UNPeriodico http://www.unperiodico.unal.edu.co/ UNPeriodico es UNPeriodico http://www.unperiodico.unal.edu.co/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif http://www.unperiodico.unal.edu.co/ 18 16 UNPeriodico TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Sat, 20 May 2017 19:00:00 -0500 UN Periódico Impreso No. 209 http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/un-periodico-impreso-no-209.html Descatado UNPeriodico Sat, 20 May 2017 19:00:00 -0500 Los peligros de darle la espalda al río http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/los-peligros-de-darle-la-espalda-al-rio.html En 2009, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (UN) visitaron seis municipios de la...
La Amazonia colombiana trajo tantas historias como conclusiones para el equipo dirigido por el profesor René Carrasco Rey, director de la Maestría en Urbanismo de la UN. En suma, seis radiografías de seis ciudades –Leticia, Puerto Nariño, Florencia, San Vicente del Caguán, Puerto Leguízamo y Mocoa– en una región muy diversa. Estos territorios han recibido víctimas de los diferentes ciclos de violencia del país, quienes se han asentado con más o menos suerte en los terrenos de llanura o de piedemonte, en pleno casco urbano o, sin más remedio, en zonas en las que asoman amenazas como que un río retome su cauce natural o que una montaña, sin previo aviso, se sacuda tan fuerte que empiece a arrastrar agua, barro y rocas. En ese sentido, el equipo –que involucró áreas como la geografía, la ingeniería ambiental, la arquitectura y la sociología– formuló el Plan Maestro de Ejes Ambientales que identificó los problemas principales de cada ciudad y formuló lineamientos con el fin de articular las fuentes hídricas con el crecimiento urbano. Para el estudio geográfico se estableció un mapa preliminar de los municipios abordados, con la ayuda de documentación bibliográfica, fotografías aéreas e imágenes satelitales de alta resolución. Con el trabajo de campo –mediante el cual se estudiaron las condiciones del suelo, se describieron las geoformas, las fuentes hídricas y la cobertura vegetal– se comprobó dicha información, de manera que fue posible establecer la localización detallada de los ríos, quebradas, humedales y montañas. Además, con base en una investigación documental previa, los ingenieros ambientales verificaron los puntos de vertimiento de aguas sucias y residuos sólidos, resultados que se incorporaron a la cartografía. Después de obtener la información anterior entraron en acción el diseño urbanístico, la arquitectura y la sociología. A partir de las dos primeras se estudió la distribución de las diferentes zonas (viviendas, colegios, infraestructura, espacio público) y su relación con los ecosistemas naturales. Con respecto a la última, se realizaron talleres en los que la comunidad expresó qué es lo que más quiere para su municipio, desde el punto de vista urbanístico, social y ambiental. El documento se envió a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), que contrató al equipo para el estudio, con el fin que de allí se incorporara a los planes de ordenamiento territorial municipales. Heraldo Muñoz, subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental de Corpoamazonia, afirma que a partir de 2012 el rol de la gestión del riesgo de desastres se centra en brindar apoyo técnico a los entes territoriales, según lo estipulado por la ley 1523 de 2012. “Con el insumo brindado por la UN hemos formulado diferentes asesorías, y ahora lo hemos retomado para contribuir a la recuperación del área afectada en Mocoa, mediante la implementación de estudios y diseños técnicos de ejes ambientales para la planificación, gestión ambiental y riesgo de desastres sobre los ríos Mulato y Sangoyaco y la quebrada La Taruca”. De esta manera, se evidencia que después de la tragedia en Mocoa el pasado 31 de marzo, las propuestas y recomendaciones formuladas por la un siguen vigentes.

Leticia

Entre Aguas negras e inundaciones Hace ocho años los investigadores concluyeron que el manejo de residuos no tenía las condiciones técnicas de calidad requeridas. En ese momento se recomendó –al igual que en los otros municipios visitados– elaborar estudios para mejorar el sistema de alcantarillado y desarrollar un programa educativo para evitar el vertimiento de desperdicios en las fuentes hídricas. Por lo pronto, las aguas negras siguen aquejando a los leticianos. La contaminación va de la mano con las amenazas de inundación del río Amazonas, que en ocasiones, según los expertos, presenta crecientes que ascienden a alrededor de 20 metros. Aún se recuerda cuando en 2015 las fuertes lluvias hicieron colapsar el río y luego el alcantarillado, por lo que los ciudadanos tuvieron que soportar el olor fétido de las basuras acumuladas. En aquel momento se alertó que el área de ocupación humana sobre fuentes hídricas y sus alrededores era de 868.905,6 m².
Aunque el ciclo de inundaciones es una dinámica natural a la que se ha adaptado la población, esto se convierte en una problemática cuando las aguas negras están de por medio. De esta manera, se pone en riesgo la salud de habitantes de sectores como la Isla de la Fantasía, El Águila, Victoria Regia o La Unión.  “Propusimos recuperar los cauces de los recursos hídricos para generar espacio público en los alrededores, algo que también podría aplicar, en el contexto departamental, para Puerto Nariño”, afirma el urbanista Carrasco.

Puerto Nariño

Intentar darle la cara al río Que los parques deportivos se inunden no es ningún impedimento para que los habitantes del segundo municipio de Amazonas jueguen microfútbol o baloncesto, emulando el waterpolo. La escena, que llamó la atención de los académicos, representa una realidad social: la gente le ha dado la cara al río Loretoyacu. Aunque se trata de una zona que no está expuesta a catástrofes como la de Mocoa –al igual que Leticia–, por estar ubicada en la llanura amazónica, las inundaciones son preocupantes cuando el agua está contaminada, pues se pueden convertir en focos de enfermedades; de hecho, durante las temporadas secas se van evaporando las aguas represadas, cuyo tratamiento no es óptimo y genera gripas, fiebre o paludismo. Por otro lado, según los datos de 2009, la ocupación de fuentes hídricas era de 111.096,88 m². En ese sentido, el Plan Maestro había recomendado, al igual que en las otras ciudades, impedir densidades mayores a 10 viviendas por hectárea en un área de influencia de 100 metros alrededor de los ejes ambientales. Existe una preocupación adicional: que este municipio de amplios senderos, sin carros ni motos, que “nos recuerda nuestra esencia de ser humanos”, según la arquitecta Elizabeth Riaño, siga creciendo hacia los resguardos indígenas, que representan alrededor del 98 % de su territorio.

