UNPeriodico http://www.unperiodico.unal.edu.co/ UNPeriodico es UNPeriodico http://www.unperiodico.unal.edu.co/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif http://www.unperiodico.unal.edu.co/ 18 16 UNPeriodico TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Sat, 29 Jul 2017 19:00:00 -0500 UN Periódico Impreso No. 211 http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/un-periodico-impreso-no-211.html Descatado UNPeriodico Sat, 29 Jul 2017 19:00:00 -0500 Ciénagas y manglares del Caribe podrían desaparecer http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/cienagas-y-manglares-del-caribe-podrian-desaparecer.html Para evitar la pérdida del patrimonio en biodiversidad de estos testigos silenciosos del cambio...
Para Orlando Rangel, investigador del ICN, las ciénagas y los manglares “garantizan el mantenimiento y equilibrio de los sistemas hídricos, ya que cuando el caudal de los ríos aumenta, las ciénagas almacenan agua previniendo inundaciones. Luego, en la época de menor creciente, el agua regresa a los afluentes”. Sin embargo, por la deforestación la Tierra está perdiendo su paraguas natural, con lo cual se acelera la erosión; entonces cuando llueve se transportan más materiales sólidos (sedimentos) hasta los ríos, los cuales, a su vez, ya no devuelven agua sino barro, lo que termina taponando las ciénagas. En 2012, los profesores Rangel y Alexis Jaramillo, del ICN, observaron que la tasa de sedimentación (velocidad a la que las ciénagas se van llenando de material sólido) ha aumentado. Por ejemplo en El Sordo, al sur del Cesar, es de 2,97 cm/año; si la tendencia se mantiene, esta desaparecería en 70 años. En la ciénaga Vaquero es de 1,53 cm/año, es decir que le quedaría una vida útil de 200 años, mientras que en la Morales es de 0,97 cm/año, ante lo cual se taponaría en unos 200 o 300 años.  Primero fueron bosques  En 2016, una de las imágenes que impactó a Yennifer García –doctora en Ciencias-Biología– durante su trabajo de campo fue la impresionante belleza de la Ciénaga Grande de Lorica (Córdoba), la cual se conserva a pesar de la contaminación, transformación y deforestación originadas por el hombre. Allí, en diferentes puntos del sistema cenagoso como el pantano Cigarro, cerca del municipio de Chimá, al sur de la Ciénaga Grande de Lorica, la investigadora recogió con una sonda rusa (dispositivo en acero inoxidable que permite recuperar sedimentos antiguos) numerosas muestras de sedimento a varios metros de profundidad, que viajaron en frascos herméticamente sellados hasta el Laboratorio de Paleoecología de la UN Sede Bogotá. Una vez en la capital del país, cada muestra se sometió a un cuidadoso proceso químico con ácidos que desprendieron de la tierra minúsculos granos de polen; su análisis mostró que 7.346 años antes del presente (AP) imperaba un bosque de tierra firme y vegetación inundable que por las temporadas secas se fue convirtiendo en un sistema pantanoso. La tendencia cambió hace 6.570 años AP, cuando el pantano fue ganando territorio con respecto al bosque y la vegetación acuática se consolidó en una época húmeda, según señala el polen analizado. Estos resultados indican el desarrollo de un ambiente que los expertos llaman “espejo de agua de las ciénagas”, es decir una especie de lago o charco. Tal dinámica se mantuvo hasta el siglo XVIII, cuando se presentó el último pico del bosque; a partir de ese momento, aunque la tendencia climática no cambió, dicho ecosistema presentó una dramática caída que marcó el inicio de su desaparición. Este mismo fenómeno, aunque en menor medida, ha sido observado por los investigadores en los últimos 200 años en ciénagas como Mata de Lata (Ciénaga Grande de Lorica), Vaquero, Juncal, Morales y Costilla, en el sur del Cesar. Por el contrario, el bosque se mantiene en ciénagas como Castañuelo y Explayao (Ciénaga Grande de Lorica), además de Musanda, también al sur del Cesar. Al respecto, la bióloga García señala que “a lo largo de la historia los cambios han dependido de múltiples variables. Nuestro estudio no se enfocó en una época específica, pero vemos que el incremento de la deforestación en los últimos años y el auge de las obras civiles ejecutadas por el hombre coinciden con el fuerte proceso de colmatación de las ciénagas”.  Amenazados por el mar  Los científicos dedicados a la paleoecología hablan de un cambio que sucedió hace 800 años como si se hubiese dado hace unas horas, o incluso hace unos minutos; esta disciplina reconstruye la historia de los ecosistemas y las transformaciones que se dan por cambios de clima como lluvias, sequías, avalanchas e inundaciones. En ese contexto, con las rápidas transformaciones que se han dado en los últimos 200 años, y las que se proyectan, no solo peligran las ciénagas sino también los manglares. La colonización de estas comunidades vegetales –establecidas en ambientes con presencia de agua dulce (ríos) y agua salada (mares)– se consolidó, “apenas”, entre los siglos VI y XII en varias regiones costeras del país como Neguanje, en el Parque Nacional Natural Tayrona; la laguna de Camarones, en La Guajira; La Caimanera, en Sucre, y Cispatá, en Córdoba. Una de las razones de su surgimiento fue que el nivel del mar subió en estas zonas, donde las condiciones continentales del territorio dieron paso a la influencia marítima. Sin embargo la bióloga García señala que la línea del manglar empezó a disminuir en Neguanje hace unos 170 años AP: “inicialmente esta situación se podría asociar con un descenso del nivel del mar, pero cabe recordar que en aquella época se incrementó la actividad del hombre, y por lo tanto se empezó a extraer la resistente madera del manglar para la construcción”. Una barrera natural  La historia de los cambios naturales en los ecosistemas estudiados por los investigadores del ICN es muy variada y las tendencias pueden ser completamente opuestas a pocos kilómetros de distancia. Así lo demuestra la investigación realizada por Julián David Beltrán, magíster en Ciencias-Biología, en la Ciénaga La Caimanera, ubicada entre Tolú y Coveñas, en Sucre. El análisis de sedimentos con el acercamiento paleoecológico indica que hace unos 3.000 años AP predominaba una ciénaga de agua dulce. Sin embargo, al documentar también dos especies de crustáceos y moluscos más afines con aguas saladas, que datan de aquella época, se  documenta que el panorama empezó a cambiar cuando el territorio sufrió una metamorfosis que lo convirtió en manglar, y por ende le concedió condición marina  hace 700-800 años (aproximadamente siglo XII), la cual perdura en la actualidad. Otro de los hallazgos del estudio del magíster es el aumento del nivel del mar en La Caminera, con un incremento de los manglares en los últimos años frente a otros tipos de vegetación. Pero esta observación no implica un parte de tranquilidad: “tanto los archivos históricos como los pobladores de la zona dan cuenta de que el bosque de manglar se ha reducido en comparación con lo que era hace unos años, cuando cubría todo el golfo de Morrosquillo, donde se ubica La Caimanera”, advierte. Dicha reducción es preocupante, ya que este ecosistema protege la línea costera, es decir que sirve como “barrera natural” ante el incremento del nivel del mar, fenómeno que seguirá sucediendo en los próximos años por el derretimiento de los casquetes polares producido por el calentamiento global. De hecho, una investigación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (noaa, por sus siglas en inglés) estima que el cambio climático podría elevar los océanos 2,4 metros en promedio para 2100, unos 20 centímetros más que un cálculo anterior publicado en 2012. Al respecto, el biólogo José Ernesto Mancera Pineda, profesor de la UN Sede Caribe, señaló en octubre de 2016, en UN Periódico, que “el carbono que retienen los manglares en su biomasa y sus sedimentos permanece inmovilizado por miles de años, lo cual es muy importante para controlar el cambio climático, pues así estos contribuyen a mitigar emisiones de gases de efecto invernadero. Con la pérdida del manglar se afecta la posibilidad de retener dióxido de carbono por largo tiempo”.  