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Aunque en los últimos años se ha hablado de una revolución educativa, los esfuerzos han estado más concentrados en la cobertura que en la calidad. Foto: Archivo particular .

Uno de los retos en educación es avanzar en ciencia y tecnología, así como formar más doctores. Foto: Unimedios.

La calidad es uno de los temas que debe reforzarse en la política de educación del país. Los estudiantes llegan a la universidad con falencias en matemáticas y lenguaje. Foto:Víctor Manuel Holguín/Unimedios

Política de educación “se raja” en calidad

abr. 10 de 2010

Por: Magda Páez Torres,
Unimedios

El Ministerio de Educación Nacional concluye su gestión con cifras poco contundentes en cobertura. La calidad parece no haber formado parte de la política nacional y la educación superior fue la menos favorecida.

Durante los últimos 8 años, en Colombia se ha hablado de una “revolución educativa”, como política bandera del Ministerio de Educación. Sin embargo, al analizar el alcance de este concepto, es claro que el proceso revolucionario en esta materia no se ha dado. Si bien la cifra de cobertura se ha ampliado, el déficit en calidad aún es notorio.

La educación superior, según afirmó el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, ha sido una de las más descuidadas en esta política. “A la universidad se le ha mantenido con un presupuesto siempre en angustias, el Gobierno se ha abstenido de mirar la cobertura en posgrados y no hay un solo programa específico de apoyo a doctorados”, señaló.

Aunque uno de los “logros” destacados por el Ministerio es el crecimiento en la cobertura, incluyendo la de educación universitaria, esta no ha sido tan contundente como parece, ya que al revisar las cifras desde 1935 hasta el 2001, con base en un estudio del profesor Luis Enrique Orozco, de la Universidad de los Andes, se encuentra un promedio de 8,87% de crecimiento en matrículas, mientras entre el 2001 y el 2008 el número promedio es del 6%, es decir, estuvo por debajo de la media de los años anteriores.

Entre el 2001 y el 2003 se presentó uno de los mayores crecimientos. Sin embargo, apenas arrancaba este Gobierno, lo que, por ende, no responde a sus políticas. “Si ello se entiende por aumento en cobertura, es claro que no ha habido tal revolución educativa”, expresó Orozco.

Descuido de la educación superior

Para Danilo Vivas, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y rector de la Universidad del Cauca, se tiene un país deficitario en educación superior. “Solo el 35% de los colombianos aptos para estudiar en este nivel lo puede hacer, lo cual nos pone en desventaja frente a otros países de igual o menor desarrollo que el nuestro”, señaló.

Colombia está en el promedio de cobertura de América Latina, mientras países como Argentina, Chile y Brasil superan el 45% y el 50%. Ello sin mirar a Europa y Estados Unidos, donde las coberturas van más allá del 70%. “De tal manera se reafirman las desigualdades en las que nos encontramos como países y economías”, afirmó Vivas.

El rector Wasserman señala que, hace un par de años, Colombia pasó a la media de América Latina no porque hubiera dado un salto cuantitativo, sino porque el censo arrojó una población menor a la calculada. Por tanto, los datos de cobertura se dispararon automáticamente. “En todo caso, la media de América Latina no es buena. Deberíamos ser líderes en cobertura por nuestro tamaño, tradición y potencial”, dijo.

Orozco señala otro aspecto: el Gobierno siempre muestra la tasa de cobertura bruta (correspondiente a todos los estudiantes matriculados) y no la de cobertura neta (relacionada con aquellos que están matriculados y tienen la edad adecuada para cursar el programa). En el 2007, la bruta era de 32,48% para Colombia, mientras la neta se ubicaba en 19,25%, con una notoria inferioridad.

“La política del Gobierno ha sido muy descuidada con la educación superior. Si se ha logrado un aumento de cobertura, con calidades básicas mínimas, se debe a un gran esfuerzo de las universidades, pero no es consecuencia de la política”, enfatizó el profesor Wasserman.

