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Especial Acuerdo de La Habana
ilustración: Vanessa Tremain/Unimedios

ilustración: Vanessa Tremain/Unimedios

Un acuerdo con posibilidades reales de implementación

Sep. 17 de 2016

Por: Jairo Estrada Álvarez
profesor, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia

El sistema de implementación, punto 6 del Acuerdo Final, conjuga nueva institucionalidad, desarrollos normativos, financiación, control social y ciudadano y mecanismos de participación social para un período estimado de diez años.

Tras la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC y de su entrada en vigor, inicia la fase de mayor importancia: la implementación de lo convenido.

Del desenvolvimiento de esta parte podrá inferirse si se está en presencia de un proceso con efectos políticos, económicos, sociales y culturales transformadores o de una simple absorción sistémica de la rebelión armada. Asimismo, será posible valorar si el país está ante un hecho político que inaugura un proceso de inflexión histórica o frente a un acontecimiento más de la historia nacional sin mayor significado, como lo sugieren algunos análisis escépticos.

La implementación descansa sobre una premisa: el Acuerdo Final es un acuerdo de mínimos para una salida negociada al conflicto armado al mismo tiempo un acuerdo de solución jurídica, ya que lo convenido demandará elaboraciones que permitan dotarlo con la correspondiente fuerza normativa constitucional y legal.

En ello radica buena parte del fundamento para que lo acordado sea incorporado a las políticas públicas y los planes, además, exista la obligación de comprometer recursos de presupuesto para su financiación.

El sistema de implementación

Al tomar como referente la señalada premisa, es posible tener una mejor comprensión del sistema de implementación y de sus componentes. En ese sentido, las partes acordaron:

-La conformación de una “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR)”, en adelante, Comisión de Implementación, de carácter bipartito, integrada por tres representantes de cada una de ellas.

-La discusión y aprobación de un Plan Marco de Implementación (PMI), dentro de los cuatro meses siguientes a la firma del Acuerdo Final. Este “contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, la recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia (cronograma) e instituciones responsables”.

El PMI será adoptado mediante documento CONPES en los términos aprobados por la Comisión de Implementación y deberá contener los recursos indicativos para su financiación.

-La desagregación del Plan Marco en Planes Cuatrienales de Implementación, que deberán ser incluidos como capítulos del Plan Nacional de Desarrollo de los próximos gobiernos.

-La vinculación de los planes de desarrollo, departamentales y municipales, “incluyendo en los territorios priorizados, los planes de acción para la transformación regional de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET)”.

-La contribución a la financiación con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías.

-La creación de un Sistema integrado de Información y Medidas para la Transparencia para facilitar el seguimiento a la implementación, prever la corrupción y dar garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos.

-La promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución y organizaciones de la sociedad civil en reuniones ampliadas de la Comisión de Implementación. En el capítulo étnico se estableció la creación de una instancia de alto nivel con pueblos étnicos, que actuará como consultora, representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de Implementación.

-La consideración de diferentes medidas para garantizar la implementación, que incluyen la participación del sector empresarial y la cooperación internacional, así como, en el caso de la reincorporación, la medidas de contribución a la reparación material de las víctimas, entre ellas, la contribución de las FARC.

De esta manera, el sistema de implementación conjuga nueva institucionalidad, desarrollos normativos, financiación, control social y ciudadano y mecanismos de participación social para un período estimado de diez años.

Desarrollos normativos

Tal como se ha mencionado, la solución jurídica es un componente central del Acuerdo Final, ya que además de ofrecer seguridad jurídica a las partes, otorga a lo convenido una fuerza vinculante y genera condiciones favorables para el proceso de implementación.

Por esa razón, fueron establecidas las “prioridades para la implementación” y “un calendario de implementación normativa durante los primeros doce meses tras la firma del Acuerdo Final”, que se llevarán a cabo según lo establecido en el Acto legislativo 01 de 2016. Mediante dicha reforma constitucional fue definido un procedimiento expedito para “facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

El cumplimiento del trámite y aprobación de las prioridades y las principales reformas constitucionales y legales derivadas del Acuerdo Final será la primera prueba de fuego para establecer la voluntad y la decisión política del Gobierno y de la bancada mayoritaria en el Congreso y promover lo convenido por las partes.

Todas las reformas por tramitar tendrán una garantía de fidelidad con lo acordado, pues dentro de las funciones de la Comisión de Implementación se estipuló: “constatar que el contenido de los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según sea el caso, por el presidente de la República”.

Los diseños del proceso de implementación aquí expuestos y los acuerdos de verificación de la implementación generan optimismo, dados los múltiples seguros que comprometen la comunidad internacional, la veeduría y el control social y ciudadano. No obstante, hay sombras que provienen de la capacidad de financiación estatal de lo acordado. En este aspecto debe preverse la apertura de otro campo de la discusión política: las finanzas públicas.

La implementación exigirá la redefinición de la sostenibilidad fiscal, la estructura actual del gasto público y un sistema de tributación que castiga primordialmente a sectores medios y pobres de la población. El esfuerzo fiscal destinado a la victoria militar que nunca llegó deberá encauzarse a la financiación de la implementación.

Colofón

Tras la realización del plebiscito y la esperada victoria del sí, se asistirá a una agenda legislativa cargada de múltiples reformas constitucionales y legales, que además de cualificar el debate político, sentarán las bases de un inusitado ciclo reformista.

La mayoría serán reformas aplazadas históricamente, otras están previstas en la Constitución de 1991, pero no realizadas tras 25 años de acción parlamentaria. A los acuerdos de La Habana debe reconocérseles un indiscutible impulso democratizador de la sociedad colombiana; por supuesto, despojado de cualquier ilusión constitucional, pero advirtiendo que habrá un nuevo marco normativo para la acción política transformadora del orden social vigente.



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