Amenazas latentes  Una de las consecuencias del cambio climático se percibe durante la época de lluvias, cuando es más común ver imágenes de calles y casas inundadas por los arroyos que transitan por sus cauces históricos. De hecho, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) alertó que el 21,3 % del territorio nacional presenta alguna susceptibilidad de sufrir derrumbes e inundaciones. Los departamentos más vulnerables en la costa Caribe son Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena. “Este retrato nos recuerda a cada instante que Colombia es un país muy vulnerable al cambio climático, y que en consecuencia debemos tener en cuenta los desajustes en las épocas tradicionales de lluvias, que se asocian con este fenómeno”, comenta el profesor Rangel. Entretanto, a través de Aqueduct, simulador desarrollado por el profesor Andrés Díaz, integrante del Grupo de Investigación Ingeniería de Recursos Hídricos de la UN, se estimó que hacia 2030 se proyectan pérdidas por 1,3 billones de pesos por inundaciones, que a su vez podrían perjudicar a unas 255.700 personas y cobrar unas 218.000 vidas en todo el país. Además, según el Instituto de Investigaciones Marítimas y Costeras, el nivel del mar Caribe ha ascendido entre 15 y 22 centímetros en los últimos 100 años. De continuar esta tendencia, el 17 % del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podría desaparecer en 2100. Para los investigadores del ICN, el reto es que el Gobierno, la academia, las empresas y las comunidades trabajen conjuntamente en la definición de estrategias de protección para ecosistemas como las ciénagas y los manglares, un patrimonio que presta importantes servicios a la sociedad y a la biodiversidad de la región. En esa línea avanzan los estudios realizados por el grupo de investigación en Biodiversidad y Conservación de la Facultad de Ciencias de la UN, cuyos resultados permiten no solo comprender el pasado de las ciénagas y los manglares del país, sino también evidenciar la urgencia de transformar su futuro como testigos de primera mano del cambio climático.]]>
Medio Ambiente Sat, 29 Jul 2017 19:00:00 -0500
Regalías para ciencia: de la locomotora a la “revisatón” http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/regalias-para-ciencia-de-la-locomotora-a-la-revisaton.html La “locomotora de la innovación” anunciada con bombo y platillos por el Gobierno nacional nunca...
Metas consignadas en eslóganes publicitarios con bajo sustento técnico reflejan quizá la falta de comprensión en este tema: “Colombia, la mejor educada”, o “Colombia, la tercera más innovadora de América Latina a 2025”. En ese sentido, la “locomotora de la innovación”, ejemplo de metas no alcanzadas, pretendió llevar a Colombia a un modelo económico basado en conocimiento, dando valor agregado a productos que hoy intercambiamos. Como locomotora, requería condiciones que no se lograron: infraestructura, rutas, maquinistas idóneos y combustible (financiación). En el país la financiación de la ciencia, tecnología e innovación (CTeI) procede de: (1) Presupuesto General de la Nación transferido del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda) al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), (2) deducciones tributarias para quien invierta en CTeI, (3) recursos propios de instituciones del Sistema de CTeI y (4) Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías, la fuente más inestable pues procede de la explotación de los recursos naturales no renovables, y por ende finitos. Para la “locomotora de la innovación” se destinó el 10 % de las regalías, un logro efímero que jugó en contra de la financiación de la ciencia. Con la ilusión de contar con billones de pesos de regalías para CTeI, los recursos provenientes del MinHacienda para Colciencias no se aumentaron sino que, por el contrario, se redujeron, disminuyendo así la financiación de la investigación y los posgrados del país (ver gráfico). ¿Qué pasó con las regalías? El proceso de participación por las regalías estuvo mal diseñado. A continuación se relacionan algunos aspectos que merece la pena considerar, como por ejemplo la incapacidad de algunos departamentos (sin investigadores ni infraestructura) para atender con esos recursos las necesidades consignadas en el Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI). De igual manera, cualquier ciudadano puede presentar propuestas, aunque no siempre una buena idea equivale a un proyecto de CTeI, cuyos formuladores idóneos son los investigadores. Así, las gobernaciones evalúan propuestas, sin que –en ocasiones– se evidencien criterios de selección, proceso supeditado a la voluntad del mandatario. Solo los proyectos aceptados por la Gobernación llegan a Colciencias (Secretaría Técnica de Regalías para CTeI), donde se emite un concepto derivado de la evaluación por pares. Por último, un proyecto con valoración insuficiente para entrar al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), se ha interpretado como obstáculo de Colciencias o de las universidades (con asiento en el Ocad). De hecho, quienes desconocen el alcance de la investigación han calificado la evaluación de los proyectos –natural en la academia– como “panel de la inquisición” o como “animadversión” hacia un departamento. Bajo una gran presión política, hoy se asume que el problema es de tiempo y no de contenido, lo que ha conllevado a que el Departamento Nacional de Planeación promueva la “revisatón” de proyectos en “ocatones” con el mismo tecnicismo que los neotérminos. Para vías terciarias Ya sea porque los investigadores no lograron que sus proyectos llegaran al Ocad, o porque las gobernaciones presentaron proyectos sin buenas condiciones de calidad, se dejaron de ejecutar 1,3 billones de pesos. Por eso urge modificar el proceso de acceso a regalías, para no arriesgar el recurso de la ciencia en vías terciarias, en las que se ha evidenciado “ausencia de buenas prácticas en los procesos de contratación y ejecución” (Conpes 3857 de 2016 “Lineamientos de política para la gestión de la red terciaria”). Invertir en vías conlleva quizá a un impacto más tangible –¿elecciones?