UNPeriodico http://www.unperiodico.unal.edu.co/ UNPeriodico es UNPeriodico http://www.unperiodico.unal.edu.co/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif http://www.unperiodico.unal.edu.co/ 18 16 UNPeriodico TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Sat, 10 Dec 2016 19:00:00 -0500 UN Periódico Impreso No. 206 http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/un-periodico-impreso-no-206.html Descatado UNPeriodico Sat, 10 Dec 2016 19:00:00 -0500 Colombia también es mar http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/colombia-tambien-es-mar.html Los países que han alcanzado un desarrollo marítimo importante han ejecutado políticas públicas...
Mayor información
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Especial Océanos Sat, 10 Dec 2016 19:00:00 -0500
Entre la lucidez y la ceguera http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/entre-la-lucidez-y-la-ceguera.html El 25 de noviembre se firmó por segunda vez el Acuerdo Final de Paz, que sella el proceso iniciado...
Los datos anteriores se corresponden con la atávica creencia de que el voto ciudadano tiene poco impacto en la dirección del país, y con los altos niveles de desafección hacia los partidos políticos y la falta de legitimidad tanto de las elecciones como de otras instituciones democráticas. Además, indican una frágil decisión: el Sí, con el 49,78 % de los votos, fue derrotado por el No, con el 50,21 %, con la irónica lógica de que la mayoría de quienes rechazaron la primera versión del Acuerdo viven en territorios ajenos al conflicto. El plebiscito del pasado octubre resulta ser una caricatura del realizado el domingo 1 de diciembre de 1957. Este fue convocado por los autores intelectuales de la violencia bipartidista, quienes no contaron con aquellos que arriesgaron la vida en el fratricidio y que, desencantados con el acuerdo frentenacionalista, se abisagraron con la lucha guerrillera iniciada en los años sesenta, a cuyo final convocaba el plebiscito de 2016. Pero, a diferencia del realizado en 2016, el de 1957 indicó un contundente Sí, con 4.169.294 votos, contra 206.654 en favor del No y 20.738 votos en blanco. Estas han sido las elecciones con la mayor participación en la historia de Colombia. Hace 59 años votaron quienes tenían cédula, y quienes no, también; además las mujeres lo hicieron por primera vez. En ese momento, relata el escritor payanés Juan Esteban Constain, tampoco faltaron los contradictores como el Directorio Conservador de Antioquia; Gilberto Alzate Avendaño, entonces caudillo de la derecha colombiana; y un político rojista, José María Nieto, quien repartió un volante que decía: “Católicos: ¡Alerta! El plebiscito será un triunfo del comunismo, del protestantismo y de las logias liberales contra la Iglesia”. Los comunistas, sin embargo, se abstuvieron, no votaron. Pero lo que nos resulta patético de esa comparación es el hecho de que una vez negado el plebiscito de 2016, uribistas y santistas empezaran a negociar las nuevas condiciones de la paz al margen del actor en proceso de desmovilización, abogando el vocero más connotado del No por un acuerdo nacional, que rememora el realizado en 1957 entre Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal, y Laureano Gómez Castro, del Partido Conservador, quienes definieron ejercer el poder de manera compartida bajo la figura de un régimen bipartidista. El Acuerdo entre el Gobierno y las Farc buscó incorporar la mayor cantidad posible de propuestas que habían planteado los voceros del No; sin embargo tampoco logró satisfacerlos, porque en el fondo buscaban algo parecido a una capitulación de quienes consideran “narcoterroristas”. Además, la mayoría insiste en desconocer el conflicto armado interno. En ese sentido, el plebiscito