UNPeriodico http://www.unperiodico.unal.edu.co/ UNPeriodico es UNPeriodico http://www.unperiodico.unal.edu.co/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif http://www.unperiodico.unal.edu.co/ 18 16 UNPeriodico TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Sat, 22 Apr 2017 19:00:00 -0500 Identifican bacterias asociadas con contaminantes atmosféricos http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/identifican-bacterias-asociadas-con-contaminantes-atmosfericos.html En muestras tomadas en Medellín y en el municipio de Barbosa, al norte del área metropolitana, se... 3–, ya que en este sector de Antioquia la medida oscilaba entre los 35 y 54 µg/m3.

Los ciudadanos de los diez municipios del Valle de Aburrá empezaron a vivir en carne propia lo que habían visto a través de las noticias en México o en China, donde los niveles de contaminación llegan a ser tan altos que sus capitales, por ejemplo, cuentan con sistemas de alarma. La preocupación frente a eventos de estas características radica en que, según la OMS, la exposición a las partículas inhalables de origen biológico que transporta el aire contaminado “agrava el riesgo de desarrollar cardiopatías, neumopatías y cáncer”, lo cual constituye un problema de salud pública pues afecta a niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas con problemas inmunes y adultos mayores. Duvan Nanclares Castañeda, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia (UN) Sede Medellín, explica que el material particulado se clasifica según el diámetro aerodinámico en partículas respirables PM10 y en partículas inhalables PM2.5. El material PM2.5 tiene menor tamaño, por lo que fácilmente podría transportar partículas de origen biológico como polen, moho, virus, bacterias y esporas, entre otros. Hasta el momento los estudios existentes de la calidad del aire se han enfocado en la caracterización física y química de los contaminantes atmosféricos en el Valle de Aburrá, pero el futuro magíster evaluó la presencia de bacterias asociadas con la fracción del material particulado PM2.5. Así, por primera vez en el país se hallaron 26 especies de microorganismos asociados con la contaminación del aire. La investigación se adelantó en tres estaciones de monitoreo de calidad del aire ubicadas en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Facultad de Minas de la UN Sede Medellín (área urbana de la capital de Antioquia) y el Parque de Las Aguas en el municipio de Barbosa (zona rural). La estación de la Facultad de Minas, en el centro-occidente del Valle de Aburrá, es considerada un punto estratégico para la medición de la calidad del aire por la cercanía a la carrera 80, una de las vías de mayor flujo vehicular de la ciudad y la vía de salida hacia los municipios del occidente antioqueño y la costa Atlántica. Así mismo, es una zona educativa y residencial, por lo que el flujo de la población flotante es considerable. La estación Politécnico Jaime Isaza Cadavid, ubicada al sur del Valle, hace un seguimiento en las áreas de influencia directa del tráfico vehicular de la Avenida Regional; además está cerca a un amplio sector educativo y residencial. La estación del Parque de Las Aguas, al norte del Valle y clasificada como estación de fondo, es un área de referencia que no presenta problemas de contaminación por material particulado; su objetivo es entregar información sobre los niveles de contaminantes que están ingresando al Valle de Aburrá.  Capturando bacterias  Las muestras de PM2.5 se obtuvieron por medio de equipos que absorben 16,7 litros de aire por minuto, volumen que simula la respiración humana cuando se está realizando alguna actividad física. Después se pusieron en filtros de teflón de 47 mm de diámetro durante 24 horas. Cada filtro se pesó para determinar si la carga gravimétrica captada era menor o igual a 2,5 µg. Para obtener una gran diversidad de bacterias, las muestras se pusieron en cuatro medios de cultivo: agar chocolate, agar sangre, agar EMB y agar nutritivo. Según el magíster, “cuando los microorganismos crecieron se hizo un proceso de aislamiento, purificación y caracterización microbiológica para determinar cuáles eran diferentes. Para ello fue necesario revisar el color, la forma, el borde y la elevación en crecimiento en agar nutritivo”. Después de hacer la caracterización microbiológica se procedió a identificar el género y la especie de las bacterias. En esta etapa el estudiante aplicó técnicas de extracción y secuenciamiento de ADN de cada microorganismo, que comparó con la base de datos Blast, del Centro Nacional de Información sobre Biotecnología (NCBI, por sus siglas en inglés).  Riesgo para la salud  De las bacterias pertenecientes a las phyla (categoría taxonómica fundamental) Proteobacteria, Actinobacteria y Firmicutes, este último predominó en todos los puntos de muestreo con géneros como Bacillus, Staphylococcus, Paenibacillus, Lysinibacillus, Exiguobacterium y Macrococcus. Algunas especies de estos géneros tienen la capacidad de producir enfermedades en plantas, animales y humanos. Además se estimó una mayor presencia de microorganismos relacionados con dicha característica en las zonas urbanas, posiblemente influenciadas tanto por la concentración de PM2.5 como por las condiciones ambientales. Otro hallazgo fue que las bacterias grampositivas (aquellas que son más resistentes a condiciones secas o adversas por presentar una pared celular más gruesa) predominaron en una proporción del 88 %. Esta característica de los microorganismos permite que estos puedan permanecer en la atmósfera generando un posible mayor riesgo de afectación a la salud, dado que se pueden reproducir cuando encuentren las condiciones apropiadas de carbono, agua y algunos minerales. El género más cuantioso fue Bacillus, cuyos microorganismos desarrollan forma de endoesporas o estructuras con las que protegen su ADN en condiciones de estrés, como los factores ambientales de la atmósfera. Según la profesora Carmen Elena Zapata, coordinadora del Laboratorio de Calidad de Aire (Calaire) de la UN Sede Medellín, los resultados de esta investigación permiten analizar los efectos reales de la contaminación en las personas. La experta señala que la presencia de bacterias puede llegar a producir enfermedades y sugiere que estas se deben considerar en futuros estudios enfocados en la evaluación de riesgos y en la vigilancia epidemiológica, pues así será posible tener una mayor efectividad en tratamientos de enfermedades respiratorias, las cuales suelen aumentar durante los periodos de contaminación.]]>
Ciencia & Tecnología Sat, 22 Apr 2017 19:00:00 -0500
UN Periódico Impreso No. 208 http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/un-periodico-impreso-no-208.html Descatado UNPeriodico Sat, 22 Apr 2017 19:00:00 -0500 Las víctimas en la implementación del Acuerdo Final de Paz http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/las-victimas-en-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz.html Este contiene un amplio reconocimiento de los derechos de las víctimas, pero la materialización de...