Florencia

Un peligro latente Para los expertos es inevitable pensar en Mocoa cuando hablan de la capital del Caquetá. “Si no se toman medidas de prevención, existe el riesgo de una tragedia similar o peor”, considera el geógrafo Miguel Castiblanco. La relación entre la ciudad y sus aguas –el río Hacha y sus afluentes como las quebradas La Perdiz, La Sardina, El Dedo y La Yuca– no es la mejor. Según el Plan Maestro, en 2009 la ocupación de fuentes hídricas y sus zonas de influencia ascendía a 1,3 km². El documento advirtió que esta tendencia podía crecer, y en efecto así sucedió. Aún hoy se habla de amenaza por crecientes súbitas en sectores como La Vega, San Luis, Los Comuneros, Raicero, 7 de Agosto, Guamal, Bruselas y Tirso Quintero, entre otros.  Así mismo se recomendó el reasentamiento de las viviendas ubicadas sobre las zonas de riesgo; ocho años después, los mandatarios locales siguen hablando de esta solución, sin realizar acciones concretas. El geógrafo Castiblanco explica que Florencia está ubicada en una zona de piedemonte que marca la transición entre la montaña –la “joven” y aún activa cordillera Oriental– y la llanura amazónica, donde provienen grandes masas húmedas que vacían todo su contenido provocando constantes lluvias. En efecto, los investigadores recuerdan que durante su visita a la ciudad, después de un torrencial aguacero se formó un arroyo gigantesco que, sin previo aviso, bajó por la ladera y se alcanzó a meter en algunas casas.

San Vicente del Caguán

Fuertes vientos y actividad sísmica A las inundaciones súbitas se añaden dos amenazas: los fuertes vientos, que pueden causar caídas de árboles, y la presencia de fallas geológicas cercanas a este municipio del nororiente caqueteño, ante lo cual se registra una actividad sísmica de alta a moderada. El municipio tampoco es ajeno a uno de los problemas ambientales que más les preocupa a los colombianos en el marco del posconflicto: en los últimos meses, tras la salida de las Farc, han desaparecido alrededor de 1.200 hectáreas de bosque, por lo cual la tierra va perdiendo un “paraguas” natural y, con el aumento de la erosión, llega más material sólido a los ríos. En 2009, los expertos determinaron una ocupación de 533.917,4 m² sobre las principales fuentes hídricas de la ciudad, el río Caguán, además de un sistema de humedales y quebradas como El Temblón, El Temblonsito, Bosquecito, La Gitana y El Carbonal. En aquel momento los investigadores identificaron una oportunidad: después de reubicar las viviendas en riesgo por inundación o remoción de masa, se podrían adecuar zonas de recreación y turismo con el fin de aprovechar al máximo una valiosa oferta hídrica. Esta restauración podría ir acompañada del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado con su respectivo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos con el fin de mitigar una problemática que también afecta a este municipio, según lo indica la ingeniera ambiental Lina Ibatá.

Puerto Leguízamo

Alerta por inundaciones y residuos En julio de 2012 los noticieros nacionales hicieron eco de una emergencia presentada en este municipio por el desbordamiento del río Putumayo que afectó a 45 veredas y perjudicó a unas 6.600 personas, sobre todo indígenas. Mientras en 2009 se alertaba que el área de ocupación de fuentes hídricas era de 44.962,17 m², el equipo de la un advertía que se trataba de una situación contraproducente, toda vez que “los humedales actúan como una gran esponja que retiene el exceso de agua durante los periodos lluviosos, regulando los efectos perjudiciales de las crecientes”. En ese contexto, se recomendó el reasentamiento de las familias que habitan sobre el río Putumayo y sus afluentes
–humedales Norte, Este, Oeste y Rancho Lindo– con el fin de adaptar estrategias de espacio público como un malecón turístico. En cuanto a las problemáticas ambientales, a la deforestación, la erosión y la minería ilegal se les añade un dolor de cabeza común en la región: el tratamiento de residuos. En efecto, barrios como Rancho Lindo han sufrido ante el vertimiento de aguas negras al río sin ningún tratamiento previo, lo cual puede provocar enfermedades como vómito, diarrea, paludismo, bronquitis, gripa o brotes de piel. Hace tres años se anunciaron obras para optimizar el alcantarillado y el suministro de agua potable. Sin embargo, considerando las problemáticas observadas, los investigadores estiman que difícilmente se llegará a una solución en el corto plazo.

Mocoa

Recomendaciones desatendidas en mocoa El barrio San Miguel, que fue arrasado en la tragedia del 31 de marzo pasado, apenas se estaba terminando de constituir cuando el equipo se encontraba en pleno trabajo de campo. Esta zona, junto con sectores como El Progreso, fue identificada por los investigadores de la UN como una de las más vulnerables ante las avenidas torrenciales producidas en un sistema hídrico compuesto por el río Mocoa y las quebradas Mulato, Sangoyaco, Conejo y Taruca. Considerando que el área de ocupación sobre fuentes hídricas en aquel entonces era de 434.563,9 m², y que la tendencia apuntaba a crecer, los expertos recomendaron el reasentamiento de las viviendas ubicadas sobre las quebradas y sus áreas de influencia, estableciendo, incluso, una ronda de 20 m alrededor de estas para impedir que cualquier actividad humana se llevara a cabo en el sector. Estas recomendaciones se plantearon teniendo en cuenta que Mocoa está localizada en una zona de piedemonte amazónico en la que la alta precipitación –el día de la tragedia fue de 129,3 mm, lo cual equivale a lo que llueve allí en 10 días– provoca desbordamientos constantes de los ríos y, por ende, avenidas torrenciales de agua, rocas y sedimento, fenómeno que se acelera por la erosión del terreno ante la deforestación, la minería y la ganadería. En ese sentido, los expertos lamentan que no se hayan atendido los estudios y deslizamientos previos que ya habían alertado sobre la problemática. Por lo pronto, la capital de Putumayo afronta, tras la terrible noche, un nuevo amanecer.]]>
Medio Ambiente Sat, 20 May 2017 19:00:00 -0500
Políticas públicas no promueven innovación tecnológica http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/politicas-publicas-no-promueven-innovacion-tecnologica.html Este año se espera la aprobación de la Ley 165 de 2016 para incentivar las ciencias por medio de... El país está perdiendo los pocos pero significativos avances en nuevo conocimiento con productos de investigación susceptibles de innovación tecnológica, porque las políticas públicas sobre productividad y competitividad –entendidas como pilares del desarrollo nacional– están aisladas de las políticas en CTi, lo cual desconoce el principio fundamental de que la innovación es inherente a la investigación. La desacertada decisión política de unir en un solo sistema nacional la productividad y la competitividad con el sistema de CTi excluye el hecho de que cada uno tiene sus propias dinámicas y deben estar separados pero armonizados y coordinados. El Informe Nacional del Consejo Privado de Competitividad 2016-2017 muestra que no se ha avanzado en la dirección correcta, y aunque la debilidad institucional y la corrupción son los principales desafíos que enfrenta el sector público colombiano para cumplir la visión a 2032, los principales lastres siguen siendo la dicotomía entre los dos sistemas y la pobre financiación de la CTi. Entre las recomendaciones del Consejo que merecen ser destacadas se encuentra: “implementar la política de CTi y garantizar su financiamiento en el mediano plazo”. Sin embargo, existen otras que parecen desenfocadas, como “desarrollar programas departamentales de CTi que especifiquen las áreas de trabajo prioritarias para las regiones”, pues una investigación de este tipo no tiene fronteras políticas.
