UNPeriodico http://www.unperiodico.unal.edu.co/ UNPeriodico es UNPeriodico http://www.unperiodico.unal.edu.co/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif http://www.unperiodico.unal.edu.co/ 18 16 UNPeriodico TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Sat, 18 Mar 2017 19:00:00 -0500 UN Periódico Impreso No. 207 http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/un-periodico-impreso-no-207.html Descatado UNPeriodico Sat, 18 Mar 2017 19:00:00 -0500 “Colombia le mostró al mundo que no puede haber una dicotomía oscura entre justicia y paz” http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/colombia-le-mostro-al-mundo-que-no-puede-haber-una-dicotomia-oscura-entre-justicia-y-paz.html Después de destacar el proceso de paz colombiano como digno ejemplo de innovación para el mundo, el...
Me da mucho gusto estar en Colombia en este momento tan significativo, y ser el primer presidente irlandés en oficio que visita este país con el cual tenemos una recíproca amistad que se ha venido fortaleciendo en la cooperación académica y cultural, y en nuestro compromiso con el proceso de paz colombiano. La historia cultural entre Irlanda y Colombia se alimenta de nuestras relaciones diplomáticas formales desde 1999. Aunque nuestra geografía y nuestros viajes históricos sean tan diferentes, existen aspectos similares en la experiencia colectiva de los irlandeses y los colombianos. Un ejemplo es la lucha por la posesión de la tierra, tema en el que se concentró Irlanda durante los siglos XVIII y XIX, y hoy es una estructura importante para la visión de calidad de vida en Colombia. En el avance de una sociedad de pequeños latifundistas a una economía rural está incluida la migración e incluso la urbanización. Así vemos que la tierra es la fuente de cambios profundos tanto en Colombia como en Irlanda. Como país europeo antiguo, que nunca ha tenido colonias, Irlanda siempre ha reconocido tanto la importancia global de las civilizaciones antiguas de este continente, como la sofisticación y simetría que lograron con la naturaleza y la agricultura antes de que las grandes colonizaciones provocaran su degradación con la extracción insaciable de minerales. En el contexto del siglo XVIII, una generación de católicos irlandeses exiliados –a quienes se les había negado una oportunidad política y económica en su propia tierra– empezó a buscar en España y sus colonias cómo mejorar su condición vinculándose al comercio, la milicia y la administración; fue así como migraron hacia América Latina, y sus hijos y nietos empezaron a convertirse en figuras clave en el desarrollo político de este nuevo continente. Los irlandeses empezaron a ser prominentes en Colombia a comienzos del siglo XIX, cuando cerca de 2.000 voluntarios arribaron para luchar en el Ejército patriota que comandaba Simón Bolívar. Dos de las más célebres figuras, Francis Burdett O’Connor y Daniel Florence O’Leary, sirvieron con distinción durante esas campañas que permitieron que Colombia dejara de ser una colonia española para transformarse en una república independiente. O’Leary, nombrado lugarteniente de Bolívar después de la batalla de Boyacá, escribió un recuento monumental de 32 volúmenes sobre las guerras de Independencia, publicado entre 1879 y 1888, época en la que las guerras por la tierra estaban llegando a su periodo más intenso en Irlanda. Estas memorias fueron usadas luego por el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en su libro El general en su laberinto. En cuanto a mí, la última vez que visité Colombia fue en 2010. Formaba parte de una delegación de parlamentarios facilitada por la ONG Trócaire, que buscaba documentar, por medio de entrevistas, la realidad del conflicto armado colombiano en el campo y su efecto sobre las comunidades, con el fin de informarles a los irlandeses y a la Unión Europea acerca de la gravedad de la situación de los derechos humanos y humanitarios en este país. Queríamos entender cuáles habían sido las raíces del conflicto armado, la extensión de la pobreza, la desigualdad y los vínculos entre el desplazamiento forzado, la toma ilegal de tierras y el conflicto en términos de recursos naturales. Todo enmarcado en las posibilidades que había para alcanzar la paz. Esperábamos aumentar nuestra conciencia y la conciencia internacional sobre la situación de las víctimas y su campaña por el acceso a la verdad, justicia y reparación. Visitamos la región de Buenaventura y las familias nos contaron historias tristes sobre personas desaparecidas, amenazadas y perturbadas por el maltrato y el desplazamiento. Los pobladores también se refirieron con repulsión a prácticas como los falsos positivos ejecutados por autoridades que, luego de asesinar habitantes, disfrazaban sus cadáveres con uniforme de guerrilla irrespetando no solo los cuerpos sino desacreditando a las familias en su comunidad. Estas situaciones recientes hablaban de la terrible realidad de un conflicto que habían vivido generaciones en un país estructurado en profundas desigualdades. Los académicos nos contaban que en Colombia el 0,4 % de los terratenientes tenía el 61 % de la tierra rural, y solo el 1 % de la población tenía el 58 % de la propiedad urbana. Los temas centrales en los conflictos de tierra resuenan en nosotros, los irlandeses, porque en la tierra se encuentra el centro de las peores atrocidades y los peores actos de violencia en nuestra confrontación de los siglos XVIII y XIX; incluso hasta la independencia y después de esta. A pesar de las numerosas dificultades que las comunidades vivían en la época de nuestra visita a Colombia, me impresionó la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, grupos religiosos, ONG, sindicatos y defensores de los derechos humanos que buscaban paz y justicia, además de idear un acompañamiento humanitario a quienes habían sufrido las consecuencias del conflicto. Algunas de las víctimas nos pidieron generar conciencia sobre su contexto. Esto fue muy significativo, ya que en su nombre sostuvimos 36 reuniones con diferentes organizaciones e instituciones, incluyendo miembros del Gobierno, entre ellos el vicepresidente. Después publicamos nuestro reporte y hubo un llamado a un mayor compromiso por parte de Irlanda y de la Unión Europea con Colombia, e incluso se hizo el nombramiento de un representante especial para la paz en el país de parte de la Unión Europea.  ¡Han pasado siete años!  Este conflicto parece no tener solución, pensábamos como externos durante nuestra visita en 2010. Sus raíces eran tan profundas y el dolor del país tan intenso, que un nuevo espíritu parecía imposible ante el dolor de 220.000 personas asesinadas, 6.400.000 desplazadas, 11.000 mutiladas o asesinadas por las minas y 7.000.000 en la unidad de víctimas del Gobierno. Y en mi país sucedía lo mismo, la esperanza y el deseo de un futuro mejor se ejercitaron y prevalecieron. En Irlanda entendemos las decisiones difíciles y dolorosas que implican la paz y la reconciliación. Los conflictos son diferentes y tienen elementos únicos, pero ponemos a disposición de Colombia nuestra experiencia en la construcción de paz de los últimos años. Así mismo, la Unión Europea ha establecido un fondo fiduciario para apoyar los diferentes proyectos en Colombia, e Irlanda se ubica en el centro de este apoyo que tiene una profunda dimensión de ayuda humanitaria. Tal como dijo el presidente Santos durante la entrega del Premio Nobel, “como la vida en sí, la paz es un proceso que tiene muchas sorpresas”. En Irlanda entendemos que estos temas no se resuelven de la noche a la mañana en un proceso lineal sencillo y que el compromiso de todos los actores es importante para que el premio mayor, que es la paz, valga la pena. Resaltamos que después del resultado del plebiscito, el presidente Santos aceptó los resultados y llamó al diálogo nacional e invitó a los que se oponían al proceso a participar de manera constructiva. En Irlanda vivimos circunstancias similares durante el proceso de paz, pero lo digo una vez más: la flexibilidad es la amiga del éxito en la negociación, de