El principal avance del Acuerdo es la creación de un conjunto de instituciones inéditas, como la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición –con fines de esclarecimiento extrajudicial–, la jurisdicción especial para el juzgamiento de los delitos más graves; la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Unidad de Investigación sobre Bandas Criminales, que será una pieza clave en relación con la adopción de medidas de no repetición. La Justicia Especial para la Paz se basa en el principio de universalidad, según el cual todos los autores y determinadores de crímenes graves deben reconocer esa responsabilidad. El sistema les ofrece beneficios de penas alternativas, reducción de penas e importantes grados de seguridad jurídica a futuro. Pero, a la vez condiciona el otorgamiento de esos beneficios tanto a la efectividad de sus aportes para el esclarecimiento de la verdad histórica y judicial, como a la reparación de los daños causados. El principal desafío de este sistema mixto es desarrollar un enfoque pro-víctima y crear un sistema de garantías fácticas e institucionales de participación, asistencia y protección para los diferentes grupos sociales, culturales y territoriales que forman parte del extenso universo de víctimas. Una de estas garantías debe ser la modificación de los periodos de reconocimiento y registro de las víctimas y el ajuste de los plazos de la Ley 1448 de 2011 a los tiempos del Acuerdo Final de paz.  Víctimas en el centro de la paz territorial  El Acuerdo también demanda la inclusión de la agenda de las víctimas en los temas e instrumentos de la paz territorial: las personas desplazadas o refugiadas que decidan retornar a los territorios o a las comunidades rurales victimizadas, tienen acceso preferencial pero no exclusivo a las medidas de desarrollo agrario integral, tales como el fondo de tierras, los créditos y subsidios especiales y las medidas de asistencia técnica, vivienda rural, etc. De igual manera se otorga prelación a las víctimas en las circunscripciones políticas especiales acordadas con fines de reparación de los territorios más afectados por el conflicto. También se amplían los grupos sociales y los territorios beneficiarios de procesos de reparación colectiva; se dispone la inclusión de la agenda de las víctimas en los planes territoriales de desarrollo con carácter reparador y se acuerdan planes regionales de protección. Los propios programas de desarrollo alternativo previstos en el punto 4 deben hacer previsiones para las personas afectadas por el desplazamiento forzado ocasionado por fumigaciones de cultivos de uso ilícito en contextos de conflicto.  Diplomacia en favor de los refugiados  Otro campo novedoso es el reconocimiento de la situación de las víctimas connacionales sometidas al refugio internacional. Según el Acuerdo, el Estado se compromete a garantizar procesos de retorno, de conformidad con los principios internacionales de voluntariedad, seguridad y dignidad. Pero, dado que el refugio constituye una modalidad de desplazamiento forzado, en los procesos de retorno se debe garantizar el acceso de connacionales a los derechos de la población desplazada interna, además de rutas de acceso acordes con las necesidades derivadas de la transición desde el exilio. Se debe evitar el retorno forzado, especialmente de la población refugiada que no cuenta con el reconocimiento formal en los países de residencia actual, la cual constituye el grupo mayoritario. El Estado también tiene obligaciones con las personas que decidan no regresar al país, en ejercicio del principio de voluntariedad: en primer lugar debe crear condiciones que faciliten el acceso a las nuevas instituciones de verdad, justicia y reparación desde los países de residencia. En segundo lugar, debe adquirir una capacidad diplomática pro-víctima que asegure tanto la regularización migratoria en los países de acogida, como el reasentamiento en terceros países, programas de frontera solidaria y demás figuras previstas en instrumentos internacionales como el Plan de Acción de Brasil.  Mayor participación  Dada la amplitud de las temáticas involucradas, el Acuerdo (punto 5,1,3,7) establece el compromiso del Estado para cualificar los procesos de participación de las víctimas en el proceso de ajuste de las normas, las instituciones y la política de atención y reparación integral. La reforma debe superar las falencias graves de la política vigente, adecuarla a las oportunidades del proceso de paz, a las necesidades de convivencia e integración local y al desarrollo de medidas de no repetición. Es la oportunidad para transformar las medidas asistencialistas de hoy por un enfoque de derechos humanos, diferencial y de soluciones duraderas que permita resarcir las heridas del pasado y a la vez asegurar la inclusión efectiva a derechos de ciudadanía con un enfoque de reparación transformadora.]]>
Política & Sociedad Sat, 22 Apr 2017 18:59:00 -0500
30 días en la Universidad http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/30-dias-en-la-universidad-33.html Bogotá. Alimentos para peces con residuos de yuca, ñame y malanga son elaborados por los arhuacos. Investigación & Creación Sat, 22 Apr 2017 18:58:00 -0500 Los rescates de la fragata <i>Las Mercedes:</i> ¿doble rasero? http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/los-rescates-de-la-fragata-ilas-mercedesi-doble-rasero.html Mientras España ha reivindicado “la razón contra el expolio” en tribunales estadounidenses, no... Las Mercedes, y a la vez canta el resonante triunfo judicial en defensa de ese navío contra la Odyssey Marine Exploration ante tribunales de Estados Unidos.