El fraccionamiento de recursos desde una visión política departamental conduce a políticas incomprensibles con serias consecuencias en los pilares de productividad y competitividad. Investigaciones desaprovechadas El ejemplo que expongo a continuación es uno de los muchos que sirve para ilustrar la importancia de armonizar las políticas públicas y reflexionar sobre varios aspectos tanto de productividad y competitividad, como de la CTi en Colombia, especialmente ahora que se espera la aprobación de la Ley 165 de 2016 para incentivar las ciencias por medio de empresas spin-off (idea de la creación de nuevas empresas en el seno de otras organizaciones ya existentes, sean públicas o privadas, que actúan de incubadoras). Se trata de la empresa que maneja y administra el mercado eléctrico colombiano, filial de otra empresa de servicios públicos mixta con inversionistas estatales, públicos y privados. Esta opera el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional a través de un centro nacional de despacho, y administra el mercado de energía mayorista. Para su administración requiere de un sistema de información integrado que mejore tanto la eficiencia operativa como la gestión integral de riesgos. Para ello desarrolló un proyecto tecnológico en varias fases, con el objetivo de implementar el sistema de administración del mercado eléctrico colombiano. Aunque en las diferentes fases de preparación del proyecto la empresa hizo un trabajo de vigilancia tecnológica y de identificación de los procesos de administración de diferentes países del mundo, de manera paralela y descoordinada, universidades colombianas acreditadas desarrollaron proyectos de investigación con tesis doctorales, como por ejemplo la aprobada en 2008 “Modelamiento del comportamiento de la oferta de la energía eléctrica en el mercado colombiano”, en la cual se estudió una metodología para descubrir patrones sobre el dominio continuo de los precios de oferta en mercados de electricidad. El método –a través del cual se obtiene una gran reducción sobre el espacio de búsqueda de estrategias, además de algunas relaciones de dominancia sobre estas, mejorando el reconocimiento de patrones
de comportamiento de la oferta– fue aplicado para los 10 agentes generadores más grandes del mercado eléctrico colombiano. Otra tesis doctoral presentada en 2016 desarrolló un modelo de despacho económico de energía y reserva para microrredes con fuentes no convencionales de energía (eólica, solar). Asimismo resaltó las fallas en las unidades generadoras considerando criterios de seguridad probabilísticos utilizando métodos de programación no lineal entera mixta. Estas tesis doctorales y sus ejecutores fueron financiados totalmente por el Estado colombiano a través de Colciencias, con costos de cientos de millones de pesos. Los resultados de tales investigaciones, representados en metodologías, artículos en journals internacionales y el título de doctorado de sus ejecutantes, obtuvieron un reconocimiento meritorio por parte de los jurados evaluadores, pero faltó integrarlos con el proyecto de la empresa de energía colombiana, pues de esta manera hubiera sido posible avanzar hacia la gestión tecnológica e implementar las metodologías y los nuevos conocimientos obtenidos en un tipo de software comercial (innovación) similar al que requiere la mencionada empresa de energía colombiana y por el cual pagará millones de dólares a una empresa multinacional. Legislación no ayuda Llevar a cabo la necesaria relación Empresa-Universidad-Estado requiere, además del incremento en recursos financieros y humanos para investigación, la creación de instituciones inclusivas adecuadas, capaces de albergar científicos y equipos interdisciplinarios que permitan desarrollar CTi para impulsar modelos de fortalecimiento de la investigación y la transferencia de tecnología. La investigación y la innovación deben analizarse como procesos de largo plazo de apropiación, construcción y creación autónoma de conocimiento, que se realizan con el propósito de avanzar en la solución de problemáticas propias, lo cual genera resultados visibles y comunicables que son susceptibles de contrastación académica y de validez social y consecuentemente se proyectan de manera positiva hacia la productividad y competitividad de un país. Las leyes nacionales vigentes son uno de los factores que inciden de forma negativa en el proceso de gestión tecnológica y no armonización entre sistemas, ya que, por ejemplo, no permiten que investigadores de universidades públicas creen, conjuntamente y con apoyo financiero del Estado, empresas spin-off para aprovechar el nuevo conocimiento generado de las investigaciones que bien pueden servir para avanzar hacia una innovación tecnológica a través de licenciamientos, acciones en las empresas y contratos de joint venture (empresa conjunta), entre otros. Es fundamental que las universidades adecuen su cultura y sus reglamentaciones para invertir y llevar a la realidad la acción de una política pública que promueva la innovación tecnológica.]]>
Educación Sat, 20 May 2017 18:59:00 -0500
30 días en la Universidad http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/30-dias-en-la-universidad-34.html Medellín. Nariz electrónica con seis sensores controlados por un microchip mide gases del suelo. Investigación & Creación Sat, 20 May 2017 18:58:00 -0500 Dos guerrillas, un país http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/dos-guerrillas-un-pais.html Una mirada comparada a los procesos de las Farc y el ELN muestra que sus doctrinas...