ahí la importancia de la intensidad y la positividad con la que los actores comprometidos encaren el camino. Sin embargo, nadie subestima los retos que implica la implementación del nuevo acuerdo en temas como el marco de justicia transicional, el desarme y el establecimiento de un ambiente seguro para todos los ciudadanos colombianos. Es necesario poner en práctica las políticas negociadas. La voluntad conjunta debe permitir la discusión y construcción de nuevos métodos de economía global que enfrenten desafíos como el desarrollo sostenible y el cambio climático, además del comercio, la educación, la ciencia y la tecnología. En esta época de crisis humanitaria global el mundo tiene mucho que aprender del proceso de paz en Colombia. La discusión sobre desplazamiento, desarme, reconciliación y posconflicto son muy importantes para todas las naciones. Desde la década en que comenzó el conflicto en Colombia, en el mundo se han logrado más de 200 acuerdos de paz. Y si bien se debe tener cuidado para no hacer una comparación simplista entre los países y sus conflictos, ya que tienen particularidades, los obstáculos y retos que deben encarar quienes diseñan las soluciones son similares. Los procesos de paz, exitosos o fallidos, son guías en contextos diferentes. El día de la histórica firma del Acuerdo nos conmovió escuchar al presidente Santos decir que este logro se había inspirado en la experiencia de Irlanda del Norte. Otro caso de éxito fue el de Sudáfrica, pero es importante señalar que los resultados se logran luego de evaluar los propios fracasos e intentos por negociar la paz. Déjenme expresar mi admiración inequívoca por quienes han participado en la negociación de este momento de esperanza y posibilidades para Colombia. Ha sido una lucha difícil y larga que requiere de voluntad para crear las bases sólidas de un mejor futuro, de emancipación del conflicto, de mirar más allá de las incompatibilidades y reemplazar la batalla armada por un espíritu de paz y reconciliación. Debo destacar que el desarrollo del proceso de paz en Colombia ha sido innovador y es admirado en el mundo, ya que ha enseñado cómo un conflicto que parecía interminable recorre un camino con soluciones sostenibles.  La paz duradera no niega las causas  Se requiere un compromiso con las causas subyacentes del conflicto. El escritor colombiano William Ospina habla de la importancia de que todos los escritores traten de comprender los eventos del pasado en Colombia con el fin de capturarlos de manera memorable:  Hay muchos relatos, muchas narraciones y muchos testimonios. Lo más importante será que todos tratemos de convertir en algo asimilable y en memoria lo que ha sido solamente tragedia, dolor y asombro.  Un llamado general a la memoria no debe afectar ninguna forma de amnesia falsa o de acomodación, de conveniencia. No podemos traer de vuelta una persona asesinada ni restaurar una construcción, así que el acto de hacer memoria es una consecuencia ética inescapable, desde lo personal hasta la construcción de memoria colectiva. El compromiso con el pasado revela una negociación compleja de diferentes emociones por parte de quienes han sido afectados por un conflicto: cómo recordamos, perdonamos y olvidamos no es una tarea meramente académica. La escritora Hannah Arendt lo plantea desde la formulación de soluciones hasta el reto de vivir la paz, de cómo podemos cohabitar, dejar de lado lo que nos hace diferentes y ponernos en los zapatos ajenos para tener mayor empatía. El recuerdo no debe incapacitar la posibilidad del presente y el futuro, sino que, pese a lo doloroso que pueda ser, debe conducir al perdón y a liberar el dolor. Esto me lleva al anuncio que se hizo desde La Habana en junio de 2014, cuando una declaración de principios marcaba un compromiso para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia total. Fue un momento tan histórico como el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por primera vez las Farc y el Gobierno escucharon en detalle a las víctimas y se gestó tanto el deseo de clarificar la verdad sobre los hechos de violencia, como la responsabilidad de quienes los cometieron, lo cual conllevó a la formulación de una justicia transicional. También se articularon principios de una metodología sobre derechos de reparación y garantía de no repetición. La decisión de escuchar los niveles de abuso que tuvieron que encarar 60 víctimas de violaciones de derechos humanos fue significativa, sin precedentes, y puso de relieve la necesidad de ubicar a las víctimas de todos los conflictos en el centro de las negociaciones. Colombia le mostró al mundo que no puede haber una dicotomía oscura entre la justicia y la paz, y debe prevalecer la comprensión de las relaciones entre ambos objetivos. Una paz duradera debe garantizar que las causas principales que ocasionaron el conflicto se solucionen, o de lo contrario se perpetuarán injusticias intergeneracionales. La pobreza se deriva de la desigualdad y no debe ser analizada como parte de una cultura de clases o diferencias étnicas o lingüísticas, y así lo deben entender quienes han vivido en estas condiciones. Esta experiencia ha sido parte de la historia irlandesa. Tampoco podemos olvidar que el testimonio de los testigos de primera mano y de los sobrevivientes del conflicto es lo que les permite a las nuevas generaciones entender la verdad de lo que ha sucedido, y, como una cultura antigua con una canasta oscura, los capacita para llenarla de vida en sus propios tiempos. De hecho, el acceso a la verdad fue uno de los derechos que con toda razón reclamaron las víctimas en el proceso de negociación. La verdadera reconciliación exige mucho más que un acuerdo político y se basa en las experiencias de quienes han sido afectados por el conflicto. Después de 20 años de nuestro acuerdo, en Irlanda la reconciliación sigue siendo un reto. La conciliación es una parte esencial en toda paz sostenible. Incluye reconocer que los dolores del pasado no se olvidan, pero el futuro está vivo y lleno de posibilidades que no han nacido. Así, el pasado no se debe disolver sino utilizar como un acto de imaginación y creatividad que se interponga a la memoria trágica presente y futura. El acto de perdón, sin embargo, no es sencillo y es necesario amar de manera ilimitada. Exige un alto nivel de generosidad capaz de trascender la venganza o la amargura para lograr una discusión verdaderamente reconciliadora. Lo muestra el reflejo exitoso de los procesos internacionales.  El acuerdo de paz es una inversión social  Colombia y su amarga lucha de 50 años muestra los costos de la distribución desigual de tierras: en un legado de desplazamiento interno, más de seis millones de personas han sido despojadas de sus territorios y muchos fueron obligados a buscar refugio en otras partes. En 2010, durante mi visita parlamentaria se nos informó sobre una importante reforma que se llevaría a cabo en 2011 a través de una ley de restitución de tierras. Cuando empezaron las negociaciones de paz se habló de una reforma rural integral que les restaurara a las víctimas sus derechos e impulsara una renovación radical de todas las condiciones sociales y económicas en las cuales viven más de once millones de colombianos. La meta, como dice el Acuerdo, grosso modo es “transformar la realidad de la vida rural con igualdad, equidad y democracia”. Puede sonar ambicioso pero no se debe discutir como algo utópico, es necesario y se puede lograr; lo requieren los futuros colombianos, pero también los demás habitantes del planeta, ya que necesitamos crear nuevos modelos de conexión entre ecología, economía y ética. En América Latina hay un logro importante de esas simetrías. Al venir de Irlanda, con un millón de hectáreas de tierra arable, la escala de la ambición del Acuerdo colombiano con su compromiso de restitución y formalización de títulos de diez millones de hectáreas de tierra, en 12 años, es impresionante. No solo es la visión de un proceso legal de reformas de tierra, sino una inversión social con base en principios de