–, pero no suma al desarrollo sostenible basado en conocimiento. Aun si no existieran problemas de contratación asociados con las vías, 1,3 billones aportarían solo al 2 % del mantenimiento de la actual malla vial, es decir que tendrían un impacto limitado. Sin embargo con algo de voluntad política se podría mejorar de forma simple el protocolo de acceso a las regalías para CTeI, por ejemplo actualizando los PEDCTI; planteando problemas regionales; diseñando convocatorias públicas que incorporen formación de recurso humano; haciendo obligatorios proyectos interinstitucionales con transferencia de capacidades; evaluando proyectos en única instancia (Colciencias) con revisión por pares; y respetando que la ejecución de los proyectos aprobados en el Ocad esté a cargo de alguna entidad proponente (propiedad intelectual). Investigadores y políticos Colombia debiera concebir el conocimiento como un árbol de roble cuyos frutos y madera son usados en industrias, química, médica, naval y ferrovial. Sus frutos, las bellotas, se generan después de 20 años, con producción máxima entre 40 y 80 años. Así mismo, entre más años, mejor madera. No todos los robles logran prosperar; se sabe que solo una de cinco plántulas alcanza maduración completa con frutos. Las semillas se cuidan bien los primeros ocho años (con suministro constante de nutrientes y agua) para que sus posteriores raíces le den estabilidad durante la producción de bellotas. En un símil, el roble representa los proyectos de investigación, cuyos resultados (bellotas o madera) no se logran plantando semillas (propuestas de investigación) sin condiciones (financiación) sostenidas; antes de ocho años no se logran frutos, menos madera.  Al igual que con los robles, no en todos los proyectos de investigación se alcanzan los resultados esperados, pero de los que sí, la cosecha es abundante. Si los políticos decidieran invertir en robles no plantarían semillas buscando bellotas o madera a los tres o cuatro años de su gobierno, sino que sembrarían para que la siguiente administración reciba la cosecha. En esa misma dirección se han tomado decisiones que ponderan prototipos extranjeros sin contexto nacional: fusión del Sistema de Competitividad con el de CTeI, Sistema Nacional de Educación Terciaria, Plan Nacional Decenal de Educación. Se aspira entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) mostrando el país que anhelamos, pero no el que somos. Colombia en la Ocde no reflejaría per se un buen camino en ciencia y en educación. Becas doctorales, por ejemplo, no son una política; con dineros públicos se forma recurso humano de alto nivel para otras naciones. Los doctorados nacionales no tienen recursos porque el presupuesto de Colciencias está comprometido (65 %) en becas sin proyectos; no hay oportunidades para el retorno o la permanencia de quienes se están graduando, es decir, se trata de instrumentos mal diseñados que profundizan la brecha. Si Colombia valorara la ciencia y la educación se construirían de forma visionaria políticas de Estado con instrumentos articulados al recurso, lo que impactaría, entre otros, la oferta de la universidad pública, que sin duda hoy es la universidad más privada del país: privada de recursos, privada de infraestructura y privada de oportunidades de participación en la política pública.]]>
Educación Sat, 29 Jul 2017 18:59:00 -0500
30 días en la Universidad http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/30-dias-en-la-universidad-36.html Medellín. Snack de pulpa de mango deshidratado con potencial en el mercado. Investigación & Creación Sat, 29 Jul 2017 18:58:00 -0500 La UN apoya proceso de pensar el Ejército del Futuro http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/la-un-apoya-proceso-de-pensar-el-ejercito-del-futuro.html Desde la investigación y la reflexión académica es posible aportarle al Ejército Nacional elementos...
A partir de estos primeros contactos se formaliza la propuesta de adelantar –como parte de ese proceso de transformación del Ejército– unos “diálogos territoriales”, en los cuales se convoque de manera amplia y plural a representantes de la sociedad civil en los territorios a opinar sobre qué tipo de riesgos y amenazas a la seguridad creen que van a ser los fundamentales cuando las Farc abandonen los territorios por su proceso de terminación del conflicto armado, y cómo creen que debería ser el rol del Ejército en el posconflicto. Se define que el CPSDP –junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)–, usando la experiencia metodológica de los foros de participación, seríamos coorganizadores y también tendríamos a nuestro cargo la moderación y las relatorías de los diálogos territoriales. Además garantizaríamos que hubiera una invitación plural de la sociedad en los territorios, respeto por las opiniones de todos, y que las propuestas hechas por los participantes serían consideradas seriamente por el Ejército. En general se ha tratado de cumplir estos aspectos, aunque siempre haya cosas por mejorar y, en algunos casos, esto conlleve amplios análisis y debates. El primer ciclo de dicha iniciativa se trasladó a Tunja, Villavicencio e Ibagué, donde se registró la participación de 904 personas y se recogieron más de 200 propuestas, 60 recomendaciones y 180 iniciativas que se consolidaron en siete temáticas que aportan al proceso de transformación del Ejército.  Academia y posacuerdo  Para el cpsdp era –y es– estratégico participar en esta tarea, que conllevaba una especie de “alianza” con el Ejército Nacional, por diversas razones. Una de ellas, porque era la manera de enviarle a la sociedad un mensaje de futuro, ya que se trata de instituciones fundamentales en la construcción de Nación y de Estado, aunque siempre se había tratado de presentarlas como cuasiadversarias. También era una forma de hacerle saber a los colombianos que en el posacuerdo debemos estar más que nunca en disposición de colaborar con otras instituciones del Estado y de la sociedad. Así mismo, porque la Universidad Nacional de Colombia es la Universidad de la Nación y patrimonio de todos los colombianos. Estamos convencidos de que a partir de la investigación y reflexión académica podemos aportarle tanto al Ejército Nacional, como a los demás componentes de la fuerza pública, en su proceso de transformación, indispensable en un nuevo escenario, como el posacuerdo, en el cual hay una reconfiguración de riesgos y amenazas a la seguridad nacional y pública, y nuevos actores en este campo. Todo ello conlleva una redefinición estratégica, tanto de la doctrina como de la organización institucional y de las prioridades operacionales, para lo cual, sin duda, es útil la mirada reflexiva y crítica de la academia. Lo anterior fue compartido por los generales al frente del Cotef y del Ejército Nacional, sin que eso signifique que no sigamos manteniendo diferencias y puntos de vista dispares en muchos aspectos, pero con la convicción de que podemos conversar las diferencias, argumentarlas y superarlas o no, sin que impliquen miradas de confrontación. Dentro de su mandato, para el cpsdp es fundamental contribuir no solo al proceso de conversaciones del Gobierno con organizaciones insurgentes –por ello estamos en disposición de apoyar el proceso con el eln, si se nos solicita–, sino también a los desafíos de la construcción de paz. Esta tarea conlleva, además de la implementación del Acuerdo Final de Paz, el apoyo a los procesos de cambio institucional tan importantes como el que debe emprender la fuerza pública, conformada por instituciones que son y deben ser garantía de seguridad y convivencia para todos los colombianos. Se trata de procesos que van a ser lentos y de mediano plazo, a pesar de que se hayan iniciado tempranamente, como lo ha hecho el Ejército Nacional.  