Con el mismo rubro, éstas instituciones han logrado ampliar el acceso de estudiantes de pocos recursos, comentó Vivas. Entre el 2002 y el 2009 las instituciones de educación superior (IES) públicas aportaron 263.473 cupos nuevos.

El tema de cobertura tiene un problema adicional: la deserción estudiantil, que si bien ha disminuido en algunos puntos, sigue siendo alta. Actualmente es cercana al 47%. “Con un criterio muy simplista, podría decirse que la capacidad de la educación en el país se doblaría eliminando este fenómeno. Una deserción del 50% significa que se está desperdiciando el otro 50% de la capacidad. Ante eso hay que mejorar la selección de las personas que ingresan a las universidades, articular de manera óptima la educación secundaria y superior, y adelantar una labor de consejería con el estudiante, particularmente el más vulnerable”, afirmó el rector de Los Andes, Carlos Angulo.

En deuda con la calidad

Más allá de la discusión sobre el impacto de la cobertura alcanzada, hay un tema fundamental que los expertos de la academia reclaman en la política de educación colombiana: la calidad. Como afirmó Orozco, democratizar cobertura sin, paralelamente, generalizar calidad, es populismo, y no hay indicadores que muestren un mejoramiento en este último punto.

Para el profesor Angulo, uno de los retos es la acreditación, ya que, según datos del Ministerio de Educación Nacional, de 79 universidades que hay en el país solo 17 están acreditadas. Señaló además la necesidad de formar docentes con altas calidades académicas y contar con instalaciones dignas para la actividad educativa.

Roque González, ex rector de la Universidad Surcolombiana, precisa que, aunque la universidad ha hecho esfuerzos por su propia cuenta, es necesario el apoyo gubernamental para reforzar aspectos que van desde la infraestructura hasta la idoneidad en la formación.

En su opinión, de nada sirve continuar formando más “proletariado académico”. “Una ‘revolución’ se da no solo en cobertura, sino en calidad, y para ello se requieren recursos, pues no se pueden tener programas excelentes sin capacidad de financiación”, sostiene González.

En cuanto a la acreditación y los Ecaes, instrumentos que el Gobierno ha dispuesto para medir la calidad de la educación superior, el Rector de la Universidad Nacional advierte sobre la importancia de diferenciar entre objetivos e indicadores. Aunque estos instrumentos son importantes, considera que no se deben convertir en la única meta, pues se corre el riesgo de olvidar los fines fundamentales.

Las evaluaciones hechas a través de los procesos de acreditación que adelantan la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad (Conaces) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), son una incógnita para Orozco. “No se sabe qué pasa con los resultados”, por eso se pregunta: “¿Para qué se hacen esas acreditaciones y cuál es la utilidad de la información que producen si no se mide su impacto en la calidad?”.

Entre los parámetros contemplados por el Consejo y la Comisión se encuentra la revisión de la existencia de un proyecto educativo institucional, de una estructura académica relevante y de una política de educación universitaria, entre otros. Los pares rinden un informe sobre estos temas.

“El procedimiento formal se ha cumplido, pero no sabemos qué pasa con estos resultados. Se quedan en la caja fuerte del MEN y del CNA”, indicó Orozco. Agregó que la sola existencia del sistema no implica que haya criterio para hablar de una política eficaz. “La aplicación de los dos modelos muestra si hay calidad. De igual manera ocurre con los resultados de los Ecaes, no trascienden la aplicación de la prueba. Tenemos los instrumentos pero no se ha medido su impacto”, comentó el investigador.

Asignaturas pendientes

La universidad colombiana tiene, entre otros retos, el de verse y compararse en el mundo, conversar con las necesidades de la sociedad y asumir el papel de desarrollo científico y tecnológico, así como de creación cultural, señala el rector Wasserman.

Por eso, considera que, para lograr un avance en calidad, es clave fortalecer la enseñanza en áreas como las matemáticas, pues los estudiantes llegan con deficiencias a la universidad. “Entre el 75% y el 80% de los que ingresan necesitan nivelación”, comentó.