equidad, sostenibilidad, protección ambiental y dignidad. También es destacable la conformación de una corte institucional rural que ayude con transparencia y se base en el Estado social de derecho para resolver los problemas de tierras. El reto es inmenso para una reforma rural e integral. En Irlanda lo seguimos viviendo casi un siglo después de nuestra independencia. Ahora hay sociedades vibrantes, iguales y económicamente sostenibles, pero eso no es fácil de nutrir, y el legado tanto sicológico como físico del conflicto en Colombia hace que el desafío sea mayor. El Acuerdo proyecta una visión en la que no solamente se trabajará por un pueblo sino por un sistema sostenible de producción y propiedad de la tierra, en el cual las mujeres, que han sido afectadas de manera desproporcionada, son muy importantes. Flavia Pansieri, directora adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconocía que uno de los grupos más impactados por el conflicto armado en Colombia son las mujeres:  En vista de esto, y porque constituyen la mitad de la población, es prioridad total incluir a las mujeres en los procesos de toma de decisiones, escucharlas y tomar sus posiciones sobre la paz, el desarrollo del país y las políticas públicas de derechos humanos.  En Colombia las mujeres asumieron gran parte de la carga del conflicto como víctimas y como participantes en la reconstrucción de las comunidades afectadas por las atrocidades de la guerra. Un acuerdo sostenible requiere de su presencia, tal como se evidenció en la mesa de negociación. El acuerdo de 2014 para crear una subcomisión de género, que retó la exclusión histórica de mujeres en la construcción de la paz, fue importante para lograr un acuerdo final, pues estableció las bases para construir una sociedad inclusiva que respetara las voces de todos los miembros. Tenemos que reconocer y felicitar el establecimiento de una subcomisión de temas indígenas y afrocolombianos. Su importancia se queda en mi mente por mi visita a Buenaventura en 2010. Creo que la subcomisión es única y su potencial es tan innovador que muchos países van a tomarla como ejemplo en procesos futuros. En el caso de Irlanda, nuestra lucha por la paz logró un acuerdo importante (en 1998) que nos permitió construir una amistad profunda con nuestro vecino, el Reino Unido. Sin embargo somos conscientes de que nuestro proceso continuará hasta que el destino de reconciliación creativa y duradera se haya logrado. Así que yo veo en el Acuerdo de Paz colombiano el profundo compromiso de los negociadores que escribieron durante cuatro años un texto complejo, ambicioso e inteligente, pero también una marca indeleble de los grupos de la sociedad civil colombiana. Las organizaciones de mujeres, comunidades indígenas y afrocolombianas, campesinos, grupos de víctimas, entre otras, han contribuido no solo al Acuerdo sino también a la arquitectura del proceso de negociación en sí. Que yo sepa, este compromiso iterativo con la sociedad civil, con la negociación, es único y, como mencioné, particular por el establecimiento de las subcomisiones de género, base para las nuevas negociaciones de paz que vienen en todo el mundo. En mi propia experiencia, de más de 40 años como legislador, senador, ministro y ahora presidente, he sido testigo de muchas de las transformaciones positivas en Irlanda, y que tienen su origen en el activismo de la sociedad civil, la igualdad total de hombres y mujeres, la protección de nuestro ambiente, la herencia cultural, el matrimonio igualitario y el avance de los derechos de la población lgbt, así como nuestra legislación contra la corrupción y en pro de la transparencia. En este contexto, es evidente la naturaleza de la cálida relación que existe entre nuestras dos naciones, y sé que se puede profundizar no solo para recordar nuestro pasado o vidas actuales como ya lo dije, sino también para construir y compartir en conjunto un futuro rico en paz y prosperidad sostenible. Irlanda quiere ser un puente entre Colombia y la Unión Europea, que contribuya a afianzar el desarrollo de sus conexiones, pero también que Colombia sea un puente entre Irlanda y Latinoamérica. En este momento tan importante de la historia moderna, quiero desearles a los colombianos mis profundos deseos de una paz duradera y un futuro próspero e inclusivo. Nos da mucho gusto decirles que Irlanda, bilateralmente a través de la Unión Europea, seguirá contribuyendo al proceso de paz, y les digo a los líderes globales y a la gente de todo el mundo que aquí hay mucho que aprender de todo el proceso de reconciliación en Colombia.]]>
Política & Sociedad Sat, 18 Mar 2017 19:00:00 -0500
Colombia: ¿más educada o más pavimentada? http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/colombia-mas-educada-o-mas-pavimentada.html En 2011, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno nacional propuso impulsar...
Por más de dos años las universidades del país han presentado las críticas correspondientes al sistema de asignación y distribución de los recursos y, por supuesto, han formulado varios escenarios alternativos para organizar y mejorar la financiación a la ciencia, incluyendo la más obvia: que sea Colciencias, la entidad técnica del Estado, la que asigne los recursos. Hoy, el mismo presidente Santos propone descongelar esos recursos de las regalías no ejecutados, cerca de $1,5 billones. Pero, en una incomprensible propuesta, trasladarlos para la construcción de vías terciarias. Desde 2014 hemos pedido que se modifique la ley para que el 10 % de las regalías se destine a la investigación de manera más objetiva y técnica, evitando la baja ejecución por las razones expuestas. Lo que no se ha logrado en este lapso, ahora se va a obtener apoyados en el fast track legislativo, pero para quitarle los recursos a la investigación y destinarlos a la construcción de vías. Es decir que como la locomotora de la innovación jamás arrancó, se pretende deshuesarla y venderla por partes. El presupuesto de Colciencias en lugar de incrementarse pasó de $427.000 millones en 2013 a $276.000 millones en 2016, una disminución superior al 35 % de su presupuesto anual. Esto, como es obvio, también ha repercutido en la investigación y particularmente en el número de becas. Es así como en la Universidad Nacional de Colombia se pasó de tener 314 estudiantes de posgrado becados por Colciencias en 2014 a tan solo 75 en 2016. De forma similar, el Programa Jóvenes Investigadores de Colciencias pasó de apoyar a 197 jóvenes de la Universidad Nacional en 2014, a solo 50 en 2016. Puesto que el número de estudiantes de posgrado ha aumentado, la disminución porcentual de estudiantes becados por Colciencias es aún más impactante. Como se ve, se anhela que Colombia sea la más educada, pero se hace todo lo posible para que eso no se logre, pues tardíamente parece haberse comprendido que es más fácil y rápido pavimentar 1.000 kilómetros, que formar 1.000 nuevos doctores. Lastimosamente, de nuevo la academia solo encuentra muros de silencio en sus solicitudes y llamados de atención. Se está condenando a un “paseo de la muerte” a la ciencia, la innovación y la investigación. En efecto, a nuestras quejas, reclamos, sugerencias o solicitudes se nos responde con redireccionamiento a otras entidades con poco poder de decisión o muy limitados recursos. Eso se observa con la respuesta a la carta que el Consejo Académico de la Universidad Nacional le envió al señor Presidente de la República el pasado