Nuevo ciclo  Los procesos de transición, en nuestro caso de la guerra a la paz, implican, como todo cambio, tanto un alto nivel de incertidumbre e intervención de diversos actores (políticos, económicos, iglesias, academia, sociales y por supuesto los militares), como una necesidad de construir pactos o acuerdos que contribuyan a darle dinámica y orientación a la transición. Lo deseable son las transiciones pactadas entre los actores relevantes, y esa es la posibilidad que existe en Colombia, si se logran acuerdos múltiples entre diversos actores. Por ello creemos que el nuevo ciclo de los diálogos territoriales que se trasladará durante el segundo semestre del presente año a Medellín, Tumaco, Valledupar y Cúcuta, debería aportar nuevos elementos para el proceso de transformación institucional del Ejército, pero además contribuir a procesos similares en los demás componentes de la fuerza pública y en todo lo que se conoce como el “sector defensa”. En el CPSDP estamos convencidos de que cada vez más el análisis y la discusión de los temas atinentes a la seguridad y la defensa deben ser campos de interés privilegiado de la sociedad en su conjunto –incluida la academia– y no un terreno exclusivo de especialistas militares. Estas áreas se deben analizar de manera desideologizada para que puedan interpretar las preocupaciones y necesidades de la sociedad y del Estado en escenarios cambiantes como los actuales. La Universidad Nacional de Colombia a lo largo de su historia ha construido Nación y por consiguiente está dispuesta, en su Sesquicentenario, a apoyar todas las iniciativas que apunten en esa dirección.]]>
Política & Sociedad Sat, 29 Jul 2017 18:57:00 -0500
Armas nucleares de Corea del Norte evitarían un nuevo Iraq http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/armas-nucleares-de-corea-del-norte-evitarian-un-nuevo-iraq.html El programa nuclear del régimen liderado por Kim Jong-un es una especie de seguro para evitar que...
Antes que nada es importante recordar que en 1945 la península coreana quedó partida en dos, tras el fin de la cruel ocupación japonesa y la división entre un norte prosoviético estalinista y un sur pronorteamericano en forma de dictadura militar con tintes fascistas. La división se enquistó con la Guerra Fría entre la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los Estados Unidos. La división se plasmó en la descomunal guerra intercoreana (1950-1953), en la que los bandos fueron muy claros: el Norte apoyado por la URSS, pero especialmente por China, y el Sur, con una dictadura militar apoyada por los Estados Unidos y las Naciones Unidas. Tres años de guerra dejaron la muerte de 50 mil militares de EE. UU., 400 mil surcoreanos y un millón de norcoreanos y chinos, además de miles de civiles fallecidos o de personas que quedaron en situación de discapacidad. Este absurdo resultado no dejó ganadores y, por el contrario, mantuvo el statu quo hasta el fin de la Guerra Fría. Aspectos como el derrumbe de la URSS, la evolución de la China comunista hacia un régimen dictatorial en lo político pero capitalista en lo económico, el despegue económico de Corea del Sur convertida en la cuarta potencia de Asia y en una democracia, dejaron a Corea del Norte en una posición muy incómoda en los ámbitos interno e internacional. Sin apoyos decisivos más allá de la “amistad” china, el régimen de Pyongyang no se plegó a los cambios de modelo de los países comunistas ni a las reformas chinas, y tampoco empatizó con sus tradicionales enemigos. Sus líderes Kim Il-sung (fallecido en 1994), Kim Jong-il (fallecido en 2011) y Kim Jong-un han sido los encargados de mantenerlo. La situación descrita seguramente hace que surja la inquietud acerca de cuánto peligro existe tanto en la constante retórica militarista norcoreana, como en las amenazas del régimen hacia Corea del Sur y Estados Unidos, en especial ahora con la llegada de Donald Trump a la Presidencia con su errática y grotesca política internacional hacia la región asiática, que pareciera desconocer.  Ni reunificación ni guerra convencional  Una aproximación al debate implica elementos clave, como por ejemplo que Corea del Norte no tiene ninguna voluntad de desaparecer, y aunque proclama que el destino final es la reunificación, abjura de quedar absorbida y disuelta sin más. Dicha república socialista no es Alemania Oriental, pero Corea del Sur tampoco es Alemania Occidental. Los surcoreanos gozan de óptimo nivel económico y la reunificación supondría para ellos un auténtico drama, en términos de pérdida de calidad de vida. Frente al “mantra” oficial de la reunificación, ninguno de los dos países está por esa labor. Así mismo, a China no le apetece en absoluto una Corea reunificada y pronorteamericana; ello tampoco ilusiona a Rusia ni a Estados Unidos, que perdería cualquier justificación para mantener tropas en la zona. Por eso,
26 años después de la Guerra Fría, el statu quo sigue beneficiando a todas las partes. Otro aspecto a tener en cuenta es que Corea del Norte ha aprendido de los “errores” de países como Yugoslavia, Iraq y Libia, y señala que sus regímenes fueron derrumbados por no contar con la capacidad militar de respuesta interna y externa. En ese sentido, a pesar de poseer 1,1 millones de soldados activos, los norcoreanos no tienen capacidad real de lucha en una guerra convencional contra el Sur, que cuenta con 700 mil soldados preparados y dotados con armamento moderno; además están las tropas estadounidenses estacionadas en la península. Una guerra convencional supondría el fin del régimen del Norte, pero las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía del Sur. Se calcula que un primer ataque surcoreano de este tipo implicaría la muerte de 70 mil habitantes de Seúl, ubicada a solo a 50 km de la frontera. El área metropolitana de la capital surcoreana alberga a más de 25 millones de personas, y un enfrentamiento supondría un caos que nadie desea puesto que sería como repetir un conflicto similar al de Iraq, que en la actualidad resulta impensable. Debido a lo anterior, un tercer aspecto a tener en cuenta es el arma nuclear. Para el Norte, el desarrollo de su capacidad militar es un seguro de supervivencia. Pyongyang sabe que no podría hacer frente a una intervención militar del Sur, o a una probable intervención estadounidense en zonas específicas del Norte, similar a la sucedida con Libia en 1986.  Armas disuasorias  Cualquier amenaza estadounidense o surcoreana puede quedar bloqueada a través del Programa Nuclear de Corea del Norte, sin importar si son muchas o pocas, o si son o no de calidad. Pyongyang sabe que ningún país con armas nucleares ha sido atacado; se trata de elementos disuasivos tan demoledores y siniestros que el riesgo de su uso desincentiva cualquier idea militar de atacar al país que las posea. En ese sentido surgen las preguntas: ¿Estados Unidos está dispuesto a atacar al Norte cuando este puede contraatacar con armas nucleares? ¿realmente Pyongyang usaría el arma nuclear para defenderse? ¿China, Rusia o Japón se implicarían en la defensa de alguna de las coreas, haciendo frente al colapso humanitario que una confrontación de esta dimensión implica? Así, el arma nuclear norcoreana, más que un elemento peligroso, es una “llave” de seguridad para que Estados Unidos y Corea del Sur limiten sus tentaciones de reproducir unos nuevos Iraq, Yugoslavia o Libia en la península. Recuerden también que Sadam Husein, Slobodan Milosevic y Muamar el Gadafi fueron ejecutados –o juzgados– pero ningún dirigente norcoreano está dispuesto a pasar por el mismo trance, de ahí que los incentivos para desnuclearizarse son rayanos al cero, y EE. UU. y Corea del Sur lo saben de sobra.]]>
Política & Sociedad Sat, 29 Jul 2017 18:56:00 -0500
El papel de los obispos colombianos en la paz http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/el-papel-de-los-obispos-colombianos-en-la-paz.html En las últimas tres décadas, el trabajo eclesiástico en la búsqueda de una solución al conflicto...