de octubre –con el que se esperaba una ratificación épica– resultó ser un verdadero sainete, una razón de vergüenza para los espectadores internacionales, y de frustración para las generaciones venideras. Se trató de una farsa en la que libretistas y protagonistas no esperaban el giro que dio la trama. El presidente Juan Manuel Santos jugó a la soberbia de someter a plebiscito una decisión que había podido resolver por vía de un acto presidencial, sin que le implicara mayores gastos ni un riesgo para su imagen pública venida a menos y su postulación al Premio Nobel de Paz, sin tener que hacer declaraciones altisonantes como que si no se aprobaba “era el fin de la negociación y la vuelta a la guerra”, y “sin dar papaya” a ex presidentes contradictores. De hecho, mientras el ex presidente Pastrana tildó de “golpe de Estado” el proceso de paz, el ex presidente Uribe, quien negoció durante su gobierno la desmovilización de autodefensas y paramilitares, argumentó –entre otras cosas– que el proceso daba “impunidad” a los guerrilleros y “premiaba” al terrorismo.  Ley de amnistía, requisito indispensable  Ahora se está tramitando la refrendación del nuevo Acuerdo Final de Paz a través del Congreso de la República –camino que se debió utilizar desde el principio para estos menesteres– y se espera que una vez superado el trámite sea el mismo Congreso el que inicie el proceso de implementación normativa, lo cual haría sin tener certeza sobre la posibilidad o no de acudir a la vía rápida conocida como fast track, debido a la falta de claridad de la Corte Constitucional. Para las Farc la Ley de Amnistía es un requisito indispensable para iniciar el proceso de ubicación de sus guerrilleros en las zonas veredales de transición hacia la reincorporación. Por lo descrito, el país se debate entre la lucidez y la ceguera. Ya decía Albert Einstein que estaba más seguro de la finitud del universo que de la infinitud de la estupidez humana, y vaya que si nos observara ahora mismo no necesitaría mucho esfuerzo para demostrarse el estado de sonsera y desencanto que acusa nuestra inteligencia rectora. O como lo indicara Gabriel García Márquez, es como si nuevamente se quisiera condenar a nuestras estirpes a repetir y mantenerse en nuestros propios y vergonzosos conflictos. Es innegable que por estos días nos acompaña un estado de desazón. No faltan las razones y los argumentos por parte de quienes lo han propiciado, dirigentes autorizados con la legitimidad del poder para decidir el destino de un país. En ese sentido cobra importancia el postulado según el cual “los pueblos tienen las dirigencias que se merecen”, pues si no fuera así, las cambiarían. Esa situación refleja el problema actual del país, por tanto representa el reto para el ejercicio de nuestra inteligencia, ingenio e imaginación, como condición para salir de esta congoja incierta que dé al traste con los defensores y la muralla de una violencia centenaria incubada en nuestra historia y, lo peor, del desencanto en nuestros corazones.  Adenda: En este marco, muy seguramente, la negociación con el ELN pasará sin pena ni gloria, si es que la hay. ]]>
Política & Sociedad Sat, 10 Dec 2016 18:59:00 -0500
30 días en la Universidad http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/30-dias-en-la-universidad-31.html Bogotá. Diseñan Aquaby, un cargador de bebés para piscinas y playa. Investigación & Creación Sat, 10 Dec 2016 18:58:00 -0500 “En muchos países la economía es subsidiada por el trabajo no remunerado de la mujer” http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/en-muchos-paises-la-economia-es-subsidiada-por-el-trabajo-no-remunerado-de-la-mujer.html Cómo enfocar los problemas del desarrollo, el potencial de la economía del cuidado, de qué manera...