Pero por razones de geografía, ideología y composición (las Farc mayoritariamente campesina y el ELN fundado por estudiantes, obreros y curas) cada una se fue por un camino propio. De hecho, esta última es la única de las guerrillas principales sin cordón umbilical con las Farc, como sí lo tuvieron el M-19 y el EPL. En los años ochenta, cuando las Farc, el M-19 y el EPL entablaron diálogos y firmaron los primeros acuerdos con el gobierno de Belisario Betancur, el ELN se opuso y conformó la Coordinadora Nacional Guerrillera para profundizar la lucha armada. Luego, en la medida en que se rompieron los diálogos, una por una se fueron sumando a lo que, con la llegada de las Farc, se rebautizó como la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, el único momento en la larga historia del conflicto armado colombiano en el que todas las insurgencias estuvieron unificadas. Con la firma de acuerdos por parte del M-19 y la gran mayoría del EPL, la Coordinadora prácticamente quedó reducida a las Farc y el ELN, un matrimonio que duró seis años, y gracias a él, el ELN se sentó por primera vez en una mesa de negociación con el Gobierno –de la mano de las Farc–, en Caracas y Tlaxcala, pero no terminó bien. Tras la disolución de la Coordinadora siguieron años de tensiones entre las dos guerrillas, e incluso enfrentamientos armados en algunas regiones. Durante el proceso del Caguán se agudizaron las rivalidades: el ELN se sintió excluido y acudió a los secuestros masivos para presionar también por una zona de despeje, lo cual nunca se logró. Agendas distintas Cuando la presidencia de Juan Manuel Santos inició el proceso con las Farc, las distancias con el ELN se hicieron evidentes. El Gobierno ha sostenido que las puertas siempre estuvieron abiertas y efectivamente propició el encuentro entre Gabino y Timochenko en La Habana en julio de 2014. Por su parte, el ELN denunciaba la reticencia del Gobierno de aceptar un modelo de diálogo con rasgos propios; lo cierto es que mientras la etapa exploratoria con las Farc fue de seis meses, la del ELN duró 26. El Acuerdo de Diálogos para la Paz entre el Gobierno y el ELN firmado en marzo de 2016, que establece las bases para la fase pública de la negociación, no hace alusión alguna al proceso con las Farc. Aunque hay coincidencias y temas comunes, en esencia se trata de dos agendas distintas. El principal diferenciador del diálogo con el ELN lo constituye el papel central que se le otorga a la participación de la sociedad. Si bien el proceso con las Farc contó con múltiples foros –organizados por la Universidad Nacional de Colombia y Naciones Unidas– sobre los diferentes temas de la agenda, que sirvieron como insumos para la mesa en La Habana, la agenda con el ELN prácticamente delega a la sociedad la definición de los temas mismos, en particular en lo que se denomina “democracia para la paz” y “transformaciones para la paz”. También los diferencian los tiempos. Mientras con el ELN apenas se ha concluido la primera ronda de la fase pública de negociación, el proceso con las Farc se encuentra en la etapa de implementación. Infortunadamente, por múltiples razones, esta se ha visto atravesada por demoras y dificultades que reflejan las complejidades e ineficiencias de la administración pública colombiana. A la vez, el país ha sido testigo de la solidez de las Farc en su decisión de seguir adelante con lo acordado. Lo cierto es que la efectividad de la implementación determinará si servirá como un aliciente para el ELN, o no. Trabajo adelantado Los tiempos también son otros a nivel internacional. Cuando se inició el proceso con las Farc, Obama gobernaba en Estados Unidos, Chávez en Venezuela, Dilma Rousseff en Brasil y Cristina Fernández en Argentina; hoy esos países están bajo el mandato de Donald Trump, Nicolás Maduro, Michel Temer y Mauricio Macri. Independientemente de los contrastes, lo cierto es que son muchos los puentes que existen entre los procesos de las Farc y el ELN. Los avances logrados en La Habana son trabajo adelantado para Quito. En materias como la Justicia Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y todo lo relacionado con víctimas, no es realista pensar que se pueda partir de cero. La participación, tan importante para el ELN, es transversal a casi todo el acuerdo con las Farc, que establece un número significativo de instancias y facultades conferidas a las comunidades, aún solo en el papel, pero que constituyen oportunidades fértiles por desarrollar. El actual proceso de cese al fuego y dejación de armas, con verificación de la ONU, debe servir como referente, pero con las adecuaciones requeridas para una forma de organización de otra naturaleza. El comunicado conjunto del Gobierno y el ELN al finalizar la primera ronda es positivo, en primer lugar, porque ratifica la decisión de continuar, y en segundo, porque define el desminado humanitario como paso inicial en materia de dih. Pero quizás lo más significativo en términos políticos fue la presencia destacada en la foto, al lado de Juan Camilo Restrepo y Pablo Beltrán, de Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada de las Farc, lo cual manda un mensaje muy poderoso de “dos mesas, un proceso”. Antes, desde el mundo del camilismo se escuchaban muchas descalificaciones a los acuerdos de La Habana; desde el inicio de los diálogos de Quito, las asperezas se han mermado. Más allá de las palabras, las acciones son contundentes. El ataque a los oleoductos en la actualidad es aún más condenable que el propio secuestro, deplorable de por sí, dada la conciencia ambiental que existe en la sociedad, en especial para los jóvenes. Hasta ahora el proceso en Quito es marginal para la opinión pública, y acciones como estas alejan
a la sociedad. Una cosa que comparten las Farc y el ELN es el país con el que se reencuentran: profundamente polarizado, en medio de una honda crisis de la política, con la legitimidad de las instituciones por el suelo debido a la corrupción, y que enfrenta una coyuntura electoral crucial pero incierta para 2018. La realización, el pasado 10 de mayo, de una reunión entre el ELN y las Farc en La Habana, es una excelente oportunidad para que las dos empiecen a ponerle carne y hueso a la “paz completa”, dejen de pensarse a sí mismas por aparte y actúen como partes de un mismo proceso en un mismo país.]]>
Política & Sociedad Sat, 20 May 2017 18:57:00 -0500
África necesita respuestas ágiles a problemas acuciantes http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/africa-necesita-respuestas-agiles-a-problemas-acuciantes.html La renovación en la cúpula de la Comisión de la Unión Africana (cua) es una oportunidad para darle...
La situación más alarmante se da en la cuenca del lago Chad, donde más de 11 millones de personas necesitan ayuda de emergencia; en Somalia, 6,2 millones (casi la mitad de la población) enfrentan escasez aguda de alimentos, y en Sudán del Sur, con 5 millones de personas en riesgo, la ONU declaró recientemente la hambruna, es decir, que la población ha empezado a morir de hambre. En estas regiones los efectos de la sequía se han exacerbado por las guerras prolongadas y el desplazamiento forzado masivo. Tal panorama acarrea grandes retos para el nuevo presidente de la Comisión, brazo administrativo de la Unión Africana (UA) y heredera desde 2002 de la Organización para la Unión Africana. Desde su perspectiva, alcanzar un engranaje óptimo implicará emprender reformas estructurales; pacificar el continente en 2020; ubicar a los jóvenes y a las mujeres en el centro de los programas de promoción de la paz, de desarrollo y del renacimiento africano; promover el comercio interafricano y fortalecer la voz de África en el concierto internacional. El presente texto analiza el grado de novedad de estas orientaciones; para ello tiene en cuenta las continuidades, los elementos más tradicionales y los obstáculos que tendrá que afrontar el presidente Faki. Seguridad y crecimiento económico Durante la presidencia de la sudafricana Nkosazana Dlamini-Zuma (2012-2017) la situación de seguridad en el continente no cambió mucho. Por ejemplo, la transición pacífica en Sudán del Sur ha sido un fracaso, y dos años después la polarización política y étnica en Burundi está destrozando la integridad del Ejército, considerado como el principal logro del acuerdo de paz que puso fin a un prolongado conflicto civil. De igual manera, la UA no logró imponer su agenda en las crisis políticas de Malí, Gambia y la República Centroafricana, ni en las de Nigeria, Camerún, Chad y Níger en su enfrentamiento con Boko Haram (organización terrorista islámica creada en 2002). Frente a estos desafíos, la pretensión de eliminar los conflictos violentos del continente con la meta puesta en 2020 parece exagerada. Sin