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Política & Sociedad
El mayor problema de la implementación sigue siendo la lenta e insuficiente adaptación de las zonas veredales transitorias de normalización. foto: Presidencia de la República

El mayor problema de la implementación sigue siendo la lenta e insuficiente adaptación de las zonas veredales transitorias de normalización. foto: Presidencia de la República

Las armas son lo de menos…

Mar. 18 de 2017

Por: Carlos Medina Gallego, profesor,
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz Universidad Nacional de Colombia

El Acuerdo Final de Paz no ha dejado de contar con una frenética oposición, que proyecta acciones de reversión si las fuerzas políticas opositoras acceden al poder en las elecciones de 2018. Dado el periodo político que se avecina, los retos que tiene su implementación marchan contra el tiempo.

Para ningún proceso de paz resulta fácil avanzar en el camino de la implementación de los acuerdos firmados a través de la formulación de las leyes que recojan su espíritu con la mayor fidelidad posible. En el ámbito de lo institucional-normativo pasar de lo escrito a la realidad de las acciones constituye en sí mismo un reto mayor. Esto a pesar de la existencia del mecanismo del fast track y de la voluntad política que han mostrado algunos sectores para comprometerse a cerrar el proceso cumpliendo con las responsabilidades asumidas.

 Tal vez el mayor problema de la implementación –en el campo de las ejecuciones del Gobierno– lo constituye la maraña de procedimientos jurídicos e institucionales que resultan tanto del ordenamiento estatal como de la normatividad existente que impide que dichos procedimientos y ejecuciones funcionen al ritmo que lo requiere cada momento; pero igualmente la sesgada priorización que el Gobierno hace de sus particulares urgencias, las que se centran en la dejación de armas por parte de las Farc y la sustitución de, al menos, 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito.

La ruta de la implementación debe ir evacuando poco a poco una agenda legislativa que favorezca la materialización tanto de acuerdos en aspectos esenciales para que el proceso se haga irreversible, como de realizaciones prácticas que llenen de seguridades a quienes se van a reincorporar y a la sociedad en general. En ese sentido es relevante no perder de vista algunos aspectos.

Amnistía e indulto 

Primero. Fue necesario sacar la Ley de Amnistía e Indulto, Ley 1280 del 30 de diciembre de 2016, que posibilitó que las fuerzas insurgentes comenzaran a marchar hacia las zonas veredales transitorias de normalización con la mayor seguridad jurídica posible.

Sin embargo, los amnistiados e indultados que aún se encuentran en las cárceles, y que representan una población aproximada de 3.000 prisioneros, no ven que el sector judicial y la Fiscalía se apersonen de la situación y comiencen a producirse las liberaciones pertinentes para que se desplacen a sus zonas, se
vinculen a los procesos de reincorporación y respondan, cuando tengan que hacerlo, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

La Ley de Amnistía no solo favorece a los guerrilleros de las Farc, sino que además permite adoptar un tratamiento especial para terceros involucrados y miembros de la fuerza pública y otros agentes estatales que hayan sido sindicados, procesados y condenados por cometer delitos durante el desarrollo del conflicto armado. 

Jurisdicción especial para la paz y las víctimas 

Segundo. También ha tenido curso la aprobación de la JEP, escenario en el que tendrán trámite los procesos que no son amnistiables ni indultables por constituir crímenes de lesa humanidad y de guerra. Para ello se ha designado el Comité de Escogencia que se encargará de elegir a los 113 magistrados que formarán parte de dicha Jurisdicción.

La Comisión está constituida por el magistrado José Francisco Acuña, de la Corte Suprema de Justicia, ex decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UN); el jurista peruano Diego García-Sayán, por parte de la ONU; el argentino Juan E. Méndez, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, del cual es presidente emérito; Álvaro Gil-Robles, abogado español designado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, y Claudia Vacca González, profesora de la UN, designada por el Sistema de Universidades Públicas.

Tercero. El tema de la justicia está unido al de los derechos de las víctimas y al compromiso de reparación integral y no repetición que también dependen del éxito de la implementación. Sobre esta población, más allá de lo que se venía haciendo, es poco lo que se ha avanzado. 

Estatuto de Oposición, reformas política y electoral 

Cuarto. El proyecto del Estatuto de Oposición ya está listo, y seguramente pasará por el Congreso de la República para su aprobación. Este es un recurso político que estaba en mora de ser presentado y es una vieja deuda que se tiene con la Constitución de 1991, y en general con la democracia y las fuerzas políticas del país.

Quinto. Las comisiones responsables de presentar ante el Congreso las reformas tanto políticas como al sistema de partidos y al sistema electoral vienen realizando un esfuerzo muy importante para presentar los respectivos proyectos de ley al mecanismo de fast track; es de esperarse que estos tengan trámite en los próximos tres meses, a más tardar. 

Lo agrario está lejos… 

Sexto. Los temas agrarios todavía están lejos de la agenda legislativa y su tratamiento está siendo muy sensible para ciertos sectores de la sociedad que le vienen haciendo la mayor oposición.

Es importante recordar que la Reforma Rural Integral se considera estructural para la superación del conflicto; además, es complementaria al tema de los cultivos de uso ilícito en los cuales se avanza entre el diálogo con las comunidades y los acuerdos de erradicación concertada, y entre la confrontación directa y la imposición de políticas de erradicación forzada que desconocen el espíritu del Acuerdo en lo que se corresponde con el punto 4. 

La mayor urgencia 

No obstante el mayor problema de la implementación sigue siendo la crítica situación que afrontan las comunidades de las Farc en las zonas veredales transitorias de normalización.

La adecuación de dichos espacios está siendo lenta e insuficiente para garantizar las condiciones dignas de quienes se concentran allí en el proceso de dejación de armas. Además merece la pena recordar que las zonas veredales servirán para darles impulso a los programas de reincorporación de cuyo éxito depende realmente la finalización de la guerra.

El Gobierno tiene premura de que las Farc les entreguen las armas a las Naciones Unidas en el calendario que se ha propuesto para hacerlo, y de que se desarrollen las tareas de erradicación forzada.

Esa organización está pensando en sentido más prospectivo y de mayor alcance. Para las Farc las armas no son lo importante, sino que se creen las condiciones para un proceso de reincorporación que sea irreversible. Porque si no es así, se vivirá permanentemente en una potencial situación de guerra y, como lo han señalado con frecuencia miembros de la insurgencia y varios especialistas, para empezar una guerra “las armas son lo de menos…”.



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