Por otra parte, el Estado invierte muy poco en ciencia y tecnología, lo que le resta impulso al tema en el país. El profesor Orozco habla de las cifras: “El gasto en investigación y desarrollo del PIB todavía es de 0,53%, sumado a que en el 2007, por cada millón de habitantes, Colombia tenía solo 2,2 doctores, mientras Brasil contaba con 53, México con 18 y Chile con 15. Hay poca investigación, inversión y doctores”.

Afirma que, pese a aprobarse la Ley de Ciencia y Tecnología, esta todavía no cuenta con el dinero necesario. “No se han visto los recursos, y aunque la Ley es un buen instrumento, el rubro no llega al 1%”.

El Rector de Los Andes sostiene que se requieren recursos adicionales y emprender contactos entre la industria y la universidad que faciliten la actividad investigativa. “En la medida en que el país y las instituciones desarrollen programas doctorales de calidad, la investigación mejorará sustancialmente, tal como ocurre en las grandes universidades del mundo, en las que hay continuidad”, señaló.

El profesor Wasserman insistió en la necesidad de que la próxima política establezca entre sus puntos de trabajo la formación doctoral. “El Gobierno se ha abstenido de mirar la cobertura en posgrados, de gran incidencia en la competitividad de un país. Este es un tema de poco interés en la política de educación nacional, por eso no hay un solo programa gubernamental de apoyo a los doctorados”, sostuvo.

Presupuesto “en angustias”

Uno de los asuntos que pone en “crisis” a las universidades públicas del país es el poco presupuesto con que cuentan, a pesar del acrecentamiento de la labor de formación que desarrollan. “Han logrado invertir, crecer en educación, en posgrados y en cobertura gracias a sus propios esfuerzos, ya que, desde 1997, su presupuesto está totalmente congelado, independiente de que algunas hayan recibido un aporte especial en ese periodo”, dijo el rector Wasserman.

“Las IES han logrado importantes avances con recursos propios: la cobertura en pregrados se duplicó, en algunos posgrados se quintuplicó y realizan entre el 85% y el 90% de la investigación del país. Entretanto, pasaron de tener, en 1997, entre el 5% y el 10% de recursos propios al 30% y 50%, actualmente, variando de universidad a universidad”, agregó.

Para el presidente del SUE, Danilo Vivas, la universidad pública ha tenido que negarse a recibir entre el 30% y el 50% de los estudiantes, porque su capacidad no le permite atenderlos.

“Para ofrecer una mayor cobertura se ha llegado a saturar la capacidad instalada, a desarrollar más investigación y a atender más políticas de cualificación de profesores”, afirmó Vivas.

Frente a este panorama, el profesor Wasserman señala que es evidente la política de desconfianza y de desinterés que tiene el Ministerio frente a la educación superior. “Durante años, el dogma de ciertos organismos internacionales era el de concentrarse en la educación básica y media para definir una mejora en la equidad. Hace un par de años ese dogma se rebatió por los mismos organismos internacionales: ahora es la Universidad”, señaló.

En palabras de Vivas, es necesario definir un Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la educación superior del país, que contenga la autorización de los recursos que garanticen mayor estabilidad a las universidades en el largo plazo. “La idea es que refleje los costos reales de la educación superior en el país y, con base en ello, se haga el aumento periódico”, expresó.

Actualmente se discute una posible reforma de la Ley 30 de 1992, en parte para analizar el problema de presupuesto. “Estoy prevenido frente a esta transformación, pues uno sabe lo que entra, pero es difícil saber lo que sale. Sugeriría analizar una aplicación diferente para ver si mejora la situación”, recomendó el rector de Los Andes.

Con este panorama en la educación superior del país culminan 8 años de un solo Gobierno con el mismo ministro. Periodo en el que la llamada “revolución educativa” no sale bien calificada. El nuevo Gobierno –con su jefe de cartera en materia educativa– recibe un país deficitario en calidad, cuya deuda está a la espera de saldarse.



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