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Especial Acuerdo de La Habana
Apenas el 19 % de las tierras tienen uso agropecuario en Colombia. foto: archivo particular

Apenas el 19 % de las tierras tienen uso agropecuario en Colombia. foto: archivo particular

Política agraria omite lo acordado en La Habana

Sep. 17 de 2016

Por: Darío Fajardo Montaña,
profesor, Universidad Externado de Colombia

Lejos de modificar la realidad del campo, como escenario principal del conflicto armado, las iniciativas del Gobierno tienden a afianzarla. Ejemplo de ello es la Ley 1776 de 2016, para el establecimiento de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), que concedería tierras a grandes proyectos agroexportadores.

Rodeadas por las preocupantes perspectivas económicas del país y su descomposición institucional, las conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC culminaron el pasado 24 de agosto con la firma de los acuerdos alcanzados. Acentúan estas dificultades las decisiones tomadas por el Gobierno, que afectan la gestión del patrimonio ambiental y debilitan el abastecimiento alimentario, lo cual profundiza los efectos del llamado modelo de desarrollo agrario.

Las mencionadas determinaciones han agudizado el descontento popular, encauzado en demandas de distinto orden, en particular las expresadas por la Cumbre Agraria y Popular, que coinciden en sus contenidos fundamentales con el Acuerdo Final de las conversaciones de La Habana.

A propósito de estas condiciones el Informe de la Misión para la Transformación del Campo, publicado por la Dirección Nacional de Planeación, señala: “El área rural colombiana ha sido uno de los ejes indiscutibles del desarrollo económico del país. Sin embargo, al mismo tiempo, su atraso relativo en materia económica y social muestra los sesgos urbanos que ha tenido el desarrollo del país. El campo ha sido, además, el escenario principal del largo conflicto armado”.

Según el censo de 2014, de las tierras para uso agropecuario, aquellas dedicadas a los cultivos alcanzan poco más del 19 % de la superficie, en tanto que el 80 % está cubierto por praderas, para un hato de 22 millones de cabezas, lo cual mantiene una proporción de 0,7 cabezas por hectárea, similar a la de 1954.

Estas cifras revelan una estructura de la propiedad y uso de la tierra inamovible, caracterizada por la supremacía de la gran propiedad y la subutilización de los suelos; un patrón reforzado a través de la guerra, extendida por más de cinco décadas y durante las cuales procedieron sin efectos dos leyes de reforma agraria.

Como resultado de la vigencia de este sistema agrario se ha restringido la producción de los bienes agrícolas y agravado la dependencia alimentaria del país. En la actualidad, son importados entre el 30 % y el 50 % de sus alimentos, lo cual reduce la generación de empleo e ingresos, reproduce y amplía la pobreza, estimada en el 47 % de la población rural, y retrasa el desarrollo económico y social del campo y el país, según indica el informe Colombia, política de tierra en transición, publicado en 2004 por el Banco Mundial.

Fondo de tierras 

El primer punto del Acuerdo Final incluye la creación del Fondo de Tierras de carácter permanente para su entrega gratuita a campesinos sin tierra o con disponibilidad insuficiente de la misma.

El fondo dispondrá de tres millones de hectáreas durante sus primeros diez años de creación. También, contará con la formalización de siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad, que serán priorizadas por áreas definidas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y otras que establezca el Gobierno, además de la financiación de sus planes de desarrollo.

Asimismo, contempla el establecimiento de incentivos para la producción, dotación de crédito, asistencia técnica e infraestructuras (vías terciarias, electrificación y conectividad en comunicaciones, obras de riego y drenaje para las economías campesinas y comunitarias, obras de saneamiento y salud). También, atiende las necesidades en educación a nivel local, protección y seguridad social, formación y actualización del catastro rural y la restitución de las tierras a las personas y comunidades víctimas del despojo. 

Convergencia de propuestas 

Previo a las conversaciones de paz, varios movimientos agrarios venían exponiendo sus demandas. Algunas de ellas fueron recogidas el pasado 11 y 12 de junio en el Acta de acuerdos de la reunión de los representantes de la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Estos acuerdos contemplan la creación de una figura territorial campesina que amplíe la experiencia de las ZRC; la identificación física y jurídica de tierras productivas a campesinos sin tierras o con menos de una Unidad Agrícola Familiar definida en la Ley 160 de 1994, con una extensión no acordada todavía de unos dos millones de hectáreas; y la legalización de los predios ocupados por campesinos.

De igual manera, plantean la culminación de trámites de las ZRC y su financiación; la revisión del Convenio sobre Protección de Obtentores Vegetales, referido al establecimiento e imposición de patentes comerciales a modificaciones de especies vegetales; además, los planes piloto de compras públicas de cosechas para abastecer instituciones y programas, así como el impulso al Fondo adaptación al Cambio climático y vivienda rural. 

Propuesta oficial 

Expresada en la Ley 1776 de 2016 para el establecimiento de las Zidres, la propuesta agraria del gobierno descarta la titulación de baldíos a través de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), establecidas en la Ley 160 de 1994, las cuales son “flexibilizadas” para ampliar su extensión y asignación a grandes inversiones.

La nueva normativa facilita la legalización de compras de tierras asignadas en UAF a través de reforma agraria y promueve su absorción mediante concesiones de tierras a grandes proyectos agroexportadores.

Al mismo tiempo, minimiza su asignación a favor de los pequeños campesinos carentes de ellas o con muy pequeñas posesiones, para los cuales solamente se prevé su asociación con grandes emprendimientos en condiciones semejantes a la calidad de aparceros.

Por otra parte, contempla el establecimiento de zonas francas agroindustriales (artículo 2, Ley 1776 de 2016) en el interior de las Zidres, lo cual las convierte en territorios autónomos frente a la legislación laboral y fomenta una precarización de las condiciones de trabajo de los asalariados.

Ante los diagnósticos contenidos en los estudios citados, la propuesta oficial, lejos de intentar modificar las realidades reveladas, tienden a afianzarlas. La dirección del Estado no solamente persiste en las políticas que han conducido a la postración del campo y la exacerbación de la guerra, también omite los acuerdos establecidos dentro de las conversaciones de paz.



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