10 de febrero, ante el anuncio del cambio de destinación de los recursos de regalías no ejecutados aún. Con sorpresa la directora jurídica de Presidencia respondió que se daba trámite de nuestra misiva al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación y a Colciencias. La remisión de la solicitud a estas dependencias es una clara forma de dilación. El cambio de destinación de $1,5 billones de regalías constituye un daño enorme para el apoyo de la ciencia y la investigación en el país y representa una visión atrasada y pobre en la consolidación del desarrollo de nuestra Nación. En lugar de hacer ciencia, desarrollar tecnología y solucionar con nuestro intelecto las necesidades del país, se prefiere cambiar el destino de estos recursos (no renovables), ya prometidos a la innovación, para dedicarlos a la construcción de vías terciarias. Hubiese sido incluso una buena oportunidad para apoyar la investigación en temas afines, para disminuir la adopción de tecnologías y métodos foráneos y empezar a desarrollar con nuestros investigadores y talentosos estudiantes la adecuada construcción de vías en la compleja geografía nacional. Colombia tiene una inversión en investigación menor que el 0,3 % del PIB. Los países que sobresalen en ciencia y tecnología invierten el 5 % de su PIB. No entiendo cómo, con estas “innovadoras estrategias colombianas”, que van en contra de todo sentido común, se pretende ser el país más educado de la región, ingresar al club de países desarrollados de la OCDE y consolidar una paz sostenible a largo plazo. Señor Presidente, confío en que su buen juicio y su capacidad de comprensión lo aparten de las asesorías inconvenientes, para que pueda tomar una decisión de líder, de estadista que entiende que lo primero para lograr la equidad es la educación. Una acción en ese sentido le ganaría el reconocimiento universitario de su verdadera visión.]]>
Educación Sat, 18 Mar 2017 18:59:00 -0500
30 días en la Universidad http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/30-dias-en-la-universidad-32.html Bogotá. Bebida de maíz dulce y aloe vera ofrece beneficios energéticos y nutricionales. Investigación & Creación Sat, 18 Mar 2017 18:58:00 -0500 Las armas son lo de menos… http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/las-armas-son-lo-de-menos.html El Acuerdo Final de Paz no ha dejado de contar con una frenética oposición, que proyecta acciones... fast track y de la voluntad política que han mostrado algunos sectores para comprometerse a cerrar el proceso cumpliendo con las responsabilidades asumidas.

 Tal vez el mayor problema de la implementación –en el campo de las ejecuciones del Gobierno– lo constituye la maraña de procedimientos jurídicos e institucionales que resultan tanto del ordenamiento estatal como de la normatividad existente que impide que dichos procedimientos y ejecuciones funcionen al ritmo que lo requiere cada momento; pero igualmente la sesgada priorización que el Gobierno hace de sus particulares urgencias, las que se centran en la dejación de armas por parte de las Farc y la sustitución de, al menos, 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito. La ruta de la implementación debe ir evacuando poco a poco una agenda legislativa que favorezca la materialización tanto de acuerdos en aspectos esenciales para que el proceso se haga irreversible, como de realizaciones prácticas que llenen de seguridades a quienes se van a reincorporar y a la sociedad en general. En ese sentido es relevante no perder de vista algunos aspectos. Amnistía e indulto  Primero. Fue necesario sacar la Ley de Amnistía e Indulto, Ley 1280 del 30 de diciembre de 2016, que posibilitó que las fuerzas insurgentes comenzaran a marchar hacia las zonas veredales transitorias de normalización con la mayor seguridad jurídica posible. Sin embargo, los amnistiados e indultados que aún se encuentran en las cárceles, y que representan una población aproximada de 3.000 prisioneros, no ven que el sector judicial y la Fiscalía se apersonen de la situación y comiencen a producirse las liberaciones pertinentes para que se desplacen a sus zonas, se
vinculen a los procesos de reincorporación y respondan, cuando tengan que hacerlo, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).  La Ley de Amnistía no solo favorece a los guerrilleros de las Farc, sino que además permite adoptar un tratamiento especial para terceros involucrados y miembros de la fuerza pública y otros agentes estatales que hayan sido sindicados, procesados y condenados por cometer delitos durante el desarrollo del conflicto armado.  Jurisdicción especial para la paz y las víctimas  Segundo. También ha tenido curso la aprobación de la JEP, escenario en el que tendrán trámite los procesos que no son amnistiables ni indultables por constituir crímenes de lesa humanidad y de guerra. Para ello se ha designado el Comité de Escogencia que se encargará de elegir a los 113 magistrados que formarán parte de dicha Jurisdicción. La Comisión está constituida por el magistrado José Francisco Acuña, de la Corte Suprema de Justicia, ex decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UN); el jurista peruano Diego García-Sayán, por parte de la ONU; el argentino Juan E. Méndez, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, del cual es presidente emérito; Álvaro Gil-Robles, abogado español designado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, y Claudia Vacca González, profesora de la UN, designada por el Sistema de Universidades Públicas. Tercero. El tema de la justicia está unido al de los derechos de las víctimas y al compromiso de reparación integral y no repetición que también dependen del éxito de la implementación. Sobre esta población, más allá de lo que se venía haciendo, es poco lo que se ha avanzado.  Estatuto de Oposición, reformas política y electoral  Cuarto. El proyecto del Estatuto de Oposición ya está listo, y seguramente pasará por el Congreso de la República para su aprobación. Este es un recurso político que estaba en mora de ser presentado y es una vieja deuda que se tiene con la Constitución de 1991, y en general con la democracia y las fuerzas políticas del país. Quinto. Las comisiones responsables de presentar ante el Congreso las reformas tanto políticas como al sistema de partidos y al sistema electoral vienen realizando un esfuerzo muy importante para presentar los respectivos proyectos de ley al mecanismo de fast track; es de esperarse que estos tengan trámite en los próximos tres meses, a más tardar.  Lo agrario está lejos…  Sexto. Los temas agrarios todavía están lejos de la agenda legislativa y su tratamiento está siendo muy sensible para ciertos sectores de la sociedad que le vienen haciendo la mayor oposición. Es importante recordar que la Reforma Rural Integral se considera estructural para la superación del conflicto; además, es complementaria al tema de los cultivos de uso ilícito en los cuales se avanza entre el diálogo con las comunidades y los acuerdos de erradicación concertada, y entre la confrontación directa y la imposición de políticas de erradicación forzada que desconocen el espíritu del Acuerdo en lo que se corresponde con el punto 4.  La mayor urgencia  No obstante el mayor problema de la implementación sigue siendo la crítica situación que afrontan las comunidades de las Farc en las zonas veredales transitorias de normalización. La adecuación de dichos espacios está siendo lenta e insuficiente para garantizar las condiciones dignas de quienes se concentran allí en el proceso de dejación de armas. Además merece la pena recordar que las zonas veredales servirán para darles impulso a los programas de reincorporación de cuyo éxito depende realmente la finalización de la guerra. El Gobierno tiene premura de que las Farc les entreguen las armas a las Naciones Unidas en el calendario que se ha propuesto para hacerlo, y de que se desarrollen las tareas de erradicación forzada. Esa organización está pensando en sentido más prospectivo y de mayor alcance. Para las Farc las armas no son lo importante, sino que se creen las condiciones para un proceso de reincorporación que sea irreversible. Porque si no es así, se vivirá permanentemente en una potencial situación de guerra y, como lo han señalado con frecuencia miembros de la insurgencia y varios especialistas, para empezar una guerra “las armas son lo de menos…”.]]>
Política & Sociedad Sat, 18 Mar 2017 18:57:00 -0500
México y Trump: el prejuicio y el mercado http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/mexico-y-trump-el-prejuicio-y-el-mercado.html Es la discriminación, y no la economía, la que explica el conflicto actual entre los dos países. A...
