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Una de las propuestas de Ascún es que la autonomía y la autorregulación de las universidades estén en cabeza de los rectores, con la participación del Ministerio de Educación. / Andrés Felipe Castaño/Unimedios

Reforma a la Educación Superior Proyecto del Gobierno, no de la comunidad

abr. 09 de 2011

Por: José Fernando Isaza Delgado, Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano, Presidente de Ascún

Es difícil no coincidir con los objetivos que plantea el ejecutivo en su proyecto de ley de reforma a la educación superior: incrementar la cobertura, mejorar la calidad, promover las competencias necesarias para la inserción de Colombia en el concierto económico mundial, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones de educación superior (IES).

El sector universitario, a través del Consejo Directivo de Ascún, ha hecho observaciones sobre los mecanismos para lograr los fines enunciados y sobre la forma de estructurar el proyecto de ley.

En repetidas ocasiones, Ascún solicitó que en la propuesta legislativa se separaran las universidades de las otras IES. Esto no obedece a un capricho, la Constitución de 1991 garantiza la autonomía universitaria. Igualmente, se manifestó ante el Gobierno la conveniencia de buscar la expedición de una ley estatutaria que regulara no solo el servicio público de la educación superior, sino también el derecho a esta, sujeto a los principios de progresividad, planificación y programación. La comunidad universitaria buscó infructuosamente que la ley delimitara el papel del ejecutivo en su función constitucional de inspección y vigilancia sin lesionar la autonomía universitaria, pues como lo afirma la Corte Constitucional “… implica para las universidades viabilizar una constante interferencia del ejecutivo en su quehacer, que se traduce en un continuo control de sus actividades por parte del poder central, inadmisible en el caso de las universidades”.

Se planteó que la autonomía y la autorregulación estuvieran en cabeza de los rectores de las universidades con la participación del Ministerio de Educación. Nada de esto fue tenido en cuenta.

Lo anterior no implica que no haya aspectos positivos en el proyecto de ley. Por ejemplo, se destaca el reconocimiento de la necesidad de subsidiar el crédito educativo y que el monto sea asumido por el presupuesto nacional, a fin de no descapitalizar al Icetex. Es un buen principio para financiar no solo la oferta educativa sino también la demanda. En el país existe la tendencia a descalificar los subsidios presupuestales cuando estos se dirigen a mejorar la distribución del ingreso. Por alguna razón, cuando el subsidio se dirige a los más necesitados, hay voces que piden su supresión con el argumento de que “es asistencialismo”, pero cuando se encamina a financiar a los más pudientes, se alaba con frases del tenor “es para crear empleo y riqueza”.

No es pues de extrañar que los impuestos en Colombia no modifiquen sino en 1,5 puntos el índice de Gini (herramienta que mide la desigualdad en los ingresos). En los Estados Unidos la distribución del ingreso después del impuesto muestra una mejoría cercana a 7 puntos.

Transparencia

La iniciación de un estudiante en la universidad le significa comprometer su recurso más valioso y no renovable: el tiempo. Pero igualmente, hacer una apuesta a su futuro. Agréguese a esto el porcentaje del ingreso o el ahorro familiar requerido para financiar la educación superior.

Lo anterior muestra la importancia de hacer públicos los estados financieros de las universidades, que se conozca su cuerpo de profesores, los índices de deserción, los resultados de sus alumnos en los exámenes de Saber Pro, comparándolos con los niveles de ingreso Saber 11, para deducir cuál fue el aporte de la IES. Debe ser pública la información de inserción de los egresados en el mercado laboral, su ingreso y su afiliación a los sistemas formales de seguridad social. Estos indicadores permiten tomar decisiones apropiadas. Los estudios que ha hecho el Ministerio de Educación al respecto son valiosos y la sociedad debe aplicarlos.

Si para proteger el ahorro del público los gobiernos obligan a la transparencia del sector financiero, con mucha mayor razón la sociedad tiene el derecho a conocer las realidades económicas de las instituciones educativas, a las cuales les hace un voto de confianza de mayor significación que la depositada en una entidad bancaria.

Inspección, control y sanción

A lo largo de su historia republicana, el país no ha logrado consolidar un sistema de chequeos y balances que limiten las arbitrariedades de alguna de las ramas del poder público. Tampoco ha podido fortalecer un esquema de gobierno–oposición, garantía de una democracia sólida. No es exclusivo de Colombia que los organismos de inspección y control adscritos directamente al ejecutivo se vean tentados a utilizar su poder como una forma de controlar las voces de oposición.

En el siglo XIX, uno de los mecanismos usados para castigar a los contrarios fue la confiscación. En el siglo XX se utilizaban formas más sutiles: durante el gobierno militar, con el fin de acallar la prensa y en vista de que la censura no era suficiente, se recurrió a exhaustivas auditorías tributarias a los periódicos no afectos al régimen, lo que llevó al cierre de dos de mayor circulación.

Las épocas de control de divisas permitían que algunos funcionarios pasaran a mejor vida en esta; pero además, podían racionarlas para la importación de papel periódico. Todavía se recuerda cómo el otorgamiento o la negativa de licencias de importación permitían enriquecer o empobrecer a un empresario.

Piénsese en el siguiente escenario hipotético: un presidente decide que, “por el bien de la patria”, debe perpetuarse en el poder; para amedrentar a la oposición y a las ramas independientes del gobierno, recurre al uso indebido de los organismos de seguridad del Estado, de los entes de investigación y control para escudriñar selectivamente a quienes no son sus áulicos. Extrapolando este ejemplo teórico al sector educativo, algunos mandos medios del Ministerio de Educación creen que le hacen un servicio a su presidente dilatando un registro calificado, o en una situación extrema, sancionando a una universidad si alguno de sus directivos se sale de la línea de conducta oficial. Lo contrario también puede ocurrir: cierta celeridad en los trámites para premiar apoyos incondicionales.

Ley de premios y castigos

El proyecto de ley es generoso en dotar de mecanismos sancionatorios al Ministerio de Educación. ¿No sería mejor separar las funciones de estímulo de las de control?

Otro ejemplo para avalar lo anterior es que la Constitución garantiza la libertad de expresión, y por supuesto el derecho a la honra y al buen nombre también debe preservarse. Sin embargo, hasta ahora a ningún gobierno se le ha ocurrido crear en un Ministerio de Información y Tecnología, una oficina que regule y sancione a la prensa. Se acepta la autorregulación y que sea la justicia, independiente del ejecutivo, la rama del poder que controle y garantice los derechos de quienes por efecto de calumnia se les vulnere su buen nombre o su patrimonio.

En muchas sociedades, los organismos con poderes de control y sanción son proclives a la corrupción y al clientelismo. Hace unos años, funcionarios encargados de los trámites de otorgar autorizaciones (Registro Calificado) aceleraban su proceso y reducían sus exigencias si estos eran avalados por firmas externas en las cuales participaban sus familiares. En buena hora la Ministra sancionó esta conducta, pero el riesgo persiste.

Por parte de los rectores del Consejo de Ascún, se ha planteado que el control y la calidad de la educación universitaria la realice la comunidad académica dirigida por una Asamblea Nacional de Rectores, que elige un órgano ejecutivo, en el cual el Gobierno tenga participación. Esta propuesta se ajusta más al concepto de autonomía democrática, y se aleja del riesgo de usar el poder con fines de premios y castigos. Solo me refiero al aspecto político de la propuesta.