La participación de la Iglesia en la paz remite, entre otros, a un mandato pontificio y conciliar: las encíclicas Pacem in terris de 1963 y Populorum Progressio de 1967, o la constitución Gaudium et spes de 1965. En Colombia, el momento de mayor activismo eclesiástico en este campo se cruzó con el arribo de una Constitución que definió como derecho fundamental la “libertad de culto y conciencia”. El Estado laico de 1991, que rompió con el monopolio religioso y la “nación católica” proclamada por la Carta Política de 1886, garantizó la separación de la esfera política de la religiosa y el derecho de los ciudadanos a profesar la fe de su preferencia. El nuevo estatus reñía con la histórica intervención de la Iglesia católica en la vida política del país y sus privilegios frente a otras confesiones. ¿Por qué un Estado laico admitía que una institución religiosa interviniera en un asunto de carácter político, de Estado, como la paz? Las explicaciones posibles remiten a la forma como se han relacionado Estado, sociedad e Iglesia en la historia colombiana, los influjos del Concilio Vaticano II y el interés de la institución eclesiástica por recuperar espacios constitucional y socialmente perdidos en las últimas décadas.  Contradicciones del cambio religioso  Mediante un recorrido histórico entre 1994 y 2006, el libro Entre altares y mesas de diálogo: el episcopado colombiano en acercamientos de paz con grupos armados ilegales (1994-2006), publicado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional de Colombia, se concentra en la actividad y el discurso episcopal, tanto como cuerpo colegiado –con diversidad de posturas internas–, como por las experiencias individuales de obispos con una trayectoria propia en la guerra y la paz. La narrativa histórica rastrea las percepciones y controversias que generó esta participación entre actores políticos y sociales, además de los contrastes que supuso el trabajo en las regiones, en contextos rurales, y los retos de las ciudades. Se trata de un itinerario con matices. Durante el periodo estudiado, las iniciativas de paz de la Iglesia se cruzaron con la injerencia de algunos obispos en el debate político nacional, como el Proceso 8.000 de Ernesto Samper, las elecciones, la corrupción, la parapolítica o las concepciones sobre el conflicto armado.  En este proceso la institución eclesiástica también ha sido blanco de la violencia, pues algunas de sus cifras muestran que entre 1984 y 2007 fueron asesinados 77 religiosos, 63 amenazados, 33 secuestrados y 14 heridos. Entre 1994 y 2006 la Iglesia católica conservó una imagen favorable del 60 % y el 70 %, según las encuestas anuales de Invamer Gallup. Se trata de una de las instituciones con mayor nivel de confianza entre los ciudadanos, pese a escándalos como la pederastia o sus desórdenes financieros. Sin embargo, durante este periodo también se vio fortalecido el pluralismo religioso. Según el Pew Research Center, los colombianos pasaron de ser católicos en un 91 %, a mediados del siglo XX, a serlo en un 74 % en 2014. Las paradojas se multiplican, ya que pese a la disminución de católicos, ocho de cada 10 colombianos se consideran religiosos, como lo muestra la encuesta mundial de WIN/Gallup International; en el ranking, el país ocupa la primera posición en América Latina. ¿Qué explica que una población “tan religiosa” presente por décadas una tasa de homicidio superior al promedio de la región? El tema exige una reflexión exhaustiva sobre las transformaciones del mapa religioso y los valores de los colombianos. Igualmente remite a los desafíos que el mundo contemporáneo le plantea a las instituciones religiosas frente al uso de la violencia –en nombre o no de Dios– y las consecuencias de la guerra.  Desafío a la laicidad  Dentro del estudio realizado se muestra la capacidad efectiva que en los años noventa tuvo la Iglesia católica para resolver problemáticas puntuales del conflicto y la paz en Colombia –liberación de secuestrados, atención a víctimas, desbloqueo de diálogos, entre otros–, llenando espacios que instancias estatales y de la sociedad civil no siempre lograron ocupar, sin dejar de poner en tensión la separación de la esfera religiosa de la política. La vigencia de la institución en el tema es una realidad que, en los próximos años, aludirá a cuatro controversias: primera, acompañar la implementación del Acuerdo Final de Paz y la consolidación del posacuerdo. Segunda, la “neutralidad” que los obispos adoptaron frente al plebiscito del 2 de octubre de 2016 –en contraste con los dos millones de votos que movilizaron iglesias evangélicas en rechazo al Acuerdo Final de Paz– demanda una mayor reflexión en torno a si el episcopado debió hacer campaña por el “Sí”, o si dejar en libertad a los católicos fue una actitud respetuosa del Estado laico. Tercera, la participación eclesiástica en el actual proceso de paz con el ELN en Quito y su aporte puntual a las mesas de participación de la sociedad civil.