Aunque históricamente en los EE. UU. ha existido un sentimiento de rechazo a la población de su vecino del sur y siempre se dieron actos y reglas que hacían aflorar prejuicios soterrados contra este grupo nacional, lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 2016 tanto las presidencias demócratas como las republicanas habían mantenido un criterio general de buena vecindad con sus contrapartes mexicanas. Tal relación de cordialidad y de alianza tácita se robusteció a partir del soporte tripartito entre Canadá, Estados Unidos y México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA, por sus siglas en inglés), firmado en diciembre de 1992 y en vigor desde el 1 de enero de 2004. El TLCAN es un acuerdo sobre tarifas, gravámenes y circulación libre de mercancías que pronto se convirtió en un factor dinamizador de las economías de los tres países, por lo que el consenso interpretativo al mediar la segunda década del siglo XXI es que es beneficioso porque reposa en la complementariedad de sus respectivas economías. La alteración mayor, o la denuncia de este Tratado por parte del Gobierno estadounidense, con lo que el presidente Trump ha amenazado hasta la fecha, implicaría un descalabro mayúsculo para la economía mexicana. Durante la vigencia del TLCAN México se convirtió en el segundo socio comercial de los EE. UU., solo por debajo de China, mientras que las exportaciones netas mexicanas al país del norte suman un 71 % (291.000 millones de dólares). Por lo demás es cierto que existe un superávit favorable a México por 63.192 millones de dólares, aunque en contrapartida recibe importaciones estadounidenses por 230.959 millones de dólares. Ese contexto de amenazas de cancelación del Tratado, y la correlativa satanización de la población mexicana (en especial de las personas migrantes indocumentadas), articulados por Donald Trump en su campaña, incentivaron al Gobierno mexicano a una aventurada respuesta política que, a la postre, se ha revelado como muy desafortunada. El presidente Peña Nieto invitó al entonces candidato republicano a una visita a México que se realizó el 31 de agosto de 2016. Más que los pormenores de la visita y sus consecuencias, importa destacar aquí el modelo de racionalidad política que dominó esta decisión de “invitar al enemigo a casa” y que, no obstante sus resultados negativos, se ha mantenido hasta la fecha como guía de acción de la política mexicana en su relación con el nuevo ejecutivo estadounidense. La intención declarada de la autoridad mexicana era informarle al candidato Trump acerca de la verdadera naturaleza de las recíprocamente beneficiosas relaciones económicas entre ambos países, con la expectativa de que, una vez este personaje tuviera clara la genuina situación económica, modificara su conducta a la luz de la información verdadera.  Respuesta equivocada  La visión del Gobierno mexicano responde a una idea de racionalidad económica neoclásica, conforme a la cual los sujetos económicos tenderán a actuar racionalmente –es decir buscando resultados optimizadores– si disponen de información pertinente para la orientación de sus actos económicos. El fundamento de la decisión racional (rational choice) neoclásica es el supuesto de que el conocimiento de aquello que produce beneficio económico para el sujeto lo llevará a descartar conductas contrarias a ese beneficio. Fue Amartya Sen quien formuló una crítica radical a este modelo de racionalidad que supone una reducción de las motivaciones del sujeto a los beneficios pecuniarios optimizadores que promueven su posición económica. Sen denominó con ironía rational fools (“tontos racionales”) a los sujetos que, guiados por otros móviles conductuales, son capaces de subordinar su interés económico a otro tipo de satisfacción. Y es en este juego de conductas estratégicas en el que el móvil discriminatorio adquiere un particular relieve para nuestro caso. La respuesta estratégica a los embates de Donald Trump ha sido equivocada porque ha supuesto un modelo de rational choice en ese gobernante en vez de uno de rational fool. Por decirlo de manera breve: la clave que explica el actual estado de cosas entre EE. UU. y México es la discriminación y no la economía. Mientras que el Gobierno mexicano pretende el convencimiento racional del presidente Trump según una forma mentis neoclásica, ese sujeto se comporta guiado por una pulsión marcada por el prejuicio y la estigmatización racial y nacional. Gary S. Becker, el famoso economista de la Universidad de Chicago, publicó en 1957 su innovadora obra The Economics of Discrimination (La economía de la discriminación), en la que acuñó el concepto de “gusto por la discriminación” (taste for discrimination), el cual se representa económicamente como la cantidad de dinero que un sujeto está dispuesto a perder o dejar de ganar con tal de afirmar su preferencia discriminatoria. El profesor Becker sostenía que la conducta reflejada por este concepto es económicamente irracional, pero se podría agregar que, no obstante su irracionalidad mercantil, es precisamente el tipo de motivación que explica una actitud constante como la del presidente estadounidense. Un error interpretativo agregado al prejuicio neoclásico ha sido el de contemplar los excesos y las incoherencias de este gobernante en clave de equilibrio o de salud mental. Esta perspectiva tampoco es correcta. Más allá de su particular talante personal, Donald Trump expresa una corriente de pensamiento profunda y estable: el racismo o supremacismo racial estadounidense y su profunda herida simbólica ante el riesgo de pérdida de su hegemonía demográfica y, desde luego, cultural. Esta corriente es la que ha encontrado con Trump condiciones políticas propicias para emerger en las instituciones formales. Si el Estado mexicano no es capaz de entender que es la discriminación y no el apetito pecuniario lo que mueve este proceso, será incapaz de definir su posición de una manera políticamente solvente. Esto no implica que la economía sea irrelevante, pero aquí, como en muchos otros casos, la economía sigue al prejuicio, y no al revés.]]>
Política & Sociedad Sat, 18 Mar 2017 18:56:00 -0500
Obras en el Magdalena arriesgan sustentabilidad del río http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/obras-en-el-magdalena-arriesgan-sustentabilidad-del-rio.html Antes de invertir miles de millones de pesos en el uso intensivo del principal sistema fluvial del...