La fragata Las Mercedes fue hundida en 1804 frente a la costa portuguesa de Algarve, por ataque de una escuadra inglesa. Zarpó de Montevideo transportando “caudales y frutos” desde Lima y Buenos Aires. Eran tiempos de una paz precaria y provisoria alcanzada entre las principales potencias navales europeas. Según partidas de carga individuales y registros exhibidos en la exposición “El último viaje de la fragata Mercedes”, realizada en Madrid en 2014, el valor de las monedas que transportaba la nave a su salida del Callao era de cerca de 950.000 pesos en piezas de oro y reales de a ocho en plata, un “dólar” que fue referente en la economía mundial durante tres siglos, y una de las primeras expresiones de la globalización. En tiempos recientes, dos eventos constituyen los referentes más relevantes del caso: en mayo de 2007, los medios de comunicación del mundo dieron cuenta del hallazgo y la recuperación de más de 14 toneladas en monedas de oro y plata, que Odyssey situó en Tampa (Florida), y cuyas operaciones llamó con el código de “Cisne Negro”, bajo el cual quedaba oculta la verdadera identidad del naufragio. En febrero de 2012 el caso se cierra con el viaje de dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Española, en una inédita figura de restitución de bienes culturales, los cuales devuelven a España la carga recuperada del naufragio, por orden de tribunales estadounidenses. El país ibérico alegó que Odyssey operó una burda extracción del naufragio, desatendiendo criterios arqueológicos y científicos, con lo cual fue destruido un pecio que ya nunca más podría ser explorado, tumba de los marinos que perecieron en el naufragio.  Estrategia eficaz  Durante los cinco años transcurridos entre esos dos eventos se desplegó una notable y eficaz movilización institucional por parte del Estado español, que incluyó un sólido equipo de técnicos y funcionarios altamente calificados del Ministerio de Cultura, la Armada, el Museo Arqueológico Nacional, la Real Academia de Historia y otras instituciones y academias encargadas de acopiar un arsenal de pruebas documentales en archivos navales dentro y fuera del país como apoyo a las estrategias que al final darían al traste con las aspiraciones de Odyssey de quedarse con la valiosa carga.  Con la conjetura de que el “Cisne Negro” ocultaba un naufragio de su bandera, España asumió el reto de demostrarlo ante tribunales estadounidenses para exigir la restitución de los bienes culturales recuperados. Y es que Odyssey presentó el hallazgo como acaecido en un lugar secreto del océano Atlántico, más allá de la jurisdicción legal de cualquier país, sin revelar detalles del naufragio, la nacionalidad ni la identidad de la nave. Por informes de la Guardia Civil y rastreo satelital, España supo que las operaciones de Odyssey en una zona al sur del Cabo de Santa María (Portugal) estaban relacionadas con la fragata Las Mercedes. Así, solicitó al Tribunal de Tampa que obligara a la empresa a suministrar un inventario exacto de los objetos extraídos del naufragio, los archivos y el material fílmico de las operaciones de rescate. Después de verificaciones, trámites procesales, recursos y apelaciones, en diciembre de 2009 el Tribunal Federal de Estados Unidos en Tampa profirió fallo definitivo reconociendo que España había presentado pruebas concluyentes de que el rescate operado por Odyssey era sobre la fragata; avaló el carácter militar del navío reconociendo su inmunidad soberana y declaró que esa compañía había perturbado irreparablemente el sitio de descanso de las personas que perecieron en el naufragio y ordenó que los objetos sustraídos fueran devueltos a España.  En ese mismo fallo fueron rechazadas las alegaciones presentadas por Perú, con el argumento de que este país se había constituido como Estado soberano varias décadas después del naufragio objeto de la controversia. También fueron rechazadas las demandas de particulares que invocaron descendencia de viajeros fallecidos en el naufragio y derecho a monedas de la fragata. En septiembre de 2011 el Tribunal de Apelaciones de Atlanta confirmó el fallo por unanimidad.   Interrogantes  Tres incógnitas surgen con respecto a la situación actual del patrimonio cultural subacuático, y en particular de los dos rescates de la fragata Las Mercedes: el operado por la Odyssey, y el inédito por parte de España. En primer lugar es necesario preguntarse si “la razón contra el expolio”, que con tanta vehemencia –y eficacia– ha reivindicado España contra las compañías de cazatesoros, podrá dejar de ser una visión unilateral y exclusivista de esa potencia para admitir las razones de los países del continente americano que fueron objeto de ese otro despojo con violencia o con iniquidad, del saqueo de materias primas y metales preciosos durante varios siglos. En segundo lugar, ¿la administración de Donald Trump modificará la política de apoyo a la protección de los naufragios históricos de bandera española? ¿esa modificación tendría algún impacto en los tribunales estadounidenses? En una economía global que se expande en términos de dólares nominales, pero que presenta movimientos con marcadas preferencias por el oro como valor más seguro, ¿cuál será el rol de un “patrón oro” (adoptado de manera informal) en el futuro de los naufragios históricos? Por último y no menos importante, ¿cuáles serán las mejores opciones que pueden ser sustentadas en Colombia, país que por su historia es poseedor de una considerable riqueza en naufragios históricos? La realidad histórica de ese país en América no puede extraviarse en los tecnicismos del derecho del mar ni diluirse en el rigor con el que se viene aplicando –de manera exclusivista y con varios siglos de retroactividad– la figura de la inmunidad soberana de los navíos de bandera española. Las “grandezas de sus glorias”, que cantó el poeta y canta hoy el patriotismo de sus funcionarios, tienen su contrapartida en la humillación y la extinción de miles de indígenas y africanos en el continente americano. La visión unilateral de España debe ceder espacio a un diálogo intercultural amplio y sereno, hasta ahora ausente, sobre las evoluciones recientes del patrimonio cultural subacuático y sus perspectivas. La ecuación aún está incompleta.]]>
Política & Sociedad Sat, 22 Apr 2017 18:57:00 -0500
La diplomacia en el conflicto palestino-israelí http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/la-diplomacia-en-el-conflicto-palestino-israeli.html Por décadas, el conflicto palestino-israelí ha sido escenario predilecto de la diplomacia global...
