conflicto armado cruel, en donde todas las partes (guerrilla, paramilitares y Estado) han cometido atrocidades, no es fácil encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la paz negociada y los esfuerzos por satisfacer los derechos de las víctimas y sancionar las atrocidades cometidas en la guerra.

La paz y la justicia pueden ir en la misma dirección en el largo plazo, pero en el corto plazo entran en tensión, ya que los crímenes atroces merecen penas severas, aunque ese tipo de sanciones impiden una paz negociada.

En ese difícil contexto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) prevista en el Acuerdo Final tiene, al menos, seis elementos positivos que deben ser destacados.

Elementos positivos

El primero destaca su dimensión moral, pues este proceso de paz ha tomado en serio a las víctimas, lo cual es algo único en la historia colombiana y, tal vez, en el mundo.

El carácter holístico constituye el segundo elemento. La JEP haría parte de un sistema global para satisfacer integralmente los derechos de las víctimas, que incluye una comisión de la verdad, una unidad de búsqueda de personas declaradas desaparecidas, el fortalecimiento de los programas de reparación y el establecimiento de garantías de no repetición, además de la dejación de armas de la guerrilla verificada por la ONU.

Tal visión holística o integral de la justicia transicional es recomendada por todos los expertos, quienes señalan que estas fórmulas integrales son las que mejor satisfacen los derechos de las víctimas y tienen sobresalientes resultados en términos de consolidación democrática.

El tercero está relacionado con la dimensión política. El acuerdo prevé una amnistía amplia por delitos políticos y conexos, lo cual reitera que esto no es un sometimiento de las FARC, sino un proceso de paz con una guerrilla no derrotada para poner fin a un conflicto armado con raíces históricas profundas. Por ello, la reconciliación supone no sancionar la rebelión como tal, a fin de reconocer la dignidad del opositor político armado y que este tuvo sus razones, sin que esto signifique que la rebelión estaba justificada.

El respeto del derecho internacional es el cuarto elemento. El Acuerdo excluye de la amnistía las peores atrocidades, como los crímenes internacionales (genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad). Esos crímenes serán entonces conocidos por la JEP, que tendrá distintas salas y un Tribunal para la Paz.

El quinto factor es su carácter global. La JEP juzgaría todas las atrocidades cometidas por quienes directa o indirectamente hayan participado en el conflicto armado, incluidos agentes estatales y financiadores de la guerra. Esto es importante, pues las guerrillas no han sido las únicas autoras de atrocidades y la paz requiere un cierre jurídico global, que incluya a los victimarios y reconozca a las víctimas.

El último elemento es el realismo. El acuerdo prevé que la JEP se concentre en los crímenes “más graves y representativos”, lo cual evitaría su colapso si pretende investigar todas las atrocidades ocurridas. Igualmente, la jurisdicción tendrá en cuenta las sentencias e investigaciones de la justicia colombiana, así como la información proveniente de organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

El debate sobre la cárcel

A pesar de lo anterior, los críticos argumentan que la JEP es inaceptable por cuanto no prevé cárcel para todos los responsables de crímenes atroces. Sin embargo, el asunto requiere ser matizado, pues no habrá amnistía para los crímenes internacionales, por lo que los responsables de esas atrocidades serán sancionados.

Según el acuerdo, aquellos que sean condenados sin haber aceptado su responsabilidad irán a la cárcel de 15 a 20 años; también, quienes reconozcan tardíamente la verdad y su responsabilidad serán encarcelados entre cinco a ocho años (igual que los paramilitares en justicia y paz).

Aquellos que de manera inmediata reconozcan plenamente la verdad y su responsabilidad no serán privados de su libertad , pero tendrán una sanción que puede llegar a ser tan dura o significativa como ir a prisión, pues incluye la restricción efectiva de la libertad personal de cinco a ocho años para realizar labores reparadoras, que tiene en cuenta, en ciertos casos, actividades como el desminado,  que podrían poner en riesgo sus vidas.

Esto muestra que el debate sobre la supuesta impunidad del acuerdo de paz dista de ser radical, pues los opositores no pretenden establecer una pena de cárcel severa y proporcionada para los responsables de crímenes atroces, sino que haya algo de cárcel, incluso por un tiempo reducido de pocos años. Además, el acuerdo no autoriza amnistía para esos crímenes, por el contrario, prevé que quienes colaboren plenamente tengan en todo caso una sanción.

El debate está reducido a esta discusión: ¿debe votarse no para que los responsables de crímenes atroces, que reconozcan inmediatamente verdad y responsabilidad, vayan en todo caso a la cárcel, aunque eso ponga en riesgo la paz? o ¿se puede aceptar en nombre de la paz que, es suficiente (e incluso mejor), cumplan por un tiempo una sanción alternativa, que bien ejecutada es significativa, rigurosa y puede incluso ser útil?

Está claro que el acuerdo de JEP dista de ser perfecto, pero ninguna justicia transicional lo es, pues en condiciones muy difíciles busca una armonización difícil, casi imposible, entre los imperativos de la justicia y las necesidades de la paz negociada.

Cualquier fórmula adoptada podrá ser criticada y dejará a algunos insatisfechos. Pero la JEP, como lo reconoció recientemente la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, se ajusta a los estándares, aún en construcción, que son apropiados para estas circunstancias extraordinarias de los procesos de justicia transicional. En resumen, las víctimas serán reconocidas y reparadas en forma adecuada, la verdad será esclarecida, existirán garantías de no repetición, y los responsables de las atrocidades rendirán cuentas y recibirán las sanciones apropiadas.

A pesar de ser imperfecta, la JEP, si es implementada de forma adecuada, será realmente justicia; así, una paz con justicia será posible.



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