Y cuarta, es de esperar que la visita del papa Francisco a Colombia, del 6 al 10 de septiembre, tenga un tono político ligado a los retos de la paz. No hay que olvidar que el pontífice “condicionó” su presencia en el país a la aprobación del plebiscito por la paz. El recorrido histórico permite identificar tiempos de cambio, tanto para las dinámicas de la guerra como para el tipo de presencia de la Iglesia en la sociedad. Se trata de un actor religioso cambiante y diverso que controvierte la laicidad del Estado a la vez que busca dialogar con ella y sus transformaciones; un agente que desborda la esfera espiritual y privada de la fe mientras resuelve problemas humanitarios y distensiona procesos sociopolíticos ligados a la guerra y la paz. De esta manera, sirve como ejemplo de la fuerte relación religión-política en la historia de Colombia.]]>
Política & Sociedad Sat, 29 Jul 2017 18:56:00 -0500
Uber y Airbnb violan leyes colombianas http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/uber-y-airbnb-violan-leyes-colombianas.html Mientras Uber ofrece servicios de transporte público de pasajeros y cobra por ellos sin... Lo tuyo es mío. Contra la economía colaborativa, el investigador canadiense Tom Slee controvierte la idea sobre esta tendencia, que utiliza las nuevas tecnologías para realizar interacciones, a veces comerciales, en las que el ciudadano del común se puede convertir de repente en un emprendedor; tal es el caso de Uber o Airbnb.

El experto Slee señala que aunque se difunde como una forma alternativa a la economía convencional, la economía colaborativa aplica duras prácticas del libre mercado sobre áreas de nuestras vidas previamente protegidas, y les ofrece la oportunidad a unas pocas personas de enriquecerse perjudicando a su comunidad y empujando a individuos vulnerables a asumir riesgos insostenibles. Uber e Airbnb creen que sus innovaciones dejan obsoletas las normativas existentes y que su tecnología puede resolver mejor, y con un aire más informal, los problemas que las regulaciones municipales deberían haber solucionado. Además, cautivan a los incautos con mensajes populistas como “¡Uber salva vidas al reducir el número de conductores borrachos!” o “Airbnb acerca a personas con diferentes estilos de vida”. Jayati Ghosh, investigadora del Centro de Estudios Económicos y Planificación de la Universidad Jawaharlal Nehru, en Nueva Delhi (India), llama la atención acerca de cómo la tecnología disruptiva genera cambios en la organización y la producción. Por ejemplo, “Uber o Airbnb están desplazando la relación entre el empleador y el trabajador con un supuesto discurso de trabajo independiente que escapa de las leyes laborales. Este tipo de tecnología está facilitando una reversión hacia prácticas que existieron en el siglo XIX, cuando la relación empleador-trabajador no estaba regulada”.  Negocios no regulados  Con respecto a Airbnb (AirBed & Breakfast), un estudio de la Universidad de Boston concluyó en 2014 que por cada aumento del 1 % de la oferta de la app en una ciudad, los hoteles pierden un 0,05 % de sus ingresos. Aunque parezca una cifra baja, es preocupante puesto que el ritmo de crecimiento de la compañía fundada en 2008 en Estados Unidos es muy rápido. En la actualidad, ofrece casi 2 millones de lugares para alojarse en 34.000 ciudades de 190 países. Gustavo Toro, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), ha manifestado que la hotelería nacional debe cumplir con costos como facturar con IVA y pagar el 8 % de impuesto al consumo, mientras los anfitriones inscritos en Airbnb no lo hacen, pues no están registrados ante la Dian. Por eso quieren plantearle al Gobierno que comprometa a las personas que se anuncien en la plataforma a cumplir con las normas colombianas. De otra parte, Uber perdió en Londres una demanda de empleo que, de ratificarse, obligaría a la multinacional a dejar de tratar a los conductores como trabajadores independientes. El abogado británico Jolyon Maugham calcula que cada mes dicha empresa le debería a la seguridad social unos 48 mil millones de pesos (13 millones de libras), si se asume que los 40 mil conductores inscritos en el Reino Unido ganen una media de 600 libras esterlinas a la semana (unos 2.300.000 pesos). Así mismo, la Oficina de Impuestos de Australia les ha pedido a los bancos que proporcionen los nombres, números de cuentas, fechas y cantidades de pagos recibidos entre 2016 y 2017 por cerca de 60 mil conductores (contribuyentes) de Uber; de esta manera, aseguraría el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La estrategia fiscal de estas empresas es no pagar impuestos, o hacerlo sobre lo mínimo, lo que deteriora las finanzas públicas de los países donde operan; la casa matriz de Uber está ubicada en paraísos fiscales o lugares con baja tributación.  Sin permisos  Mientras en otras latitudes se ha prohibido Uber para proteger el Estado de derecho, en Colombia la empresa se ha mostrado como un regalo caído del cielo: tarifas más económicas en comparación con las de los taxis, automóviles limpios y de alta gama, conductores amables que no preguntan por los destinos, y pagos electrónicos sencillos. Sin embargo, su modelo de negocio se basa en violar la ley. Las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y el decreto 348 de 2015 señalan que toda persona natural o jurídica, privada o pública, que ofrezca servicios de transporte público de pasajeros en cualquier modalidad debe contar con autorización previa del Estado, y las tarifas deben ser determinadas por las autoridades de Tránsito, permisos con los que no cumple Uber. Así mismo, mediante la resolución 40313 de agosto de 2016, la Superintendencia de Puertos y Transportes sancionó a Uber Colombia SAS y la conminó a cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte; sin embargo se sigue burlando del Estado de derecho. De igual manera, el artículo 425 del Código Penal establece que “el particular, que sin autorización legal ejerza funciones públicas, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años”. Un tema relevante de análisis se relaciona con el hecho de que para la mayoría de los propietarios de taxi su patrimonio está representado en su vehículo, y el cupo (licencia) es la parte más representativa del valor, un intangible que como cualquier otro se negocia de manera legal, como se hace con las franquicias.  Detrimento patrimonial  Los propietarios de taxis adquirieron sus vehículos porque estos constituyen una inversión que, como cualquiera otra, se valoriza o se deprecia. Sin embargo la operación ilegal de Uber está ocasionando un detrimento patrimonial; por ejemplo en Bogotá, donde circulan alrededor de 54 mil de sus automóviles, en 2016 un taxi Hyundai 2009 tenía un valor de 110 millones de pesos, mientras que hoy en día este es de 90 millones de pesos. Los cupos de taxi se establecieron mediante estudios técnicos de acuerdo con las normas del Ministerio de Transporte, según el número de vehículos; por tanto, es inaceptable que una empresa privada determine y autorice la cantidad de vehículos de servicio público que ruedan por las calles del país, para su propio beneficio. Es importante conocer qué actividades han adelantado la Dian y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales para determinar los impuestos y contribuciones sociales que debe pagar Uber en una actividad declarada ilegal, y, además, porqué razón los bancos son copartícipes de dicha ilegalidad, pues a través de ellos se realizan los pagos de las carreras. Aunque el uso de plataformas no es ilegal, sí lo es el hecho de promover actividades ilegales; peor cuando participan y se lucran de la actividad. Permitir la operación de Uber en Colombia es como si cualquier persona o empresa creara una plataforma para asignar cupos para la operación de transporte de carga en el país, o que los celulares hurtados se vendieran a través de una plataforma. Ante la tolerancia de altos funcionarios locales, regionales y nacionales resulta imperativo conminar a las autoridades judiciales para que condenen solidaria e ilimitadamente a los accionistas y administradores de la sociedad Uber Colombia SAS, por los daños y perjuicios que están ocasionando a la sociedad en general y a los competidores en particular.]]>
Economía & Organizaciones Sat, 29 Jul 2017 18:54:00 -0500
La crisis del Programa de Alimentación Escolar http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/la-crisis-del-programa-de-alimentacion-escolar.html Existen patrones de operación, operador y contratación problemáticos, apenas un 58 % de los niños y...