Las revelaciones de una cumbre secreta llevada a cabo en Áqaba (Jordania) en 2016 entre el presidente egipcio Abdelfatah Al-Sisi, el rey Abdalá II de Jordania, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el secretario Kerry demuestran que en esos lados la diplomacia nunca se detiene. Con mucha más pena que gloria, las “cumbres” han sido protagonistas recurrentes en la búsqueda de la paz entre Israel y Palestina. Desde aquellas de Ginebra de los años setenta del siglo pasado, o la recordada Cumbre de Madrid (1991) convocada después de la Primera Guerra del Golfo, hasta la fracasada cumbre a comienzos del presente año en Francia, que no contó con la participación de los dos países en conflicto. El cuarteto compuesto por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas, es otro ente que lleva más de una década trabajando infructuosamente por un acuerdo entre las partes.  Los sesgos de la ONU  Para entender cómo se ha fortalecido en la región la posición diplomática de Israel con el paso del tiempo, basta con observar las posturas de la Liga Árabe. En su cumbre de Jartum (capital de Sudán) en 1967, después de la Guerra de los Seis Días, la Liga afirmó su política de los “tres No”: no al reconocimiento a Israel, no a la paz, no a la negociación. Por iniciativa saudí, en 2002 la Liga (que agrupa los estados árabes del Medio Oriente y el Magreb) adoptó en Beirut un plan de paz que incluye el reconocimiento completo a Israel a cambio de una retirada del Estado judío a las fronteras, y el establecimiento de un Estado palestino independiente en Gaza y Cisjordania. En 2013 la Liga adoptó en Catar el concepto de “intercambio territorial”, que efectivamente acepta que Israel mantenga bloques de asentamientos en Cisjordania. Esa misma organización expulsó en 1978 a Egipto por haber firmado la paz con Israel. La cercanía de Israel a las administraciones estadounidenses, y en especial al Congreso, tiene un impacto importante en la diplomacia regional. En ocasiones Turquía, Egipto, Jordania, los países del Golfo, el Magreb y Asia Central se han beneficiado de esta cercanía, en la medida en que se abstengan de sostener posturas abiertamente antiisraelíes. Caso diferente ocurre en los organismos multilaterales, comenzando por Naciones Unidas y sus diversas agencias, en las que Israel se ha convertido en un conveniente “trompo de poner” para justificar su incompetencia en otros asuntos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU solo se pone de acuerdo en condenar a Israel por lo humano y lo divino, mientras que ignora el genocidio en Siria; la masacre de civiles en Yemen por los saudíes; la persecución sin cuartel a los musulmanes en Birmania; las crasas violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Rusia, China, Irán, Asia Central y un largo etcétera. Algo similar sucede con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la cual reescribe la historia negando los lazos de Israel con el Muro de los Lamentos mientras que el patrimonio histórico y cultural en Medio Oriente y otras regiones es pulverizado por diferentes actores. En la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), Israel es el único condenado por su “trato a las mujeres”, mientras que los actos de discriminación por razones de género en países como Arabia Saudita e Irán son ignorados olímpicamente. La “diplomacia del cianuro”, que los convierte en organismos irrelevantes y moribundos. Tales actos han motivado una clara advertencia por parte de Nikki Haley, nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU, de que el sesgo contra Israel en ese organismo “se tiene que acabar”.  Otras diplomacias  El objetivo de los ayatolas en Teherán (capital de Irán) está orientado a evitar cualquier avance en un proceso de paz entre Israel y Palestina. Por eso apoyan con dinero y armas al Hamás y otras organizaciones terroristas enemigas de la Autoridad Palestina, o sacrifican al Líbano, como sucedió en 2006 cuando su proxi, la milicia terrorista Hezbolá, lanzó una guerra catastrófica contra Israel. Si el presidente Donald Trump logra iniciar un nuevo proceso de paz, no sería extraño que la República Islámica intentara sabotearlo. De otra parte, por medio de su estrategia diplomática de internacionalizar el conflicto y promover la deslegitimación de Israel, los palestinos han terminado como se dice popularmente “disparándose en el pie”. En este momento, postrados diplomáticamente, su lucha se encuentra relegada al fondo de la agenda regional y solo reciben “palmaditas en el hombro”; además, obtienen victorias pírricas que poco les sirven para avanzar en su causa. Entre tanto, las potencias de Asia conducen una diplomacia realista que ignora el conflicto palestino-israelí, no promueven mediación alguna y no hacen mayores pronunciamientos políticos. Así, China, India, Japón y Corea se benefician de unas estrechas relaciones con Israel en el ámbito comercial, científico, militar, agrícola y cultural, sin descuidar sus relaciones con Irán y los países del Golfo. Por su lado, Rusia –que sí tiene intereses estratégicos en la zona, reflejados es su incondicional apoyo al régimen de Bashar al-Ásad en Siria– maneja un complejo equilibrio diplomático que se inscribe entre las buenas relaciones con Israel, su enfrentamiento geopolítico con Estados Unidos, su conjunción de intereses con Irán en el conflicto sirio y su tradicional apoyo a los palestinos. En la era de incertidumbre que se abre con Trump es prematuro pronosticar cómo se moverá la diplomacia en el conflicto palestino-israelí. Sin embargo, en las “primeras de cambio” el considerable apoyo del que goza Israel en la Casa Blanca y en el Congreso de Estados Unidos se constituye en una fuerte carta en su arsenal diplomático. En repetidas ocasiones Trump ha dicho que para él es “muy importante lograr un acuerdo de paz, un gran acuerdo”: ya recibió a Netanyahu en la Casa Blanca y se apresta a hacer lo propio con Mahmud Abás; además, en días pasados despachó a la zona a su enviado especial, Jason Greenblatt. Faltaría ver si a este autoproclamado genio de la negociación la paz entre israelíes y palestinos le queda grande, o, por el contrario, se convierte en uno de los logros más importantes de su administración.]]>
Política & Sociedad Sat, 22 Apr 2017 18:56:00 -0500
Insistir en la pena de muerte: ¿una obstinación bélica? http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/insistir-en-la-pena-de-muerte-una-obstinacion-belica.html En Colombia la propuesta de reimplantar la pena de muerte es una medida que ha desatado debates...