embargo, algunos cambios podrían hacer realidad el deseo; el más notable de ellos es la voluntad de desligar los problemas de seguridad del desafío del crecimiento económico. Desde los años ochenta del siglo pasado y, más aún, durante la primera década de existencia de la Unión, con el impulso de las Naciones Unidas y el apoyo financiero y técnico de los estados ex colonizadores, la UA viene apostando por la pacificación de la región en tres años, la promoción del comercio interafricano y el fortalecimiento de la voz de la región en el contexto geopolítico internacional. Justamente la declaración de Sirte de 1999 ha servido para insistir en la necesidad de “eliminar el flagelo de los conflictos que constituye el mayor obstáculo al desarrollo” (artículo 6, Unión Africana), aunque en su discurso de posesión, el presidente Faki no hizo referencia a esta íntima relación entre seguridad y desarrollo, una evolución que se puede explicar por varios factores. El primero de los factores es que desde la primera década del presente siglo el continente africano goza de un crecimiento anual superior al de otras regiones del mundo, lo que ha relegado a un segundo plano las preocupaciones de los mandatarios en los temas de seguridad. De hecho, las cifras del Banco Mundial indican que en 2017 el producto interno bruto del continente será de 4,5 %, mientras que en la Unión Europea se estima en un 1,6 % y en América Latina de un 1,3 %. Otro factor se relaciona con que los esfuerzos para implementar la Arquitectura de Paz y Seguridad de la Unión Africana –aparato institucional para la prevención y resolución de conflictos– no se transformaron en resultados concretos. Y un tercer aspecto es que la inoperancia de ese proyecto no impidió que numerosos estados africanos alcanzaran sus objetivos de crecimiento. Reforma desde adentro La declaración de política de Moussa Faki Mahamat tuvo dos elementos inéditos: uno, la necesidad de emprender reformas estructurales en la Unión, y el otro, ubicar a los jóvenes y a las mujeres en el centro de los programas de promoción de la paz, de desarrollo y del renacimiento africano. En cuanto a la reforma estructural, el nuevo presidente será el encargado de implementar las transformaciones sugeridas por el dream team de Paul Kagame, presidente de Ruanda, quien recibió en Kigali, durante la cumbre de 2016, el encargo de reflexionar en torno a la implementación de un eventual esquema que haga de la Unión una organización más eficiente. El grupo de personalidades que acompañaron al mandatario ruandés –entre las que estuvieron los presidentes Idriss Déby (Chad) y Alpha Condé (Guinea)– propuso cambios en el funcionamiento
de la Organización, en especial la implementación de un impuesto del 0,2 % sobre las importaciones de los países miembros, con el fin de garantizar la autonomía financiera de la Unión. En la actualidad, un 70 % del presupuesto (alrededor de 700 millones de dólares) es financiado por aportes exteriores (Unión Europea, Banco Mundial y China principalmente), condición que le quita autonomía y la hace dependiente de la buena voluntad de actores no africanos. De esta manera, se entiende entonces que la meta de llevar a cabo reformas estructurales sea una de las prioridades de Moussa Faki Mahamat. Sobre la atención en la inclusión de la juventud y de las mujeres en el centro de los programas de la UA, la innovación parece más cosmética que real. La preocupación por incluir estas poblaciones en las políticas de la institución internacional no es nueva. De hecho, y a pesar de su acción discreta, fue la presidenta Dlamini-Zuma quien impulsó la inflexión en esa temática y, frente a sus resultados positivos, le era imposible a su sucesor “hacerse el de la vista gorda” y rehusarse a prolongar los esfuerzos concedidos. Sin embargo, y más allá de las declaraciones de política general que hizo el nuevo presidente de la CUA, el mayor desafió para su administración va a ser la readmisión de Marruecos en enero del presente año a la Unión, después de 33 años de “autoexilio”. Por primera vez en la historia del continente, los mandatarios de los 55 estados miembros se enfrentan con el reto de hacer convivir en un mismo espacio político dos estados: el marroquí y el saharaui occidental. Sin lugar a dudas, esta es la mayor novedad y contradicción con la que Moussa Faki Mahamat tendrá que lidiar.]]>
Política & Sociedad Sat, 20 May 2017 18:56:00 -0500
Sin cambio estructural, continúa la desigualdad http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/sin-cambio-estructural-continua-la-desigualdad.html El análisis de la distribución del ingreso y de la riqueza en 18 países de América Latina, entre... best sellers, Tony Atkinson y el premio Nobel Joseph Stiglitz.

Sin embargo, la tendencia al crecimiento de la desigualdad observada en la mayoría de los países en el siglo XXI no caracteriza a Latinoamérica. El análisis de los patrones, sus determinantes y sus posibles explicaciones causales es el objeto de nuestro trabajo “The evolution of inequality in Latin America in the 21st century: What are the patterns, drivers and causes?”, disponible como documento de trabajo del Global Labor Organization. La desigualdad es medida a través del coeficiente de Gini, que es un número entre cero (igualdad total) y uno (máxima desigualdad). Este se calcula para el ingreso y la riqueza, pero la mayoría de los trabajos (en parte por falta de disponibilidad de datos) se enfocan en el ingreso disponible per cápita de las familias, que incluye los recursos netos recibidos en los hogares durante un año a título de trabajo, capital o subsidios del Estado, y el tamaño del hogar. Si se analizan los datos del Standardized World Income Inequality Database, comparables en el ámbito internacional, las naciones latinoamericanas tenían en 2000 un coeficiente de Gini entre 0,4 (Uruguay y Venezuela) y 0,5 o más (la mayoría de los países). A pesar de su heterogeneidad, en el conjunto de economías con alto ingreso, este indicador suele estar cercano a 0,3 o menos. Para el estudio se consideraron 18 países, incluidos aquellos con las economías de mayor tamaño. Los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entre 2000 y 2010 muestran que los únicos casos de crecimiento del Gini son Costa Rica, República Dominicana y Guatemala (dato que hay que tomar con cierta precaución ya que la serie se interrumpe en 2006). Si se usa el valor que separa en la mitad la muestra de países –conocido como mediana– del Gini de 2000 y de la variación 2000-2010, encontramos los siguientes grupos: países de alta desigualdad con reducción contenida (Guatemala, Colombia, Paraguay, Honduras); países de alta desigualdad con reducción significativa (Brasil, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Chile); países de baja desigualdad con reducción contenida (Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay, República Dominicana), y países de baja desigualdad con reducción significativa (México, Venezuela, El Salvador y Perú). El panorama se torna más complejo después de 2010. La segunda década del presente siglo se caracteriza tanto por las secuelas negativas en el crecimiento mundial de las crisis financieras de Estados Unidos y de la zona euro, como por una estabilización a la baja de los precios de las materias primas. Mientras que algunos países mantienen el mismo rumbo de variación del Gini –como Colombia, Costa Rica y Honduras–, la mayoría de las naciones suaviza el esfuerzo de reducción, con pocas excepciones. Más gasto social Uno de los determinantes estadísticos más importante de tal reducción es que en la década y media considerada todos los países aumentan el gasto social. Según los datos de la Cepal, en términos de dólares reales (sin inflación) y por habitante, el gasto social creció desde un mínimo de 53 dólares (en Guatemala) hasta un máximo de 1.327 dólares (en Brasil). Los cambios en el mercado del trabajo también jugaron un papel, en el sentido de que la distribución de los salarios se volvió más igualitaria para nueve países, gracias también al crecimiento del salario mínimo y al incremento de los años de educación de la población económicamente activa, que va desde un mínimo de 0.2 años de Guatemala hasta un máximo de 2.5 años de Bolivia. Sin embargo, la cuota del trabajo en el ingreso total nacional se redujo. Es difícil decir quién tuvo la responsabilidad de estos cambios. Estadísticamente, si calculamos la cuota de años bajo gobiernos de izquierda (datos del Banco Interamericano de Desarrollo), encontramos una correlación con el tamaño de la reducción del Gini, ¿esta tuvo algo que ver? El debate con respecto al giro a la izquierda del continente ha sido muy amplio; todos los “nuevos” partidos se caracterizan por una crítica al Consenso