Con respecto al primer síntoma, cabe recordar que en 2016 –ochenta años después de haber tomado la decisión histórica de destinar de manera permanente recursos públicos para los restaurantes escolares– apenas un 58 % de los niños y adolescentes matriculados en colegios oficiales son beneficiarios del PAE. La cobertura es en realidad menor, pues en el mismo año todo el periodo escolar fue cubierto en apenas 20 de los 95 entes territoriales certificados, es decir los responsables de ejecutar el Programa y que comprenden todos los departamentos y los principales municipios del país. Lo anterior significa que la cobertura está sobreestimada, pues se cuenta igual al estudiante que va al comedor escolar un día, que el que lo hace los 180 días que comprende el periodo académico. Si se tienen en cuenta los días en los que realmente los estudiantes reciben alimentos en dichos espacios, la prestación de este servicio se reduce del 58 % al 46 %. Además la cobertura no solo es baja sino que es muy heterogénea, sin importar cómo se mida; por ejemplo mientras que en Mitú (Vaupés), Girón (Santander), Montería (Córdoba) y Duitama (Boyacá) la cobertura no supera el 20 %, en Tumaco (Cauca), Uribia (La Guajira) y Bogotá d. c. se ubica entre el 90 % y el 100 %. Esto quiere decir que un estudiante uribiero matriculado en el sistema oficial tiene casi cinco veces más oportunidades de ser beneficiario del Programa que su par mituense.     Debilidades de los operadores  Las visitas de verificación que hace el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a las instituciones educativas, permiten evidenciar el segundo síntoma: las debilidades operativas del PAE. Resulta preocupante que en 2016 casi el 70 % de las instituciones visitadas no tenía el equipamiento necesario para preparar y conservar los alimentos, y que no todo el personal contaba con certificaciones que avalaran su idoneidad para manipularlos, lo que hace que se desperdicie comida, no se sirva a la temperatura adecuada ni según el peso (en gramos) que corresponde. Además, la infraestructura de los comedores y los utensilios de cocina de la mitad de las instituciones visitadas son precarios o inadecuados. Los problemas evidenciados parecen asociarse con el tipo de operador y de operación. El 71 % de las debilidades se concentra cuando un único tipo de operador ejecuta el programa, específicamente entidades sin ánimo de lucro, privadas o uniones temporales. Así mismo, el 82 % de las debilidades se focaliza en las instituciones que preparan las raciones in situ, o en aquellas que las entregan para ser divididas en porciones y distribuidas; se trata de esquemas en los que las carencias de infraestructura, equipamiento y personal idóneo son más evidentes.   Sin recursos  El tercer síntoma está relacionado con los arreglos institucionales actuales, que corresponden a una descentralización pobre y a medias. En un largo trasegar, el PAE pasó del MEN al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para luego volver al mismo Ministerio. Desde 2001 se ratifica a los departamentos y municipios como responsables del Programa, lo cual explica porqué aunque los garantes de su ejecución son 95 entes territoriales certificados, el 40 % del presupuesto proviene directamente del MEN. El aporte del MEN se suma a otras seis fuentes de financiamiento –con tiempos y procesos administrativos diferentes– que, en su conjunto, conforman las “bolsas comunes” que gestionan los entes territoriales. Esta maraña presupuestal dificulta
la trazabilidad de los recursos públicos y facilita la corrupción, tan denunciada en los últimos años. La situación se agrava porque en los últimos tres años el Ministerio ha reducido su participación en un 11 %, faltante que los departamentos y municipios han tenido que suplir de alguna forma, pues por ley no se pueden reducir las tasas de cobertura del Programa, lo que demuestra que la responsabilidad se descentraliza sin recursos suficientes. Ahora bien, el desafío adquiere otras dimensiones si se asume seriamente la universalización del Programa como derrotero. Con los niveles de calidad y cobertura vigentes, el PAE cuesta 1,6 billones de pesos. Para que sus beneficiarios actuales gocen de él durante todo el periodo escolar es necesario sumarle al presupuesto global del Programa algo más de 500 mil millones de pesos, y si se quiere alcanzar la universalización podrían hacer falta alrededor de 1,8 billones de pesos, es decir que se requiere aumentar el presupuesto global en un 115 %.  Descentralización efectiva  Es evidente que el PAE se encuentra al borde de una crisis, ¿cómo podría superarse? Por una parte, es necesario cerrar las brechas existentes en cobertura y calidad, de manera que los territorios más rezagados se equiparen con los que tienen mejor desempeño. Para ello puede ser útil reorientar la operación del Programa a una escala regional. La asociación de varios entes territoriales geográficamente conexos permitiría aprovechar las economías de escala que reduzcan y homogeneicen los costos promedio por ración mejorando su desempeño con el mismo presupuesto. Aunque el PAE busca ante todo minimizar la deserción escolar, es conveniente reconocer su importancia para la economía regional. Tal y como se hace en Brasil, se puede garantizar una participación de los pequeños y medianos productores agropecuarios locales como sus proveedores. Por otra parte, es necesario simplificar el esquema presupuestal del PAE, para lo cual sería conveniente que los recursos que aporta el MEN se transfieran al Sistema General de Participaciones para pagar sus gastos de funcionamiento, y además se establezca un incremento progresivo –atado a metas de cobertura y calidad– en el porcentaje que dicho Sistema destina a alimentación escolar. Los recursos del Sistema General de Regalías deben concurrir exclusivamente para invertir en infraestructura y equipamiento del PAE. Estas medidas permitirán avanzar hacia una descentralización efectiva, con menores riesgos de corrupción y con un empoderamiento de la sociedad civil en una de las estrategias sociales más antiguas y de mayor impacto en el país.]]>
Economía & Organizaciones Sat, 29 Jul 2017 18:53:00 -0500
El 4 % de la población no ha nacido en la vida jurídica http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/el-4-de-la-poblacion-no-ha-nacido-en-la-vida-juridica.html Este porcentaje incluye algunos pueblos indígenas que hoy son invisibles. Las dificultades para...