Frente a esa situación muchos han considerado que no quedaría otro recurso que apelar a la máxima sanción penal, e incluso han admitido –sin expresarlo abiertamente– que las ejecuciones sin proceso judicial son un mal necesario para controlar la criminalidad. Los partidarios de la pena de muerte se apoyan principalmente en dos tipos de argumentos: los que consideran que es una medida judicial justa frente al daño ocasionado por el delincuente, lo cual reedita la llamada “ley del talión”. Si se admitiera ese argumento, la justicia penal pasaría a convertirse en la herramienta del sentimiento primario de la venganza, y la sociedad estaría mostrando que solo puede controlar el delito matando, es decir que estaría acogiendo los mismos valores del homicida. El otro argumento destacado es que la pena de muerte puede tener un efecto disuasivo frente al delincuente. Sin embargo no se ha demostrado que su aplicación tenga un efecto intimidatorio, o incluso que exista una relación entre la pena capital y el comportamiento de la criminalidad. Un estudio de 2014, realizado en los Estado Unidos, indica que la mayor tasa de homicidios en ese país procede del sur, donde tenía lugar el 80 % de las ejecuciones, mientras que en el noreste –de donde provenía menos del 1 % de las ejecuciones– tenía una tasa de homicidios más baja.  Iniciativas de restablecimiento  Un examen de las grandes iniciativas para la reimplantación de la pena capital en Colombia muestra que estas estuvieron dirigidas a controlar los delitos originados por el conflicto interno, y minoritariamente por otro tipo de conductas delictivas. Las principales propuestas que tuvieron eco en la opinión pública provinieron de congresistas, miembros de los gremios, funcionarios del Gobierno, integrantes de la fuerza pública o líderes sociales y religiosos. Así, tenemos que durante la violencia liberal-conservadora (1946-1965) la pena de muerte se propuso en cuatro ocasiones para reprimir los delitos atroces cometidos en las zonas rurales por las bandas partidistas, es decir masacres combinadas con incendios, violencia sexual y cortes y amputaciones en los cuerpos de las víctimas. Después, durante el actual conflicto interno, se presentaron ocho propuestas dirigidas a controlar conductas relacionadas con este conflicto. Entre 1965 y 2002 se registraron siete propuestas dirigidas a reprimir el delito del secuestro. De ellas, en tres peticiones también se pidió que cobijara a los actos terroristas; en otras tres que abarcara diversas modalidades de homicidio, y en una ocasión que también comprendiera las masacres. Otra propuesta más se dirigía a reprimir los delitos atroces y los crímenes de lesa humanidad. A medida que ha declinado el conflicto armado, el foco de las propuestas se relaciona con actos criminales cometidos contra menores de edad. Entre 2008 y 2016 han existido tres propuestas en medio de la reacción por la conmoción desatada por delitos ejecutados contra menores indefensos.  Ejecuciones sumariales  Durante el conflicto colombiano operaron con sistematicidad las ejecuciones sumariales practicadas por diversas agencias del Estado, el paramilitarismo y las guerrillas. ¿En qué se asemejaron y diferenciaron los diversos actores armados frente la aplicación de la pena de muerte sin proceso judicial? Se identificaron en que dentro de la dinámica del conflicto ejercieron una sórdida guerra contra la pequeña delincuencia, ejecutando ladrones, cuatreros o violadores con la intención de ofrecer seguridad y captar las simpatías de campesinos, hacendados, comerciantes y empresarios. Esas prácticas fueron posibles gracias al silencio o a la tácita aprobación de vecindarios rurales y urbanos que después de muchos años encontraron que el control de la delincuencia que no les ofrecía el Estado o la administración de justicia, sí la brindaban los diversos aparatos armados. Sin embargo, a la postre, los vecindarios comenzaron a confrontar dichas prácticas porque se convirtieron en una amenaza generalizada al ampliar su cobertura más allá del asesinato de pequeños delincuentes. A diferencia de las guerrillas, algunas agencias del Estado, aparatos de justicia privada, paramilitares y bandas criminales coincidieron en la práctica sistemática de las denominadas “limpiezas sociales” efectuadas en zonas urbanas. Estas llevaron al asesinato de indigentes, habitantes de la calle, “raponeros”, atracadores, personas con antecedentes penales, prostitutas, consumidores y vendedores minoristas de droga y personas de sectores sociales lgbt. Se les castigó por su pobreza, por no ser considerados como aptos para vivir en sociedad; por atentar supuestamente contra los patrones del orden y la moralidad; por ser los causantes del deterioro de zonas comerciales, o simplemente por ser los lunares que afeaban la buena presentación de las zonas urbanas. El otro blanco de las ejecuciones sumariales lo constituyeron los discrepantes políticos y los líderes sociales o sindicales acusados de pertenecer o de tener algún tipo de identificación con la insurgencia. En esa actividad las mayores sindicaciones se han dirigido contra el paramilitarismo y los miembros de la fuerza pública por sus actuaciones criminales contra militantes de la Unión Patriótica, A Luchar, y otros grupos políticos y sociales. La guerrilla también aplicó la pena de muerte contra sus opositores políticos, contra miembros o relacionados con los aparatos paramilitares y contra sus propias bases sociales, como en el conflicto que sostuvieron las Farc y el ELN en varias regiones del país.  Prevenir el delito  La crisis política y social que ha vivido Colombia abrió las puertas a diversas iniciativas de reimplantación de la pena capital y a la aplicación sistemática de ejecuciones extrajudiciales a múltiples delitos; también a un sinnúmero de conductas impensables de ser acreedoras a la pena de muerte en cualquier país que se precie de contar con un orden democrático liberal.  El proceso de construcción de paz que se ha iniciado se constituye en una oportunidad para conocer la verdad y establecer responsabilidades, pero también para reflexionar sobre los usos de la fuerza y la reproducción de los ciclos de violencia en nuestros tejidos sociales. Así mismo, es la mejor coyuntura para reflexionar y revisar nuestras políticas de seguridad y convivencia, que no pueden circunscribirse a la ampliación del número de policías y cámaras de vigilancia. Es muy probable que, si no corregimos los profundos desniveles económicos y sociales, en poco tiempo el país esté contemplando la irrupción de un nuevo ciclo de violencia, tal como ocurrió en otros estados que no profundizaron sus reformas después de acuerdos de paz con las insurgencias.]]>
Política & Sociedad Sat, 22 Apr 2017 18:55:00 -0500
Enfermedades y accidentes laborales, pandemia oculta http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/enfermedades-y-accidentes-laborales-pandemia-oculta.html Proteger la salud y la vida en el entorno laboral es un imperativo ético que toda sociedad debe...