de Washington, que inspiró los programas de ajuste de los años ochenta y noventa; pero a pesar de que hay connotaciones diferentes, es difícil proveer una taxonomía de política económica. De hecho, el incremento del gasto social ha caracterizado a todos los países independientemente de la orientación ideológica, con algunas diferencias en el tamaño del crecimiento del Estado. Ajuste natural Algunas perspectivas de la academia sugieren que la tendencia reciente en la desigualdad ha sido un efecto de ajuste (más o menos natural) de lo que pasó en la década perdida de los ochenta y en la década de la apertura, cuando la desigualdad creció. Existe una versión “de derecha” de esta tesis, que habla de una corrección natural, y una versión “de izquierda” que sugiere que la fuerza de los partidos de esta ideología se debe a las demandas populares después de los resultados del Consenso de Washington. La evidencia para las dos interpretaciones es muy débil. Por ejemplo, la correlación entre el Gini pre y pos 2000 es muy baja, y además el voto a la izquierda no aparece correlacionado con el incremento de la desigualdad en las últimas décadas del siglo XX. Por el contrario, la correlación estadística entre reducción de la desigualdad 2000-2015 y tal orientación política en el gobierno es robusta, aunque tenemos en cuenta la tendencia anterior del Gini (o sea el eventual “rebote de desigualdad”), así como otras determinantes económicas como la disponibilidad de recursos vía materias primas y los cambios en el mercado del trabajo. Nuestra interpretación es que la presencia de una alternativa de sistema, como en el caso de Venezuela, por ineficiente e inestable que fuese, alimentó las demandas de redistribución o favoreció la implementación de políticas sociales para restar votos a movimientos populistas. Sin embargo, estos cambios se quedan cortos a la hora de transformar el balance de poder en las sociedades. La cuota de ingreso que controla el 1 % más rico no varía de manera significativa o hasta crece para países como Argentina, Colombia y Uruguay (Top Income Database). Además, ya que los gobiernos de izquierda no enfrentaron ninguna de las debilidades económicas, como la exposición a los flujos de capitales volátiles, la escasa diversificación y la fragilidad en la balanza de pagos, el esfuerzo de redistribución termina dependiendo de los recursos de las regalías o de las materias primas, lo cual explica el parcial cambio de tendencia en la segunda década del siglo, cuando las restricciones macroeconómicas se hacen más difíciles de enfrentar dado el actual contexto económico internacional.]]>
Economía & Organizaciones Sat, 20 May 2017 18:55:00 -0500
Ciudades, epicentros de poder http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/ciudades-epicentros-de-poder.html La mayor parte de la vida de las personas transcurre en ciudades que, además de recibir cada vez...
En el primer caso se destaca Pireo, gran ciudad de la Antigua Grecia que hoy renace como puerto de pasajeros, el más grande de Europa y el segundo del mundo. Desde el siglo II a. C., la ciudad de Kashgar –junto con la idílica Samarcanda– fue una de las más grandes urbes comerciales de la antigua Ruta de la Seda, hasta que fue destruida en el siglo XIV por las tropas de Tamerlán. Ciudades como estas son algunas de las que se modernizan para recibir la producción en masa de autopistas férreas, aeropuertos, gasoductos y redes eléctricas del megaproyecto de infraestructura más grande y extenso del mundo: la Ruta de la Seda del siglo XXI. El mapa urbano de Sri Lanka se ve impactado hoy con Colombo Port City, la ciudad portuaria y distrito financiero que se está construyendo junto a la capital y que se une a los nuevos proyectos urbanos de India y China, los cuales plantean dos tendencias: las gigaciudades y las ciudades intermedias. Un ejemplo paradigmático de India es el corredor Delhi-Mumbai, un plan para conectar ambas ciudades por un ferrocarril de alta velocidad con 24 ciudades “inteligentes”, de las cuales ocho se han planificado. Este es el proyecto de infraestructura urbana más grande del mundo y favorecerá a 180 millones de personas al construir en 1.500 km una zona industrial y ecociudades en seis estados del noreste indio. Este proyecto implicará la construcción de la Región de Inversión Especial Dholera en Guyarat y el Parque Industrial Shendra-Bidkin en Maharashtra. En China existen megaproyectos como Jingjinji (planeado desde los años ochenta), el cual albergará 130 millones de personas para controlar el crecimiento de Pekín y combatir la contaminación con la mudanza fuera de la ciudad de oficinas de Gobierno, hospitales, empresas y comercios mayoristas, junto con las industrias más contaminantes –unas 1.200 empresas– y las que requieren mayor mano de obra. La principal reestructuración será la creación de un centro administrativo del Gobierno: se desplazará de la Ciudad Imperial al suburbio de Tongzhou, Pekín será el principal centro político y cultural, y Tianjin el centro de investigación y de desarrollo de la industria manufacturera y el primer puerto para el transporte marítimo internacional del norte del país. Pensadas para la ciencia El gigante asiático también tiene una política de construcción de ciudades intermedias y pequeñas, como Chengdu Science City, enfocada en el desarrollo científico y tecnológico para convertirse en centro para la innovación y el emprendimiento con influencia internacional. El Gobierno proporciona todos los servicios necesarios, incluyendo financiación. La construcción comenzó en julio de 2013; tiene un área prevista de 73 km2, alberga institutos y centros de investigación de primer nivel, producto de alianzas con Francia y Alemania, como el Sichuan-France Ecology Technology Center y el Germany’s Nordrhein-Westfalen Center. Este caso se asemeja al de Tsukuba Science City en Japón, 50 km al norte de Tokio, donde se concentra un gran número de institutos estatales e investigadores incluyendo cuatro premios Nobel japoneses. En relación con los cambios en la geografía política como efecto de la internacionalización de las ciudades, un ejemplo está en Mongolia y la frontera sureste rusa, cuyas ciudades están siendo absorbidas por China. Jabárovsk y Vladivostok son ahora más chinas que rusas por la influencia de las provincias de Hebei y Jéilong-Chiáng. Esto impacta la geografía política: las fronteras políticas de algunos estados no se corresponden con las fronteras reales. Las ciudades cercanas a los polos de la Tierra, como Reikiavik (capital de Islandia), también se están internacionalizando de manera radical, dada a la ampliación del espacio geopolítico del globo con la incursión sistemática en el Ártico y la Antártica por parte de las grandes potencias que buscan surtirse allí de agua, hierro y uranio. Además, crear rutas en el Ártico ahorrará tiempo y dinero en el transporte de mercancías al recorrer entre 2.000 y 3.500 millas náuticas menos con respecto a las rutas que comunican los puertos costeros de la actualidad. Diplomacia entre ciudades Un factor determinante en la internacionalización de las áreas urbanas es la participación del gobierno de la ciudad. Cada vez más las administraciones municipales grandes, medianas y pequeñas asumen sus asuntos exteriores y los impulsan con actividades que trascienden las fronteras nacionales con el objeto de proteger y mejorar los intereses de
sus ciudadanos. Los gobiernos urbanos multiplican sus relaciones bilaterales, reactivan la diplomacia entre ciudades, forman parte de redes, organizaciones regionales y mundiales de ciudades. Es todo un mercado existente dedicado a gestionar las relaciones globales de una ciudad. Las relaciones pueden ser más horizontales, más flexibles y con mayor capacidad de maniobra en un mundo globalizado desafiando el poder de los Estados, máxime cuando las políticas locales tienen cada vez mayor incidencia sobre los temas de la agenda global. Como resultado, las ciudades están logrando reconocimiento por parte de organismos multilaterales de primer orden. Tienen asiento en espacios como la Unión Europea, Mercosur, el Consejo Económico y Social de la onu y el Consejo de Administración de ONU Hábitat. Incluso algunas agencias de Naciones Unidas buscan hoy fondos en gobiernos locales y encuentran nuevos donantes en las ciudades. Lo que están demostrando las ciudades del mundo contemporáneo es que desarrollo urbano sin gobierno urbano ni relaciones globales no es verdadero desarrollo.]]>
Ciudad & Territorio Sat, 20 May 2017 18:54:00 -0500
Incrementó la malaria en Colombia http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/incremento-la-malaria-en-colombia.html Los 83 mil casos de malaria reportados en 2016 evidencian el retroceso en el control y la...