La pérdida puede ser incalculable si se tiene en cuenta que –pese a que Colombia es uno de los países con mejores índices de registro en Latinoamérica– alrededor del 4 % de la población no está registrada, y corresponde principalmente a personas de pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto llama aún más la atención si se considera que 1.428.000 colombianos son indígenas. Que estas personas no tengan un registro civil quiere decir que no han nacido en la vida jurídica; técnicamente no existen para el Estado y por eso no pueden ejercer sus derechos. La búsqueda de alternativas y acciones concretas para atender de manera adecuada a la población indígena motivó el desarrollo de una investigación –por un convenio interadministrativo– entre el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional de Colombia (UN), y el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (Cedae) de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El antropólogo Sergio Lesmes, investigador del Iepri, explica que para el estudio se indagó en los pueblos indígenas cómo se están llevando a cabo los procesos de registro e identificación, y se determinaron las razones por las que estos no logran disfrutar plenamente de la oferta institucional de la Registraduría, incluyendo la participación política. Para el diagnóstico, los investigadores hablaron con funcionarios públicos de las registradurías municipales y delegados departamentales, líderes y autoridades indígenas de los pueblos en los departamentos de La Guajira, Cesar, Guaviare, Chocó, Cauca, Vaupés y Amazonas. En el norte trabajaron con las comunidades wayuu, arhuaco, wiwa y kankuamo; en el occidente se encontraron con los embera chamí, embera wounaan, nasa y misak; en el oriente con los jiw, tucano oriental, cubeo y makuna; y en el sur con los bora, tucano y ticuna.  Distancias largas y subregistro  En departamentos como Vaupés y Chocó, en los que predominan las vías fluviales, las personas pueden tardar entre uno y tres días viajando en lancha para llegar a la cabecera municipal y poder hacer los trámites en la Registraduría más cercana; y en zonas como La Guajira, un terreno desértico, también deben hacer largos viajes y asumir los costos correspondientes. Ante esto, Liliana Gracia Hincapié, antropóloga e investigadora del Iepri, señala que la Registraduría ha dispuesto la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, un esquema móvil que intenta llegar lo más cerca posible a esos territorios. Sin embargo es un equipo que a pesar de sus esfuerzos y alcances no logra atender las necesidades de registro e identificación de toda la población indígena del país. El subregistro también se hizo evidente, aunque varía según cada pueblo indígena. Por ejemplo los arhuacos tienen el 90 % de su población registrada e identificada
–porque una persona de su comunidad asumió el papel de registradora–, pero entre los jiw –que se caracterizan por ser nómadas, en reciente proceso de sedenterización– el subregistro es del 90 %. A lo anterior se suma que existen tres tipos de registro: el de nacimiento, el de matrimonio y el de defunción, y en cada uno hay un subregistro particular (falta de información respecto a las estadísticas vitales).  Barreras culturales  Yamile Rojas Luna, abogada con estudios en interculturalidad e investigadora del Iepri, resalta que la brecha cultural entre los funcionarios y los indígenas, que incluye la amplia diversidad de lenguas (65 en total) y costumbres, ocasiona errores recurrentes tanto en el diligenciamiento de las fechas de nacimiento consignadas en los registros, como en la escritura incorrecta de nombres y apellidos. Angie Johana Pineda Ardila, licenciada en Ciencias Sociales y pedagoga intercultural, comenta que muchos de los pueblos indígenas manifestaron que en sus prácticas cotidianas los documentos de registro e identificación son elementos culturales ajenos a su idiosincrasia, por lo que tienen poco valor práctico o sentido de utilidad. Lo anterior explica su constante extravío o deterioro, aunque son necesarios para acceder a derechos básicos y programas de salud, protección, vivienda y educación. Otro aspecto mencionado por la historiadora Angélica Gamba Pinzón es la ausencia en los documentos de identificación de los lugares de nacimiento y pertenencia étnica de los indígenas, hecho que varios líderes y autoridades indígenas cuestionaron pues son esenciales tanto para reafirmar su identidad colectiva como para evitar que se lleven a los jóvenes a prestar el servicio militar, a pesar de estar exentos por ley. Al respecto, el antropólogo Lesmes dice que por la manera como están siendo expedidos los documentos de identificación, estos pueden funcionar como un mecanismo de enajenación para la identidad colectiva, porque allí no se reconoce su adscripción a un pueblo, nación, territorio o cultura.  Ausencia de garantías en participación política  El país tiene un vacío legal que impide reconocer los territorios indígenas como municipios articulados a la división político-administrativa, lo que implica que para votar los indígenas deben ir hasta el distrito electoral más cercano, y de nuevo eso requiere un gran desplazamiento. Muchas veces votan gracias a que, ocho o 10 días antes de las votaciones, los partidos políticos subsidian los traslados e invierten en movilizarlos. A cambio, son conminados a votar por ciertos candidatos, muchos de estos externos
a sus comunidades, lo cual pone en riesgo tanto los procesos políticos autonómicos, como el desarrollo y la permanencia de movimientos o partidos políticos indígenas. Durante una entrevista realizada por el equipo del Iepri, Liliana Pechene Muelas, gobernadora del cabildo de Guambia, expresó que el esquema político del país es poco incluyente con respecto a los candidatos, ya que no les ofrece garantías reales de participación a las minorías étnicas. Con los resultados de la investigación se llevó a cabo un proceso de socialización y retroalimentación con la Registraduría. Es claro que para superar estas barreras se necesita un trabajo articulado entre diferentes entidades como los ministerios de Salud, Educación e Interior, entre otros órganos e instituciones del Estado. Gracias a estos hallazgos los investigadores recomiendan tener en cuenta las particularidades de cada pueblo indígena, capacitar e integrar a miembros de las comunidades para que sirvan como intermediarios y facilitadores, y destinar mayor presupuesto a la identificación y participación política. Un Estado declarado en la Constitución como pluriétnico y multicultural debe adelantar todas las acciones necesarias para conservar la diversidad, al tiempo que ofrece atención y respuestas oportunas a las necesidades de sus pobladores.]]>
Política & Sociedad Sat, 29 Jul 2017 18:52:00 -0500