En el caso colombiano la situación no es menos preocupante. En 2000 la tasa de enfermedad laboral era de 24,9 por 100 mil trabajadores afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral, y en 2008 pasó a 127,9. Así mismo en 1994 la tasa de accidentes era de 3,78 por 100 mil trabajadores afiliados y en 2011 pasó a 7,62. Por otro lado, en 2015 se reportaron 723.836 sucesos, es decir unos 1.983 por día, y dos personas murieron al día por enfermedades o accidentes laborales. Estas cifras configuran una pandemia que no se ha hecho visible ni se ha atendido de manera adecuada en el país, lo cual revela el fracaso de los mecanismos de protección de la salud en el trabajo aplicados para tal fin.  Para no olvidar  A finales de la década de los años ochenta del siglo pasado se estableció en el mundo el 28 de abril como fecha conmemorativa de las víctimas de las condiciones insanas y peligrosas en el trabajo, con la intención de hacer visible esta situación y configurar una posición ética de la sociedad de no tolerancia frente a este tipo de sucesos. La fecha evoca la tragedia ocurrida en Bridgeport (Connecticut, Estados Unidos) en 1987, cuando un edificio de apartamentos en construcción se derrumbó dejando 28 trabajadores muertos y algunos más heridos. Con la consigna “recordando a los trabajadores muertos para luchar por los vivos”, las organizaciones sindicales quisieron convertir a las víctimas del trabajo en protagonistas contra una cultura basada en la culpabilización de estas. A partir de 2003 la oit estableció el 28 de abril como el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, y ha definido un tema para ser abordado en cada año. Dada la necesidad fundamental en los países de mejorar la capacidad para recopilar y utilizar datos fiables, para 2017 el organismo de Naciones Unidas ha planteado la campaña “Optimizar la compilación y el uso de los datos sobre seguridad y salud en el trabajo (SST)”. De esta manera pretende contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, trabajo decente y crecimiento económico, el cual apunta a “estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin, así como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030”. La meta 8.8 de ese objetivo se centra en “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Al respecto, el organismo de Naciones Unidas le pide a los países miembro que informen sobre el siguiente indicador: “Tasas de frecuencia de lesiones ocupacionales mortales y no mortales, por sexo y situación migratoria”. Además, los insta a establecer mecanismos para recopilar y utilizar datos fiables sobre sst con propósitos preventivos.  Subregistro e informalidad  En Colombia la situación de los trabajadores resulta preocupante si se tiene en cuenta que, tal y como señala la oit, en el país existe un gran subregistro de los eventos de salud de origen laboral. Tal escenario sucede, en primera medida, porque el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) solo capta los eventos de los trabajadores afiliados a las administradoras de riesgos laborales (ARL), dejando por fuera al grueso de la población laboral del sector informal (casi el 60 %). En segunda medida, porque una parte de los eventos en las empresas no se registra sino que, por el contrario, se oculta y se niega; y en tercera medida, porque el personal médico no está formado para realizar diagnóstico de enfermedad laboral. La situación se torna más preocupante con la información arrojada por la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sgrl de 2013, en la que se observa que en Colombia existen serios problemas con la implementación de procesos de promoción y prevención que eviten la ocurrencia de enfermedades, accidentes y muertes producto de las condiciones de trabajo. Este escenario que se vive en Colombia constata de alguna manera tanto el fracaso del Sistema en garantizar el derecho a la seguridad social, como el débil papel de las ARL y de los empresarios en la labor de promoción y prevención en salud y seguridad en el trabajo, y del Ministerio del Trabajo en su labor de inspección, vigilancia y control de los riesgos laborales. Además, se suma la precarización de las condiciones laborales (producto de las formas flexibilizadas e informales de trabajo), situaciones que se configuran en la base para la generación de efectos lesivos sobre la salud y la vida de los trabajadores, quienes construyen la riqueza de una Nación, por lo que deben ser una prioridad en un nuevo pacto social y político por la salud en el país. Para que esto sea una realidad, en el ámbito laboral se debe fortalecer la cultura preventiva; recuperar el papel de empresarios y trabajadores como actores centrales de la salud en el trabajo; modificar el papel del aseguramiento en riesgos laborales como mecanismo complementario en la garantía de las prestaciones económicas, y recuperar un sistema de salud que integre las prestaciones asistenciales de origen común y profesional con integralidad, oportunidad y calidad. Un buen sistema de información ayudaría a proyectar estratégicamente estos cambios.]]>
Salud Sat, 22 Apr 2017 18:54:00 -0500
Sin políticas públicas no hay turismo sostenible en el Caribe http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/sin-politicas-publicas-no-hay-turismo-sostenible-en-el-caribe.html Los planes turísticos “todo incluido” impiden la distribución equitativa del ingreso entre los...