Esa iniciativa no busca recuperar la navegabilidad, porque siempre ha existido, sino el aumento de la capacidad de carga con embarcaciones que muevan entre 800 y 1.000 millones de toneladas/año. Para ello es necesario transformar el canal navegable en cerca de 600 km. Solo entre Puerto Salgar y Barrancabermeja está contemplada la ejecución de 168 obras hidráulicas rígidas que incluyen 82 diques direccionales, 43 diques de alineamiento y 43 revestimientos. El mayor efecto ambiental de estas obras es que estarían modificando la movilidad natural del cauce activo y los procesos dinámicos y bióticos en el lecho mayor, las llanuras de inundación y las ciénagas asociadas. Según Óscar Alonso Vargas, gerente de Sustentabilidad del Consorcio Navelena (filial de Odebrecht),  “habrá unas obras piloto para saber cómo se comporta el río, las cuales serán las primeras que se construirán para la protección de las orillas, en las costas de las veredas Santo Domingo, de Barrancabermeja, y San Luis Beltrán, de Yondó”. Para los expertos en sistemas fluviales naturales, en el comportamiento de su composición, estructura y dinámica en el tiempo y el espacio es evidente que estas obras no pueden ser de “prueba y ensayo” para ver cómo se comporta el río. Por eso es muy importante que los colombianos comprendan que tratar de controlar los cauces activos o cuerpos de agua sin estudios técnicos adecuados provoca grandes daños, pues evita su dinámica o movilidad propia. Por otro lado, no se pueden pasar por alto los supuestos manejos de corrupción por parte de Odebrecht sobre el proyecto, dinero que seguramente iría en detrimento de los estudios a realizar y los manejos ambientales de las obras proyectadas.  Sistema natural  Comúnmente cuando se hace mención al río se hace referencia al cuerpo de agua, conocido técnicamente como “cauce activo”. Sin embargo los cauces fluviales representan un sistema natural en el que interactúan varios componentes fundamentales que son: cauce activo, lecho o cauce mayor, dique aluvial, llanura de inundación, ciénagas y delta. El cauce activo representa el cuerpo de agua en un momento determinado; puede contener islas fluviales, y barras y playas de arenas. Puede desarrollar diferentes formas de acuerdo con sus condiciones hidrológicas y sedimentológicas de un solo cauce de forma rectilínea, sinuosa o meándrica, o en varios cauces o brazos de formas tabulares (dos brazos paralelos), formas trenzadas o anastomosadas con varios brazos que se cruzan entre sí. El cauce activo del río Magdalena –con más de 1.500 km de longitud– presenta desde su nacimiento toda una diversidad de formas, con anchos que van desde unos pocos metros en su nacimiento hasta 1.800 m en aguas bajas y 2.700 m en aguas altas. En cuencas medias y bajas dicho cauce necesita movilidad para mantener su equilibrio hidro-sedimentológico e hidráulico. Este movimiento puede ser frontal y lateral sobre el denominado lecho mayor, el cual sirve para amortiguar naturalmente las aguas en periodos de invierno y fenómenos extremos (fenómeno de La Niña). En algunos tramos del río Magdalena este alcanza anchos de hasta de 5 km.  No aguanta más presión  Otros aspectos importantes que no se pueden perder de vista en relación con la sustentabilidad del río se relacionan con el hecho de que en la actualidad existen cerca de 950 títulos mineros legales, sin contar con las concesiones temporales, principalmente para la extracción de materiales de construcción (arcillas, limos, arenas, gravas) con fines de apoyo a las obras de infraestructura y los planes de vivienda social. Si bien estos propósitos sirven para fomentar el desarrollo del país, es importante valorar en conjunto los impactos ambientales que se están dando sobre el sistema natural con efectos sobre los cambios morfológicos de los cauces, que producen cambios de los regímenes de sedimentación y erosión, desbordes, rompederos e inundaciones. Dentro de los efectos también se encuentra el de la minería de oro en la cuenca Cauca-Magdalena que recibe los contaminantes de los desechos de la minería tanto legal como ilegal que por siglos ha utilizado mercurio, que es volátil a temperaturas altas y se concentra en suelos y sedimentos aluviales afectando la cadena de ecosistemas acuáticos y terrestres. De igual manera, en el área de influencia del río Magdalena se presentan 18 departamentos y 726 municipios, 115 de los cuales tienen sus cabeceras en el lecho mayor del río. La afectación realizada por los habitantes de esas zonas por sus necesidades de agua potable y el vertimiento de aguas residuales marcan un deterioro constante de este recurso hídrico, y los riesgos por inundaciones y desbordes en estas poblaciones mal ubicadas dentro del lecho mayor. Así mismo, el Magdalena presenta un gran número de ciénagas y grandes extensiones de llanuras de inundación, principalmente en la denominada depresión momposina que cubre una superficie aproximada de 23.000 km2, la cual es sometida a intensos procesos de sedimentación por la degradación de suelos y tierras interandinos y la alta presión de distritos de riego de la zona. Otro aspecto legal imperante a evaluar es la ronda hídrica. El Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se expidió el Código Nacional de Recursos Renovables, establece en su artículo 83, que “son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, entre otros, […] la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho […]”. Esta medida resulta inadecuada si se considera el río como un sistema natural, en el cual el cuerpo de agua es solamente un elemento. Algunos de los ejemplos anteriores llaman la atención sobre la alta presión que los colombianos estamos realizando en el río Magdalena y que lo vuelven un sistema fluvial vulnerable para generaciones futuras. Las entidades gubernamentales, la academia y la sociedad en general deben tomar acciones claras y eficaces para evaluar conjuntamente todos sus impactos y establecer medidas de restauración y conservación ambiental.]]>
Medio Ambiente Sat, 18 Mar 2017 18:55:00 -0500
Ley Estatutaria de Salud no se cumple http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/ley-estatutaria-de-salud-no-se-cumple.html Aunque la normativa propone grandes avances al concebir la salud como un derecho fundamental, y no...