En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social ratificó su propósito de eliminar la malaria en 2031. Una meta similar tiene el Plan Decenal de Salud 2010-2020, que proyecta reducir de manera progresiva y sostenida la carga de esta enfermedad, y en particular la mortalidad en un 80 % de los pacientes. Sin embargo desde 2015 el país registra un incremento de los casos. En 2016 hubo 83 mil nuevos reportes de malaria por Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, un dato que supera la incidencia registrada entre 2011 y 2015, cuando el promedio fue de 54 mil casos cada año. Solo el año pasado en Chocó se registraron 50 mil casos, lo que equivale al 10 % de la población de ese departamento. Otra información que resulta preocupante es que, por primera vez desde los años setenta, se registra una proporción mayor de los casos por P. falciparum –la forma más severa de malaria– en relación con los de P. vivax, debido a la falta de disponibilidad y continuidad en el suministro de los medicamentos recomendados para el tratamiento de malaria por P. falciparum. Está claro que el país asiste a un retroceso en el control y la prevención de la malaria que obliga tanto a pensar en las causas del fenómeno como a evaluar las medidas y acciones de control implementadas por las autoridades sanitarias. Los obstáculos para combatir esta enfermedad son de tres tipos: biológicos, administrativos y de política pública. Con respecto al biológico, investigadores del grupo de Parasitología del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UN adelantan el proyecto “Herramientas, formación y redes para disminuir la carga de malaria en la Costa Pacífica”, cuyos resultados y recomendaciones se podrán incluir en los programas de eliminación de la transmisión de malaria en Guapi (Cauca). Minería y malaria El Pacífico colombiano registra transmisión endémica de malaria, en especial por P. falciparum. Este territorio tiene altos índices de necesidades básicas insatisfechas y su economía gira en torno a la pesca, la minería y el cultivo de palma africana y de hoja de coca, entre otros. Particularmente la minería tiene un efecto importante en el mantenimiento de la infección, por los depósitos de agua que se convierten en criaderos del mosquito Anopheles, transmisor de la infección. De igual manera, los movimientos migratorios –probablemente asociados con la minería informal y el desplazamiento forzado– inciden en la diseminación de parásitos desde y hacia muchas regiones del país. El propósito del trabajo del grupo de Parasitología es evaluar las vías mutacionales que generan genotipos asociados con la resistencia a los antimaláricos; determinar la magnitud de individuos asintomáticos en áreas endémicas; medir la intensidad de transmisión de malaria y construir una estrategia de prevención y control a partir de las comunidades afectadas. De esta manera, se observó un aumento en la frecuencia de genotipos de P. falciparum asociados con la resistencia a la cloroquina y a la combinación sulfadoxina-pirimetamina, medicamentos no recomendados como parte del esquema nacional del tratamiento para malaria no complicada o no severa (la malaria cerebral, por ejemplo), lo que da cuenta del uso informal de estos fármacos –contrarios a los protocolos establecidos– y explica el aumento en la selección de parásitos resistentes. Además, los investigadores detectaron que algunos de los genotipos asociados con la resistencia a los antimaláricos encontrados recientemente provienen de población del oriente colombiano. El estudio también muestra que existe un porcentaje cercano al 3 % de individuos portadores asintomáticos de la infección, que sirven como reservorios en el mantenimiento de la infección. Este dato es un factor importante para explicar la persistencia y diseminación de la malaria en la región. Tales obstáculos, si bien son importantes, no son comparables con los impuestos por la debilidad administrativa y la ausencia de una política pública efectiva en las entidades responsables del control y la prevención de la malaria en Colombia. Ineficacia administrativa La transferencia de responsabilidades estatales de las acciones de control y prevención a proyectos o iniciativas transitorias es un problema grave que impide la sostenibilidad de las acciones públicas, como se constata en el proyecto “Malaria Colombia” –financiado por el Fondo Global entre 2010 y 2015– por medio del cual se apoyó y dotó la red de microscopistas para mejorar el diagnóstico en la detección de la enfermedad. Sin embargo, una vez terminado el proyecto, la falta de continuidad tanto en la contratación y el mantenimiento de los equipos, como en la capacitación y en la dotación de insumos para el diagnóstico, refleja la debilidad generalizada de la red de microscopia para malaria en el país, y la falta de un suministro oportuno de drogas antimaláricas. Otro ejemplo de las debilidades en las políticas públicas es que las convocatorias del Fondo Nacional de Regalías, en vez de fortalecer el sistema de investigación, han servido para que el Estado –por medio del Ministerio y de las secretarías departamentales y municipales de salud– descargue sus responsabilidades en proyectos de investigación transitorios que no tienen como propósito controlar y prevenir la malaria, sino generar conocimiento que sirva para que las autoridades sanitarias tomen decisiones precisas y razonables. Las dificultades se hacen más complejas en el escenario del Sistema de Salud, que fragmentó los procesos en: promoción; vigilancia y control; y prevención y atención de individuos y comunidades, de los cuales entregó las acciones de los dos primeros (con muy exiguos recursos) a las entidades territoriales y los hospitales públicos –a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)–, y los restantes a las eps, que no articulan redes integradas de atención primaria (entre ellas los microscopistas comunitarios), y, por el contrario, privilegian la atención en la alta complejidad produciendo limitaciones de calidad, continuidad e integralidad que no garantizan el derecho a la salud de las poblaciones. Tanto para la malaria, como para la gran mayoría de las enfermedades tropicales y la desnutrición –que afectan de manera grave a los más de 15 millones de personas que viven en zonas rurales, incluidos indígenas y afrodescendientes–, se debe organizar un nuevo sistema de salud en el marco del posacuerdo, que apunte a superar las desigualdades sociales, elimine la intermediación de las EPS y articule una red pública de oferta con altos niveles de gestión del conocimiento, participación social e interculturalidad.]]>
Salud Sat, 20 May 2017 18:53:00 -0500
Calculadora indica cómo compensar contaminación por CO<sub>2</sub> http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/calculadora-indica-como-compensar-contaminacion-por-cosub2sub.html Por ejemplo, un habitante de Medellín necesita cultivar 28 plantas de guadua o 469 de cacao para... on line estima qué tanto está contaminando el planeta y además le permite saber cómo remediarlo.