Si bien en 2013 la Asociación de Estados del Caribe declaró la región como Zona de Turismo Sostenible (ZTSC), el hecho de que esta industria crezca cada año entre un 4 % y un 7 % no ha garantizado una mejor situación socioeconómica para sus habitantes ni un manejo más eficiente de sus recursos y servicios ambientales. Colombia es claro ejemplo de esta situación: con sus amplias costas sobre el Caribe, posee destinos turísticos con atractivos inigualables en esta región rica en recursos naturales, biodiversidad, culturas y paisajes bañados por uno de los mares más hermosos y cálidos del mundo, pero a la vez es una de las regiones que presenta los más dramáticos indicadores socioeconómicos en términos tanto de desigualdad y acceso a la salud, la educación y los servicios públicos, como de infraestructura para sus pobladores. En el contexto particular del Caribe insular colombiano se encuentra el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que posee la segunda barrera arrecifal más grande del hemisferio occidental y la tercera del mundo. Se trata de 2.860 km de áreas coralinas declarada en 2000 por la Unesco como Reserva de Biosfera Seaflower por poseer una riqueza ambiental, humana y cultural que debe ser cuidada y protegida por sus habitantes y por el mundo. Aunque el Archipiélago es uno de los destinos preferidos por los turistas colombianos y extranjeros –con una afluencia promedio de 650.000 visitantes al año y cuya proyección va en crecimiento–, el modelo en masa que predomina con la instalación de las multinacionales hoteleras y sus paquetes “todo incluido” ha impedido la distribución equitativa del ingreso entre sus habitantes, ya que estos resort concentran todos los beneficios e impiden el consumo de los viajeros en la economía local. Esta situación se torna dramática cuando alrededor de un
77 % de las personas que visitan la isla de San Andrés lo hace a través de los “todo incluido”. A pesar de que la industria turística se ha consolidado como uno de los sectores productivos que genera mayores flujos de capital, empleos e inversión, hasta hace poco el Dane registraba un incremento sustancial del porcentaje de la población que presenta necesidades básicas insatisfechas, al pasar del 33,31 % en 1993 (inferior al nivel nacional, de 35,8 %) al 40,84 % en 2012, muy por encima del nivel nacional (27,78 %). Además, según el Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres, en la isla existen cerca de 33 zonas subnormales con una población de 13.000 personas, de las cuales un 24 % vive en tugurios.  Los recursos no dan más  Los turistas que arriban a diario a la isla no observan a simple vista la realidad socioeconómica del Archipiélago, y tampoco es tenida en cuenta por el Viceministerio de Turismo que les recomienda a las instituciones y a la población local “perderle el miedo” al incremento paulatino del número de turistas, ya que “a través de la captación turística habrá mayor competitividad y mayor rentabilidad económica para el sector”. Pero lo más grave de todo es que no se observa ni se calcula el daño ambiental y la presión que el modelo turístico de masas genera sobre los escasos recursos y servicios públicos en una isla que no ha resuelto sus condiciones estructurales más básicas relacionadas con el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y energía. Por ejemplo, en el caso del agua y el alcantarillado, según la Encuesta Calidad de Vida del Dane de 2010, existen bajos niveles de cobertura: un acceso al acueducto del 31,6 % y solo del 22,7 % al alcantarillado, además de un alto desequilibrio entre la oferta y la demanda de agua potable para la población. A los isleños les intranquiliza la ocupación masiva de los litorales, derivada del creciente ritmo de construcción y mejoramiento de hoteles y viviendas que pone el litoral en riesgo de colmatación urbanística, la cual genera importantes conflictos territoriales, degradación ambiental progresiva y pérdida de atractivo para la demanda turística actual. También les preocupa la sobreexplotación del recurso hídrico que impacta los limitados y frágiles acuíferos de las islas y las zonas costeras para abastecer a la población visitante, provocando problemas de intrusión marina en los acuíferos, baja disponibilidad de agua para las comunidades locales y mayor impacto de las sequías en los territorios, situación agravada por la prestación ineficiente de los servicios públicos domiciliarios. Otros problemas, como la contaminación de las aguas, están ocasionando graves daños a los ecosistemas marinos como pastos, manglares y arrecifes coralinos, pero tal vez lo que más afecta y resiente a la comunidad isleña es el incremento exponencial de residuos sólidos y líquidos (causado por el incremento de la población), que ha llevado a un colapso de las basuras, cuyo promedio es de
80 ton/día en temporada baja y de 120 ton/día en temporada alta.  Planificación adecuada  La altísima dependencia del sector turístico en estas condiciones está poniendo en riesgo la sostenibilidad de largo plazo del Archipiélago. Por esta razón, hoy más que nunca se requiere de una planificación adecuada por parte de los diferentes estamentos gubernamentales, de las distintas instituciones implicadas en el sector y, ante todo, de la participación de la sociedad isleña. Lo anterior supone, entre muchas otras medidas, hacer efectiva la política de protección y conservación de la Reserva Seaflower; consolidar la planificación turística dentro del ordenamiento territorial; desarrollar una conciencia ambiental turística; propiciar una mejor interacción entre turismo y cultura, y determinar la capacidad de carga del territorio y su inicidencia en la presión sobre los recursos naturales, poniendo límites al crecimiento turístico con base en la oferta natural. El modelo del “todo incluido” también tiende a invisibilizar las tradiciones y prácticas socioculturales de la comunidad raizal, pobladores ancestrales de las islas que solo participan como mano de obra barata en la industria turística, pero que cada vez se ve más afectada por el desplazamiento territorial que imponen las firmas hoteleras y el fenómeno de la sobrepoblación. Las islas deben decidir hoy entre intensificar el modelo dominante o imponer límites al crecimiento turístico a partir de una planificación integral que involucre a las comunidades locales. Ojalá sea posible desarrollar la visión de archipiélago que la misma comunidad construyó en una serie de talleres organizados por el Centro de Pensamiento del Gran Caribe en la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe, y cuya proyección es*: “En el 2025 seremos reconocidos a nivel mundial por ser una Reserva de Biosfera Seaflower con un turismo sostenible de calidad, limpio y organizado, donde se vive una experiencia de armonía entre la sociedad, la naturaleza y los visitantes; y donde la preservación de la cultura local, la educación, la equidad y la salud sean prioritarias”.  *Este artículo expone parte de los resultados del estudio realizado por los investigadores Carolina Velásquez, Johannie James, Raúl Román y Silvia Mantilla, publicada en el libro Desarrollo y turismo sostenible en el Caribe, de la Editorial Universidad Nacional de Colombia.]]>
Ciudad & Territorio Sat, 22 Apr 2017 18:53:00 -0500
¿Cómo gobernar la ciudad con perspectiva regional? http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/como-gobernar-la-ciudad-con-perspectiva-regional.html Después de la firma por decreto del proyecto Lagos de Torca, surgen preocupaciones sobre la manera...