En efecto, el artículo 26 de la Ley Estatutaria de Salud establece que “rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”. El único aspecto al que se le fijó un plazo de dos años para su implementación fue la definición de las exclusiones explícitas, es decir el listado de servicios y tecnologías que no serían pagadas con recursos públicos, según lo regulado en el artículo 15. Al respecto la resolución 330 hasta ahora crea el mecanismo científico-técnico participativo para definir dichas exclusiones y no lo que estaba ordenado, que era contar con el listado respectivo. Una revisión del articulado de la Ley evidencia su bajo nivel de cumplimiento a solo dos años de la expedición. Al respecto, los artículos 2, 5, 6 y 8, referidos a las obligaciones, se están vulnerando. Tal es el caso de los elementos esenciales y principios a cargo del Estado y de los agentes del sistema para garantizar el derecho fundamental a la salud. A juzgar por el aumento de tutelas interpuestas por la falta de acceso a bienes y servicios de salud, según la Defensoría del Pueblo el 64 % forma parte del Plan Obligatorio de Salud (POS). Los artículos 7 y 19 de la Ley Estatutaria de Salud ordenan una evaluación anual de “indicadores del goce efectivo del derecho a la salud” y la construcción de un “sistema único de información en salud” que dé cuenta de los elementos constitutivos del derecho, respectivamente. Tal evaluación no se ha realizado, en parte porque el sistema de información es fragmentado e incompleto. El artículo 9 obliga a actuar sobre los “determinantes sociales” de las desigualdades en salud. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto, más allá del establecimiento de la Comisión Intersectorial, casi inoperante, un deficiente avance del Plan Decenal de Salud Pública, altos niveles de corrupción de los programas sociales y un deterioro de los territorios y el medioambiente. El artículo 11 ordena priorizar los sujetos de protección especial, como niños, adolescentes, mujeres gestantes y víctimas de violencia, entre otros. Este mandato contrasta con, por ejemplo, el cierre de camas pediátricas en todo el país denunciado por la Sociedad Colombiana de Pediatría debido a la poca rentabilidad para los actores privados del sistema, o la indignante mortalidad infantil por desnutrición en La Guajira. La participación social regulada por el artículo 12, junto con lo ordenado por la Ley Estatutaria de Participación en condiciones vinculantes para el Estado, ha sido reducida a consultas parciales, discontinuas y poco representativas del conjunto de las ciudadanías. La Ley también prohíbe la “negación de servicios”. Para ello, el artículo 14 le ordena al Congreso establecer “sanciones penales y disciplinarias tanto de los representantes legales de las entidades a cargo de la prestación del servicio, como de las demás personas que contribuyeron a la misma”. Pero esta normativa no existe. El proceso de precarización laboral del personal de la salud aumenta debido al incumplimiento total del artículo 18 que establece el “respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud”, quienes “estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos, de acuerdo con las necesidades institucionales”.  Acciones insuficientes  De otra parte, mientras que Colciencias y las universidades públicas ven reducir su presupuesto y se incrementa la dependencia tecnológica, se incumple el artículo 22 que ordena la formulación de una política de ciencia, tecnología e innovación en salud orientada –según la Corte Constitucional– a generar conocimiento que determine, entre otras, la efectividad de las tecnologías utilizadas en el país. El artículo 23 sobre política farmacéutica –modulado por la Corte Constitucional para afectar toda la cadena de los medicamentos– ha avanzado parcialmente al definirse un techo de precios para algunos medicamentos y al negociarse con Novartis el precio del Imatinib, como dueño de la patente. Esto resulta insuficiente para impactar uno de los renglones más críticos para la sostenibilidad financiera y la eficacia del sistema de salud. En relación con las exclusiones ordenadas por el artículo 15 el asunto es más grave, a la luz del mandato de la Corte Constitucional. La insistencia del Gobierno en mantener un plan explícito de beneficios “colectivos” y una serie de “prestaciones excepcionales” es opuesto al mandato de la Corte, que solo aceptó una definición taxativa de exclusiones. Esto quiere decir que todo lo que no sea excluido está incluido, y desaparecería el pos. El plan sigue porque el Gobierno sostendrá el contrato tácito con las EPS, es decir el pago per cápita (o UPC), con el consabido lucro que implica. Pero puede ser de otra manera: una administración pública, descentralizada y vigilada de los recursos públicos sería mucho más eficaz y sostenible, como lo ha demostrado Costa Rica, para no ir muy lejos. Medidas gubernamentales supuestamente enmarcadas en la Ley Estatutaria de Salud, como la Política de Atención Integral en Salud (Pais) y su Modelo Integral de Atención en Salud (Mias), el modelo Guainía de asegurador único en territorios dispersos, el decreto 2353 de 2015 que actualiza y regula la afiliación, la resolución 1328 de 2016 que elimina los comités técnico-científicos, son ejemplos de la decisión de mantener inamovible el modelo Ley 100, actuando en el borde de la inconstitucionalidad y renunciando a repensar un modelo de salud distinto para el país. En este escenario se insiste en que sea el Congreso de la República la instancia que reorganice el sistema de salud de acuerdo con la Ley Estatutaria de Salud y la jurisprudencia constitucional de fondo, por medio de una ley ordinaria.
Se trata de garantizar el derecho fundamental, autónomo e irrenunciable a la salud a partir de un gran pacto social y político nacional, frente a la construcción de una sociedad en paz.]]>
Salud Sat, 18 Mar 2017 18:54:00 -0500
<em>Software</em> localiza focos epilépticos http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/emsoftwareem-localiza-focos-epilepticos.html A partir de registros electroencefalográficos (EEG) tomados del cuero cabelludo, el sistema...
Hace 14 años la epilepsia se convirtió en una compañía desafortunada para esta madre de tres mujeres. Aunque hasta el momento ha aprendido a “domarla” con medicamentos, cada día desea que sus hijas, quienes heredaron la enfermedad, tengan una mejor calidad de vida a pesar de padecerla. Mónica y sus hijas forman parte de los 50 millones de personas de todas las edades que en el mundo padecen este trastorno crónico, lo que convierte la epilepsia en la causa neurológica de defunción más común, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Yuli Osorio Laserna, neuróloga del Hospital de Caldas, recomienda realizar tomografías –o resonancias magnéticas– y electroencefalogramas con el fin de obtener un diagnóstico precoz y comenzar de inmediato un tratamiento, al que responde aproximadamente un 70 % de los pacientes, indican estimaciones de la OMS. Uno de los tratamientos consiste en una cirugía, por medio de la cual se remueve el tejido de la corteza cerebral que está generando los ataques. Juan David Martínez Vargas, doctorando en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UN) Sede Manizales, explica que se realiza en diferentes etapas. Lo primero que hace el neurólogo es apoyarse en la historia clínica del paciente, luego toma registros EEG y le pregunta por lo que siente antes de sufrir el ataque. Una vez establecidas las primeras características, se implanta una malla de electrodos intracraneales directamente en la superficie del cerebro. La información obtenida del procedimiento sirve para identificar cuál es la parte del cerebro que está originando la especie de “corto circuito”, y que se debe extirpar. “El riesgo de la cirugía es que todas las partes del cerebro tienen actividad neuronal asociada, es decir que si se remueve una parte, la actividad relacionada con esa área puede verse afectada, por lo que quizás el paciente pierda el movimiento de un brazo o de una pierna, o su capacidad de hablar”, señala. Esta situación motivó al doctorando Martínez Vargas a diseñar un software que identifica con precisión la zona del cerebro que provoca el ataque de epilepsia, sin recurrir a la cirugía intermedia, es decir al implante de la malla de electrodos. Sustento del diagnóstico Para validar la herramienta, el investigador utilizó una base de datos de tres pacientes suministrada por el Laboratory for Clinical and Experimental Neurophysiology, Neurobiology and Neuropsychology, del Hospital Universitario de Gante (Bélgica). Los datos tenían registros EEG en los ataques de epilepsia de las tres personas estudiadas, una con tres ataques, otra con dos y la última con uno. Igualmente proporcionaron las resonancias magnéticas de los sujetos antes y después de que el médico los tratara, además de la segmentación a mano del área removida por el especialista. “Con la resonancia magnética se creó el modelo del cerebro de cada uno de los pacientes. Después, con los registros EEG y este modelo del cerebro, se mapeó la actividad registrada en la corteza cerebral durante el ataque de epilepsia. De ahí se identificó cuál era el foco de la actividad epiléptica de todas las regiones del cerebro activas durante el ataque”, precisa el doctorando. El software desarrollado en la UN Sede Manizales se estructuró en dos etapas: la primera permitió encontrar las áreas con actividad epiléptica, y la segunda detectar las áreas que originaban el ataque. Según el investigador, uno de los problemas es que la epilepsia es una enfermedad que produce una red de actividad en el cerebro, es decir que se crea en un punto específico y se propaga a otras áreas, aunque estas no son las que realmente generan los ataques. “Los métodos propuestos por el Grupo de Investigación de Procesamiento de Señales, de la un, identifican en toda la información recogida el área exacta en la que se genera la epilepsia dentro de la zona que el médico removió”, asegura el estudiante. Sin embargo es necesario hacer una validación más rigurosa de los algoritmos propuestos. El sistema ayudará a planificar la cirugía de pacientes con la enfermedad, porque le indicará al neurocirujano la región del cerebro que produce los ataques para extraerla y así curar al paciente. La siguiente tarea del grupo de investigación es validar el método con más datos y aplicarlo en pacientes colombianos.]]>
Ciencia & Tecnología Sat, 18 Mar 2017 18:53:00 -0500
Algodón transgénico, ¿paquete chileno? http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/algodon-transgenico-paquete-chileno.html Una investigación adelantada en Tolima y Córdoba evidenció que, una década después de su debut, las...
