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Política & Sociedad

Lenta implementación de la Participación Política

Aug. 19 de 2017

By: Carolina Jiménez Martín, profesora,
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz / Universidad Nacional de Colombia

A pesar de la aprobación del Estatuto de Oposición o la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), otros mecanismos democráticos acordados, como la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, presentan menores desarrollos por parte del Gobierno nacional.

Han transcurrido un poco más de ocho meses desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc. Durante este periodo se han expedido a través del mecanismo del fast track un conjunto de normas que permiten avanzar en el proceso de implementación.

El paquete legislativo aprobado ha sido objeto de diversos análisis e interpretaciones. Algunas lecturas han propuesto que las normas expedidas son ampliamente garantistas de lo acordado en La Habana; otras, por el contrario, plantean que vía normativa se está recortando y limitando el alcance del Acuerdo, y finalmente existen ciertas miradas que problematizan el proceso legislativo por cuanto consideran que altera el orden constitucional vigente.

Esta multiplicidad de lecturas, en algunos casos divergentes entre ellas, expresan entendimientos diferenciados sobre los propósitos y alcances del Acuerdo Final de Paz y el proceso de implementación en curso.

Ahora bien, aunque no es el propósito de este texto proponer una interpretación amplia sobre los alcances de la implementación normativa, sí se busca hacer una lectura general sobre los avances en el componente del Acuerdo “Participación Política: apertura democrática para construir la paz”. 

Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política 

La falta de garantías para el ejercicio de la política se ha constituido en uno de los mayores obstáculos para la ampliación democrática. De ahí que en el Acuerdo Final de Paz se pactó formular el aplazado Estatuto de la Oposición y crear el Sisep.

Culminado el primer periodo del fast track, se avanzó en la aprobación del Estatuto de la Oposición, cumpliendo con una disposición constitucional de 1991. Esta ley amplía las garantías referidas a los derechos de información y réplica –mecanismos de seguridad de los líderes declarados en oposición– además de su representación en espacios como el Consejo Nacional Electoral. Entre las limitaciones se encuentran la imposibilidad de tener participación en las juntas del Banco de la República y la Agencia Nacional de Televisión.

Mediante el Decreto Ley 895 se creó el Sisep, conformado por tres programas que tienen como propósito garantizar el respeto por la vida de los líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos y comunidades rurales en zonas de conflicto. También busca generar condiciones para el reconocimiento y la dignificación del ejercicio de la política. En ese sentido, el alcance efectivo del Sistema depende del enfoque reglamentario, de las reformulaciones en los esquemas de seguridad que orientan la Unidad Nacional de Protección, de los ajustes al sistema de alertas tempranas y, sobre todo, del reconocimiento de un enfoque de seguridad integral (más allá del militar) en el que tengan cabida los esquemas de (auto) protección colectiva y comunitaria creados por las organizaciones sociales. 

Mecanismos democráticos de participación ciudadana 

Un segundo componente del Acuerdo hace referencia a la creación y promoción de mecanismos democráticos de participación ciudadana en los diferentes niveles territoriales. Este subpunto 2.2. es el que presenta menores desarrollos al cierre del primer periodo del fast track. El Gobierno presentó el 10 de agosto la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, pero no se ha programado la discusión en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

Al respecto, la Comisión de Diálogo ha solicitado reiteradamente un encuentro con la csivi para socializar su propuesta de articulado, pero el Gobierno no lo ha convocado. Dicha Comisión es un espacio compuesto por más de 20 líderes de diversos sectores sociales elegidos por las organizaciones participantes en el Foro Nacional, en el que se elaboró una serie de lineamientos para la construcción de la Ley de Participación Ciudadana.

Así las cosas, el tema más sensible del subpunto 2.2 aún no inicia trámite legislativo y no ha logrado articular al proceso, de manera más sistemática, un grupo altamente representativo del movimiento social.

La discusión sobre garantías para la movilización y la protesta pacífica ha tomado un camino parecido. Según algunos representantes de la Comisión Análoga, la reglamentación de estos temas se debe incluir en la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, pues son expresiones de la participación ciudadana. Sin embargo, tal planteamiento ha sido rechazado por algunas instituciones estatales y actores del sector privado. El único desarrollo normativo ha sido la creación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (Decreto Ley 885) mediante el cual se busca impulsar una cultura de reconocimiento y respeto por la diferencia. 

Participación político-electoral 

En este momento empieza en el Congreso de la República el debate sobre el Acto Legislativo de reforma política que pretende modificar 21 artículos de la Constitución Política. Entre los cambios que se introducen al orden constitucional vigente se destacan: limitación de la pérdida de derechos políticos por parte de una autoridad no judicial; recolección de apoyos a través de medios digitales para las iniciativas ciudadanas; nuevo régimen de partidos y democracia interna; sistema de adquisición progresiva de derechos; desaparición de los grupos significativos de ciudadanos después de 2019; regulación a la financiación de las campañas; limitación de permanencia a tres periodos legislativos (Congreso, Asamblea, Consejo y Juntas de Acción Local); reducción de la edad para ser elegido congresista; listas cerradas y bloqueadas después de 2019; y creación del Consejo Electoral Colombiano.

Algunas de las reformas que se introducen abren espacios para fortalecer el sistema electoral; otras, por el contrario, han sido criticadas, en especial aquellas que flexibilizan las causales de pérdida de investidura y las que dificultan el control financiero de las campañas a los gastos considerados como de mínima cuantía. Es necesario señalar que en la propuesta del Gobierno se descartaron valiosas recomendaciones de la Misión Electoral Especial, como la de los distritos uninominales; la introducción de los principios de paridad, alternancia y universalidad; y la creación de una rama electoral, entre otros.

Por último es necesario señalar la ampliación de la representación político-electoral de los territorios a través de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. El pasado 25 de julio se aprobó en plenaria del Senado el acto legislativo que crea las 16 circunscripciones que tienen el propósito de contribuir a la integración de las zonas más afectadas por el conflicto y generar condiciones que permitan avanzar hacia la configuración de órdenes territoriales más justos. Habrá que esperar que en la Cámara de Representantes se avance rápidamente en su aprobación.

Dicho proceso requiere de una sociedad civil vigilante para que los partidos y la clase política tradicional no pretendan tener el control de estas curules y que realmente se abran garantías de representación a las organizaciones sociales y a las poblaciones víctimas del conflicto armado.



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