La iniciativa no tendría implicaciones únicamente para la ciudad, pues se asiste a la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el 80 % de los municipios colombianos, entre ellos los de la Sabana, vecinos de Bogotá. En ese sentido, Lagos de Torca es una expresión de lo que será el modelo de ocupación y la apuesta del ordenamiento de la actual administración.
Sin embargo, en este plan se generará oferta para al menos 400.000 personas en el área urbana de Bogotá. Al respecto surgen varias inquietudes. La primera tiene que ver con el tamaño de la ciudad y la articulación con las estrategias regionales de los POT de los demás municipios de la Sabana, ya que el proyecto limita por el norte con el municipio de Chía. No es suficiente “planear” el desarrollo inmobiliario de una zona de la ciudad como un proyecto en sí mismo, pues aunque en Bogotá existe un déficit de vivienda y la construcción es un renglón importante de la economía, la respuesta no se podría plantear solo en términos de más unidades habitacionales. Es necesario pensar el ordenamiento de la ciudad y sus vecinos en términos regionales, lo cual implica cuestionarse por la movilidad, el espacio público, los equipamientos, los servicios públicos y la sostenibilidad territorial. Aunque el POZ Norte sugiere el desarrollo de zonas mixtas, es evidente que casi el 85 % podría ser vivienda (125 mil, de las cuales 50 mil serían subsidiadas). Ello plantea la necesidad de pensar lo que implicaría no solo en requerimientos de equipamiento (colegios, hospitales, cades), espacio público y soportes urbanos, sino en la localización de centros de empleo y en la articulación con los demás usos de la zona.  Transporte insuficiente  Otro reto de Lagos de Torca es construir una propuesta para el desarrollo y la construcción de infraestructura. Las vías son importantes para el proyecto
“hacia adentro”, pero es necesario pensar asimismo en la calidad de vida de sus habitantes cuando tengan que desplazarse o moverse por la ciudad. Además, municipios como Chía acaban de aprobar importantes zonas de expansión para el desarrollo, también de usos inmobiliarios. En ese sentido es importante garantizar un sistema de movilidad que articule la zona con la ciudad y la región. Ello lleva a preguntarse por proyectos como el Tren de Cercanías, el Metro o el transporte público idóneo para impedir el colapso de la Autopista Norte (el proyecto aprueba dejar el terreno, pero no garantiza que se construya antes o al mismo tiempo que los desarrollos inmobiliarios). Merece la pena advertir que en la actualidad los buses de Transmilenio del Portal Norte inician su recorrido con los cupos llenos, ¿cómo se espera transportar a las 400.000 personas adicionales de la nueva “ciudad”?  Incremento en precio del suelo  El tiempo que tardará en desarrollarse el Plan y la captura de plusvalías en el proceso también forman parte de las preocupaciones. La cercanía a la estructura ya existente de Bogotá y las mejoras en infraestructura vial podrían generar una ciudad expandida, incluso en otros municipios vecinos con importantes vacíos urbanos y suelos con “norma aprobada” esperando a que el mercado los consuma o a que los ciclos económicos los requieran, con los respectivos incrementos en el precio del suelo. Es importante prever los mecanismos de captura de plusvalía que ello genera para la ciudad, no solo en recursos sino en la ejecución efectiva de obras y proyectos que mejoren la calidad de vida de los nuevos habitantes y de los que ya viven en la ciudad. Los planes parciales son un instrumento muy potente; sin embargo tienen restricciones en términos no solo de aprobación sino de gestión asociada y de ejecución. Hoy el suelo del POZ Norte ya tiene localizaciones de colegios, cementerios y otros equipamientos sobre los cuales se inicia un proceso de concertación con sus propietarios. Así mismo es fundamental –casi que una condición sine qua non– plantearse los temas relacionados con servicios públicos. Es necesario tanto evaluar de dónde provendrá el agua para los nuevos usos inmobiliarios, como garantizar en esta zona de la ciudad los servicios de alcantarillado necesarios para el volumen de actividades y personas que se localizarán allí. En cuanto al espacio público, aunque la apuesta es por un gran parque metropolitano, con el cual se estima pasar de 6 a 14 m2 por habitante en el área de Lagos de Torca, es fundamental plantear la discusión más allá de una visión paisajística y cuantitativa, ya que en algunos casos las condiciones ambientales de dicha zona se deben proteger, y en otros se debe gestionar su recuperación.  Agenda regional  La planeación y gestión ambiental va más allá de parques o senderos intervenidos. La consolidación de un sistema de espacio público requiere de conectividad física, pero también de conectividad ambiental y ecosistémica. El espacio público y el ambiente se deben configurar como un sistema territorial regional y no debe limitarse solo al POZ Norte. Esta discusión incluye, además, la necesidad de tener en cuenta los valores ambientales tanto de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen (el Plan limita por el oriente con esta) como del conjunto de zonas de Lagos de Torca y los espacios y zonas ambientales de los municipios vecinos. Con base en lo anterior, la discusión sobre los procesos de conurbación tiene que ser seria, pues este no es un fenómeno inevitable frente al cual no exista posibilidad alguna de actuación gubernamental. El centro del debate es plantear una agenda regional para el conjunto de variables que determinan la sustentabilidad del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. No se trata solo de construir más ciudad, sino de gobernar la que ya existe y de reflexionar sobre la necesidad de fortalecer el papel de las ciudades intermedias, planeadas, viables y sostenibles, que reduzcan la presión sobre el crecimiento de la ya, de por sí, enorme Bogotá. Esto debería ser un
tema de la agenda regional y nacional. En esta discusión el sector público y sus autoridades son fundamentales, pero también la garantía de un sector privado con responsabilidad social. En este escenario, las modificaciones de los POT que ya iniciaron se constituyen en una oportunidad trascendental en la vida de los habitantes de las áreas urbanas y de la puesta en valor de la articulación de lo urbano con lo rural.]]>
Ciudad & Territorio Sat, 22 Apr 2017 18:52:00 -0500