Aspectos como baja rentabilidad económica; mayor presión de plagas y enfermedades; altos costos de los insumos; bajos rendimientos de la fibra y poca adaptabilidad de los materiales transgénicos también han sido responsables de la disminución en un 95,3 % de la siembra de algodón en el país. Una investigación adelantada en los municipios de El Espinal y Guamo, en Tolima, y de San Carlos, San Pelayo, Cereté y Ciénaga de Oro, en Córdoba –las regiones algodoneras más representativas del país–, demostró que la introducción en 2003 de las primeras variedades de algodón genéticamente modificado no ha cumplido con las expectativas de aumentar la productividad y los ingresos económicos de los agricultores. En Cereté existen 607 lotes destinados a la siembra de algodón, de ahí la importancia socioeconómica de este cultivo en el municipio, conocido como “la capital del oro blanco”. De otra parte, en El Espinal existen 352 lotes y entre ambas zonas representan el 80,4 % del área total sembrada con esta fibra textil vegetal en el país. Pese a la notable disminución en la siembra de algodón desde hace tres décadas, los agricultores de estas zonas han persistido con la esperanza de obtener utilidades en cada temporada. “En Córdoba predomina la agricultura campesina familiar en fincas pequeñas; los integrantes de los hogares son los encargados de la mano de obra para recoger el oro blanco que ahora es escaso”, afirma Pedro Hernán Rodríguez, estudiante de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (UN) Sede Bogotá. El análisis realizado por el futuro magíster incluyó datos estadísticos y consulta a actores de la cadena productiva del algodón en las zonas de estudio, lo cual permitió comparar el área sembrada y el rendimiento del algodón transgénico y convencional; determinar la rentabilidad, e identificar los factores que han influido en las variaciones registradas de producción. Desequilibrio ecológico El algodón transgénico cultivado en el país es de tecnología Bt y rr, es decir resistente a insectos y al glifosato, y tolerante a herbicidas. Por tanto, ofrece protección contra plagas de lepidópteros como el bellotero (Heliothis virescens, Helicoverpa zea), el rosado colombiano (Sacadodes pyralis), el rosado de la India (Pectinophora gossypiella) y el de las hojas (Alabama argillacea). Una de las características de los sistemas de producción agrícola en las zonas de estudio es la presencia de cultivos transitorios de arroz y maíz. Mientras en El Espinal el algodón se siembra durante el primer semestre del año y en el segundo semestre se rota con arroz, en Cereté se cultiva entre agosto y enero y luego se rota con maíz, por lo general transgénico, con tecnologías Bt y RR. Sin embargo, la rotación entre dos organismos genéticamente modificados ha generado un desequilibrio ecológico por el aumento de las poblaciones de las principales plagas del cultivo que no son controladas por la tecnología Bt, como Spodoptera sp. y picudo del algodonero (Anthonomus grandis) que, según datos de la Confederación Colombiana del Algodón (Conalgodón), ha generado pérdida de sostenibilidad y reducción de las áreas de cultivo. Esta situación ha incrementado el uso excesivo de insecticidas en los últimos años. Algunos productores consultados aseguraron que en Córdoba se están realizando hasta 13 aplicaciones y en Tolima hasta cinco por ciclo productivo para el control de plagas. “Los insecticidas utilizados pertenecen a las categorías toxicológicas Ib y II, lo cual indica el alto riesgo de contaminación del medioambiente y la afectación a organismos acuáticos, aves, invertebrados, seres humanos y mamíferos. Además, ante la pregunta de si ha habido una reducción en el uso de insecticidas con el algodón transgénico, el 76,5 % de los productores encuestados manifestó que no, mientras el 23,5 % afirmó que sí”, explica el investigador Rodríguez. Ramón Sánchez, productor algodonero de Cereté desde hace más de 20 años, cuenta que con la semilla convencional se sembraban hasta 30 kilos por hectárea, mientras ahora solo usan de ocho a 10 kilos de material transgénico para esta misma siembra esperando la misma producción; sin embargo, el costo de la semilla excede en un 300 % a la convencional y para conseguir ganancias considerables es necesario tener tecnología y buenas prácticas de cultivo, lo que no siempre está al alcance de los campesinos. Pérdidas económicas En Cereté la mayoría de los cultivos de algodón no cuenta con sistemas de riego, por lo que el 74,6 % de los lotes sembrados suple sus necesidades hídricas con las lluvias, lo que incrementa el riesgo de pérdida de la cosecha y disminuye los rendimientos cuando se presentan eventos climáticos como el fenómeno de El Niño. Por el contrario, en El Espinal el 98,6 % de los cultivos utiliza riego por gravedad. Si bien este sistema genera impactos ambientales negativos debido a que requiere mayor consumo de agua y genera problemas de drenaje y salinidad, ha demostrado que las variedades de algodón transgénico presentan mejores rendimientos en condiciones de riego que en condiciones de secano, es decir cuando se toma únicamente el recurso hídrico que proviene de la lluvia. La investigación también demostró que en 2015 los productores del Tolima reportaron una utilidad promedio de 782.901 pesos por hectárea, pero los cordobeses perdieron en promedio 313.095 pesos por hectárea entre 2014 y 2015, a pesar de tener costos de producción más bajos. Dentro de las razones enumeradas por Pedro Hernán Rodríguez se encuentra el hecho de que en la costa Caribe existe mayor presión de plagas, menor acceso a maquinaria agrícola y no se acostumbra realizar análisis de suelos ni foliares, lo cual genera costos innecesarios en fertilización y acumulación de sales que aceleran los procesos de desertificación. En cambio en el Tolima, teniendo en cuenta que el algodón se rota con arroz –que es un cultivo altamente tecnificado–, cada temporada se realizan análisis de suelos que permiten implementar programas de fertilización. Esta práctica y la disponibilidad de riego es quizá una de las causas por las que el rendimiento es más alto. El estudio también sirvió para constatar que aunque el algodón transgénico es tolerante a la molécula de glifosato y efectivo en el control de maleza, la tecnología de esta semilla no responde a las plagas actuales de los cultivos, probablemente porque no fue diseñada para las condiciones climáticas del país. El investigador concluye que la falta de tecnificación y de buenas prácticas en varias regiones no ha permitido que este sector productivo recupere sus ganancias y la tendencia a la baja siga predominando en ambas regiones algodoneras, lo cual indica que la siembra de algodón genéticamente modificado no ha tenido los resultados esperados atribuidos a la tecnología. ]]>
Desarrollo rural Sat, 18 Mar 2017 18:52:00 -0500