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Salud

Mortalidad materna, problema latente en Buenaventura

Jun. 24 de 2017

Por: Vanessa Cardona Pérez, Unimedios Bogotá

El puerto más importante de Colombia tiene una de las tasas de muerte materna más altas del país, debido a que los servicios de salud no hacen seguimiento al control prenatal ni al posparto. A esto se añade el histórico abandono social y económico del Estado.

A los pocos días de dar a luz a su sexto hijo, el vientre de Carmen*, una habitante de calle de Buenaventura, se endureció. Cuando fue de urgencia al centro de salud, el ecógrafo no estaba disponible, por lo que le dieron una orden para ir a otra parte. Sin embargo, llevar a cabo este procedimiento en otro lugar significaba que ella debía asumir los costos, pero por su carencia de recursos económicos no pudo hacerlo y regresó a su casa, donde murió dos días después.

La madre de Carmen cuenta que mientras esperaba para ser atendida, su hija expulsó un pedazo de placenta del tamaño de un botón. Aunque se puede establecer que el motivo de su muerte fue una sepsis puerperal, infección que afecta a las mujeres después de un parto, en la historia clínica aparece una parasitosis intestinal como la causa de su fallecimiento.

La enfermera Beatriz Helena Soto Mora, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UN) Sede Bogotá, explica que “se considera una muerte materna cuando una mujer fallece por una enfermedad o circunstancia asociada con su embarazo, desde el primer momento en que sabe que está en dicho estado, hasta un año después del parto”.

El caso de Carmen es un ejemplo de que la deficiente prestación en los servicios de salud provoca mortalidad materna en Buenaventura, puerto que entre 2010 y 2012 presentó una de las tasas de muerte materna más elevadas del país: mientras en 2010 en el territorio nacional la razón fue de 72 muertes por 100.000 nacidos vivos, en este municipio fue de 118.

Así mismo, para 2012 el país tuvo 69 casos de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos y el puerto presentó 88. Ese mismo año, aunque Colombia disminuyó la estadística a 67, en Buenaventura dicho indicador llegó a 183.

Esta preocupante situación fue el objeto de la investigación de la enfermera Soto Mora, quien se dedicó a entender cuáles son los determinantes sociales que influyen en la mortalidad materna. 

Sin seguimiento 

En la actualidad, Buenaventura –con un 90 % de población afrodescendiente– es el centro de acceso a salud de todos los municipios de los departamentos del litoral Pacífico: Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Aunque la mayoría de ellos cuenta con una red de hospitales de primer nivel, ninguno de los que está ubicado hacia la costa tiene un hospital de segundo nivel.

Por eso, para que las personas sean atendidas por un especialista o se practiquen exámenes de laboratorio básicos deben llegar hasta las respectivas capitales; no obstante, en términos de movilidad, es más fácil navegar a través del río o del mar hasta el puerto de Buenaventura, donde encuentran, aunque privado, un único hospital de tercer nivel. Es decir que mientras en la Red Pública Local no existe mediana complejidad, la Red Privada es insuficiente.

De las 25 muertes maternas reportadas entre 2010 y 2012 por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud (Sivigila), la enfermera Soto encontró que 11 (44 %) mujeres murieron por causas relacionadas con su embarazo: sufrieron una sepsis del parto y del puerperio.

“Que una mujer fallezca a consecuencia de una infección tiene que ver con el seguimiento posparto, pero en la zona vemos una red de prestación de servicios insuficiente para la cantidad de personas que requieren atención”, subraya la investigadora.

Ocho mujeres (33 %) sufrieron trastornos hipertensivos debido a que la población afrodescendiente tiene rasgos genéticos que los predispone tanto a este tipo de afectaciones, como a enfermedades cardiacas. Otras cuatro (17 %) murieron por hemorragia y una de ellas (6 %) por complicaciones de enfermedades previas.

Así mismo, 23 (94 %) muertes fueron por causas directas, es decir que pudieron evitarse, con el agravante de que 15 de las mujeres (60 %) pertenecían al régimen subsidiado, lo que representa un indicador de pobreza. Solo dos de ellas tenían capacidad de pagar por su salud, el resto dependía del Estado.

En la revisión de las historias clínicas se pudo establecer que 15 mujeres (60 %) hicieron control prenatal durante su embarazo, fueron al médico para ser examinadas y conocer sobre su estado, y aun así murieron.

“Los datos muestran las falencias en la prestación de un servicio que no hace seguimiento al control prenatal y posparto. Aunque casi todas asistieron a los controles, no recibieron la atención que merecían y que está estipulada tanto en la norma como en el Plan Obligatorio de Salud (POS)”, afirma la enfermera Soto. 

Sin estudios y cabezas de hogar 

Ocho de 25 muertes maternas se estudiaron con mayor profundidad; una de las razones es que en los demás casos las historias clínicas no tenían la información completa y los doctores corroboraban o desmentían diagnósticos anteriores. En otros casos fue imposible comunicarse con las familias, los números de contacto no eran atendidos o habían cambiado de residencia.

En los casos seleccionados, la investigadora entrevistó tanto a familiares y cuidadores de las mujeres que murieron, como a dos mujeres con morbilidad materna, es decir que a pesar de haber vivido las mismas condiciones las superaron y sobrevivieron. De igual manera, la investigación contó con la participación de una autoridad sanitaria y un taxista, quienes ofrecieron la información del contexto y la situación del municipio.

El desarrollo de su trabajo no fue una tarea fácil, pues “las condiciones de seguridad y orden público en Buenaventura son graves; existen barreras invisibles, lo que significa que no siempre es posible transitar por los barrios que están bajo el dominio de grupos al margen de la ley”, relata.

De las ocho mujeres fallecidas siete no tenían primaria completa y solo una terminó sus estudios secundarios; en el momento solo viven dos de los niños nacidos; cinco de las mujeres eran cabeza de hogar y ninguna tenía un trabajo formal, vivían del rebusque, de la limosna y de hacer servicios domésticos; una era habitante de calle y otra era trabajadora sexual.

La madre de esta última contó que en ocasiones su hija era golpeada por policías, además tenía anemia y fue lo que al final complicó su embarazo. A sus 60 años ahora ella cuida a su nieto, una tarea titánica, pues es parapléjica y se moviliza en silla de ruedas. De hecho, menciona que recién nacido, su nieto sufrió un golpe en la cabeza que le causó un trauma craneoencefálico severo, a consecuencia del cual sufre retraso en su desarrollo cognitivo.

La deficiencia en la prestación de servicios de salud y la muerte de estas mujeres es una evidencia más de la extensa lista de problemas que aquejan a Buenaventura: inseguridad, pobreza, corrupción, falta de agua de potable y la inapropiada asignación de recursos desembocaron en una emergencia económica y social que llevó a un nuevo paro cívico entre el 16 de mayo y el 2 de junio del presente año.

En ese sentido, la investigación adelantada por la magíster Soto sirve para denunciar las condiciones del sistema de salud en un lugar por el que se mueve más del 60 % de la economía marítima nacional, pero donde se siguen presentando muertes que podrían evitarse, si el esfuerzo estatal apostara por reducir la histórica brecha de inequidad y pobreza que aleja al país de cumplir una de las ocho metas de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 

*Nombre cambiado para proteger la intimidad de los implicados.



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