Todo proceso o actividad genera contaminación, y la sumatoria de estos deja un rastro difícil de ocultar, conocido como huella de carbono. Con su cálculo es posible conocer la marca que deja cada persona sobre el planeta en su vida cotidiana; es un indicador que mide la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos directa o indirectamente a la atmósfera. Las severas variaciones climáticas como consecuencia de la acción del hombre han hecho que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático determine que la temperatura media global pasará de 0,3 oC a 0,7 oC entre 2016 y 2035, o que en Colombia el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) proyecte que la temperatura promedio entre 2011 y 2040 aumentará 1,4 oC. Tal situación ha motivado la creación de mecanismos que permitan conocer el rastro contaminante tanto de las personas como de las empresas y los productos. En el país, Ecopetrol, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá cuentan con calculadoras on line de la huella de carbono, pero ingenieros de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (UN) Sede Medellín crearon la primera herramienta virtual que le indica al usuario cómo hacer compensaciones. Cacao y guadua El desarrollo del programa se hizo en Medellín, para lo cual fue necesario, primero, adelantar una encuesta. La muestra estuvo conformada por
82 estudiantes de entre 18 y 25 años, de estratos 1, 2, 3 y 4. Como resultado se tuvo que una persona emite en promedio 1,2 toneladas de CO2 al año, y que entre los mayores factores de contaminación se encuentran los residuos sólidos producidos en los hogares (81 %), el consumo de energía (13 %), el transporte (6 %) y la alimentación (0,13 %). Entonces, para calcular las toneladas de emisiones por habitante al año generadas por el transporte, se multiplicó el número de viajes por semana, las 48 semanas al año y los kilómetros del recorrido de cada viaje. Después se dividió la eficiencia del combustible (16,66 km por litro) entre el factor de emisión de gasolina (2,77 kg de CO2 por litro) y la carga promedio de un transporte colectivo (14,4 personas). En cuanto al consumo de energía y gas la alimentación basada en productos de origen animal, y la generación de residuos sólidos, la operación matemática consistió en multiplicar la cantidad de kilogramos por cada día de los 365 del año, el contenido de materia orgánica por kilogramo de residuo sólido (0,55) y su factor de emisión (0,101 kg), la densidad del gas natural (1,77 kg) y el potencial del calentamiento global del metano (211), un gas efecto invernadero. Para concederle más nivel de detalle, los ingenieros se apoyaron en una base de datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, a la que adaptaron los valores de CO2 obtenidos en las encuestas. De esta manera, estimaron que para mitigar la huella de carbono, un habitante de Medellín necesitaría cultivar 28 plantas de guadua o 469 árboles de cacao. La primera especie transforma o fija 0,044 kg de CO2 por año, y la segunda 0,002 kg en el mismo periodo. El profesor Ramiro Ramírez Pisco, director del Laboratorio de Física y Conservación de Suelos de la Facultad de Ciencias, explica que la elección del cultivo del cacao para este proyecto se dio no solo porque es una especie que puede fijar co2 por largos periodos, sino también por su importancia dentro de los programas del posconflicto y la sustitución de cultivos ilícitos, por tener potencial para aportar a la economía del país. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible, durante el cuarto trimestre de 2015 la producción de cacao aumentó 32,6 %, mientras que en marzo de 2016 el incremento fue del 21 %. Con respecto a la guadua, esta cumple un rol importante en la construcción de muebles y viviendas, y además crece rápido y retiene agua. Para identificar el carbono acumulado en guadua y cacao, el porcentaje de humedad (la cantidad de agua que contienen y necesitan para mantenerse frescas) se multiplicó por el peso fresco y se determinó la biomasa. Las evaluaciones se realizaron en la Estación Agraria Cotové, en la vereda El Espinal del municipio de Santa Fe de Antioquia. Juan David Granada, estudiante de Ingeniería Agronómica y uno de los investigadores del proyecto, indica que el mayor depósito se presentó entre la base y las vainas tubulares, con 35,77 kg para guadua y 1,352 kg para cacao; en las hojas hubo 0,862 kg y 0,414 kg; en la raíz 7,797 kg y 0,612, respectivamente. Pagar por descontaminar Según los investigadores, con el calentamiento global surge la necesidad de proyectar cultivos de especies vegetales que generen valor agregado mientras capturan CO2. En su opinión, el hecho de que la mayoría de las acciones contaminantes se genere en las urbes es un impedimento para plantar árboles –como los propuestos en esta investigación– en otras zonas del país, sobre todo en áreas rurales. El profesor Ramírez considera que se trata de trabajo con beneficio mutuo, “así, las personas que habitan las zonas rurales estarían motivadas a continuar en ellas, mientras que en las ciudades se debe trabajar por la reducción de la contaminación”. En ese sentido, la iniciativa de compensar la huella de carbono a través de la siembra de cacao o guadua podría formar parte de las estrategias de pagos por servicios ambientales. En el mundo países como Reino Unido, Italia, Japón y Portugal son líderes en la compra de bonos de carbono, un mecanismo que moviliza recursos por cerca de 126.000 millones de euros. Un ejemplo de esta experiencia en Colombia es la del BANCO2, iniciativa que se ejecuta en ocho departamentos colombianos, entre ellos Antioquia, Boyacá y La Guajira. Mediante este programa, empresas y personas compensan su huella de carbono por medio de recursos económicos que les permiten a 960 familias de áreas rurales conservar el medioambiente. En ese sentido, la calculadora diseñada en la UN Sede Medellín se puede convertir en una herramienta funcional para certificar áreas de interés ambiental y ofrecer alternativas a los campesinos; así, por medio del pago por mitigar la huella de carbono de otras personas, se estaría contribuyendo a la conservación del medioambiente y a la prosperidad del campo colombiano.]]>
Medio Ambiente Sat, 20 May 2017 18:52:00 -0500