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Alrededor de diez billones de pesos de recursos públicos son destinados a la compra de medicamentos. foto: archivo particular

Alrededor de diez billones de pesos de recursos públicos son destinados a la compra de medicamentos. foto: archivo particular

Medicamentos: divorcio entre precio y valor

Sep. 17 de 2016

La falta de control y los altos costos de los medicamentos han provocado uno de los mayores problemas financieros del sistema de salud. Las universidades Nacional de Colombia y los Andes le entregaron a MinSalud una propuesta para definir su precio según el aporte terapéutico.

Los sistemas de salud del mundo deben gestionar con mayor frecuencia la "presión tecnológica" de los nuevos medicamentos, los cuales en numerosos casos presentan un divorcio entre precio y valor.

Por un lado, ejercen una presión enorme para ingresar, posicionarse y aumentar la participación de mercado; por otro, la evidencia científica sugiere que en muchos casos no son mejores, aunque más costosos que las alternativas ya existentes en el mercado, con las que pretenden competir.

En Colombia esta realidad es relevante porque la mayoría de medicamentos son pagados con recursos públicos a través del sistema de salud. Entre el 15 % y 20 % (unos diez billones de pesos) del presupuesto están destinados a este rubro. Esta suma se espera que crezca en los próximos años, pues por mandato de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que regula el derecho fundamental a la salud, el Plan Obligatorio de Salud (POS) deberá cubrir todas las tecnologías del mercado, excepto las específicamente excluidas.

¿Qué hacer en un contexto de recursos públicos escasos para garantizar la inversión en rubros que valgan la pena? Para responder a esta pregunta fue elaborado un documento con las propuestas prácticas sobre cómo establecer los precios de los medicamentos según su aporte terapéutico.

El documento estuvo a cargo del Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia y el Proyecto Salud Visible de la Universidad de los Andes. Para su elaboración, fueron convocados un grupo de profesionales en diversas disciplinas y sectores (industria farmacéutica, ONG, pacientes, operadores logísticos, academia y consultores independientes). El resultado fue entregado al Ministerio de Salud y Protección Social.

El documento para la regulación de medicamentos ofrece sugerencias sobre cómo reglamentar el artículo 72 de la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual formula el control de los precios de medicamentos nuevos de acuerdo con su aporte. 

Nuevo modelo 

La propuesta sugiere la utilización de una escala muy sencilla de aporte de tal manera que, después de analizar de forma objetiva y rigurosa el beneficio adicional que ofrece el nuevo medicamento con respecto a los ya existentes, sea posible definir el precio, así:

–Para los medicamentos con alto aporte terapéutico, un precio que los premie. Este podría corresponder al costo internacional de referencia (observando el precio del mismo medicamento en 17 países).

–Para los medicamentos con aporte terapéutico moderado, un premio entre el 10 % y el 50 % adicional al precio del comparador (es decir, uno de los medicamentos ya presentes en el mercado, con el que el medicamento nuevo entra a competir).

–Para los medicamentos sin ningún aporte terapéutico el precio no debería superar en ningún caso el del comparador, pues no habría justificación para pagar un valor más alto que el del medicamento que ya está en uso.

En la definición del aporte terapéutico y del precio, el documento propone también el análisis del costo de oportunidad. Ello significa evaluar no solo la contribución para los pacientes, sino también para el sistema de salud, ya que la financiación de nuevas tecnologías en el sector impide invertir en otras. 

Precio, consideración no sanitaria 

Además, los autores ofrecen recomendaciones prácticas sobre los criterios y las fuentes de información para que el Ministerio de Salud y Protección Social defina cada año los medicamentos que estarían sujetos a esta medida, sobre plazos y procedimientos jurídicos específicos. En esta línea la propuesta analiza elementos de la demanda de inconstitucionalidad que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) instauró en contra del artículo 72 ante la Corte Constitucional.

La demanda considera que ese punto viola el derecho fundamental a la salud al bloquear o retrasar la entrada al mercado de nuevos medicamentos, además, al establecer el precio como requisito del registro sanitario.

La iniciativa indica que el artículo 72 dispone salvaguardas para evitar el bloqueo de medicamentos nuevos, pues establece que la fijación del precio debe hacerse paralelamente al registro sanitario, sin sobrepasar los plazos para su expedición.

El documento precisa que al no ser una consideración sanitaria, en ningún momento deberá ser considerado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para evaluar la calidad, seguridad o eficacia de un medicamento.

Además, recomienda que la evaluación del aporte para tomar decisiones sobre el control de precios de nuevas tecnologías sea usada independientemente del resultado de la demanda de constitucionalidad. En caso de que la demanda prospere, esto implicaría hacer la evaluación después del ingreso al mercado del nuevo medicamento. 

Proceso transparente 

El documento es contundente en relación con la importancia y necesidad de que el proceso de control de precios sea transparente. Por eso, insiste en que debe realizarse mediante referenciación internacional, además, cualquier interesado (laboratorio fabricante, sus competidores, pacientes y hospitales) podrá comentar por escrito y las entidades involucradas publicarán los aportes recibidos y las respuestas.

Según los autores de la propuesta, la consulta pública es un espacio que garantiza el derecho de la industria farmacéutica a defender su posición y evita acuerdos sobre los precios a puerta cerrada, los cuales son inaceptables, ya que está en juego el gasto público.

La propuesta del Centro de Pensamiento no se aleja de las tendencias y recomendaciones técnicas internacionales en esta materia. La posible adopción de las recomendaciones del documento en los asuntos polémicos de naturaleza política y jurídica, incluida la decisión de la demanda de constitucionalidad, dependerá del balance de fuerzas y la capacidad de influencia de los diversos grupos en el proceso de discusión.

El texto destaca el consenso que parece existir en esta materia. No se trata de negar o limitar el acceso a medicamentos o tecnologías nuevas, sino tener una medida viable para poder pagarlas de forma responsable y equitativa.



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