Durante su visita a la UN –donde participó como invitada de la Cátedra Currie, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas– UN Periódico conversó con esta integrante de la Comisión Nacional del Conocimiento, que asesora al primer ministro de la India, y ganadora en 2010 del “Premio de investigación sobre trabajo decente” de la Organización Internacional del Trabajo. La profesora Ghosh considera que el pluralismo es uno de los factores esenciales para el desarrollo de las naciones. En ese sentido afirma que los países deben pensar en otros tipos de integración económica, que ofrezcan garantías de bienestar a sus ciudadanos, y que no solo beneficien el capital. Así mismo, la doctora de la Universidad de Cambridge se refirió al papel poco reconocido de la mujer en el desarrollo económico mundial, y al futuro del trabajo.  UN Periódico (UNP): ¿en qué consiste el “malestar de la globalización”? Jayaty Ghosh (J.G.): en el último cuarto de siglo la integración económica global ha significado un importante aumento del poder del capital en relación con el trabajo. Esto se ha expresado, por ejemplo, en que existen más entornos de inseguridad y menos capacidad para que las personas consigan empleos con buenos salarios, garantías laborales y acordes con su formación profesional. Además influye en los gobiernos para recortar en gasto público básico y bienestar social. UNP: ¿de qué manera la arquitectura internacional afecta a los países en desarrollo? J.G.: la arquitectura institucional es parcialmente la del comercio. Por ejemplo, tanto la Organización Mundial del Comercio, como los acuerdos regionales, bilaterales, etc., los exponen a flujos muy volátiles y crean una identidad cortoplacista por parte de los inversionistas. Todo ello reduce dramáticamente el espacio disponible para hacer políticas en los países en desarrollo. UNP: en este escenario, ¿qué estrategias pueden implementar los países menos desarrollados? J.G.: la historia nos ha enseñado que ningún país desarrollado se industrializó sin crédito y sin una política industrial. El desarrollo de Gran Bretaña, Alemania, Japón y Estados Unidos se dio gracias a ello. Países como Corea del Sur, Malasia o China tuvieron un espacio político que les permitió realizar tareas que otros países en desarrollo no han podido ejecutar. Sin embargo algunos países como China están afrontando las consecuencias de la apertura de su sector financiero al capital mundial y les está costando cambiar su estrategia hacia actividades con mayor valor agregado. Algo similar sucede en India, donde después de 30 años de políticas económicas neoliberales y crecimiento muy rápido del pib no hemos sido capaces de diversificarnos más. Por su parte, Latinoamérica tiene una industrialización prematura debido en parte a la combinación de economías más abiertas y a la incapacidad para aplicar estrategias utilizadas en otras latitudes. UNP: ¿y los tratados de libre comercio? J.G.: la mayoría de los cambios provocados por ellos suceden en el marco regulatorio. La competencia se da en las fases de producción, por lo que todos los países productores de bienes compiten desesperadamente entre ellos. Tal situación provoca mayor concentración de valor y ganancia en el centro y menor en la periferia, pues los acuerdos otorgan mayor poder a la propiedad intelectual. Por ejemplo el iPhone, cuyo costo de producción en China es de menos de 10 dólares, se vende por 700 dólares; las ganancias van para Apple, no para los productores chinos. Por eso los tipos de integración económica no deben privilegiar el capital por encima de los trabajadores. UNP: sin embargo el modelo de desarrollo de muchos países de Latinoamérica está basado en el extractivismo... J.G.: el boom de las materias primas básicas obliga a los países a buscar ventajas competitivas en el mercado, y si tienen recursos minerales, pues eso es lo que exportan. En América Latina y África esta “apuesta” ha significado un estancamiento de sus economías. Además, el extractivismo que se realiza está concentrado en regiones geográficas en las que habitan comunidades con poca “voz” política. En India, mucha de la extracción mineral se hace en áreas predominantemente tribales, es decir comunidades étnicas menos desarrolladas. Algo similar sucede en Ecuador y posiblemente en Colombia y Bolivia, en donde las regiones con importantes recursos mineros están habitadas por comunidades étnicas con poca participación y representación política.  UNP: ¿qué papel tiene la mujer en todo este escenario? J.G.: lo que vale la pena saber, y generalmente no es reconocido, es que la mayoría de las economías en los países en desarrollo es subsidiada por el trabajo no remunerado de la mujer en sus viviendas y comunidades. En mi país, la participación de la fuerza laboral de la mujer es tan solo del 24 %, una de las más bajas del mundo. Sin embargo si se cuenta el trabajo no remunerado, parte de la economía del cuidado, o sea la labor doméstica, la educación de los niños, el cuidado de los ancianos y otras actividades como cocinar, limpiar, ir al mercado, conseguir agua y leña, el 86 % de las mujeres lo realizan. ¡Trabajan más que los hombres! UNP: ¿cómo afrontar la discusión actual en torno al futuro del trabajo? J.G.: existe preocupación por la incertidumbre que están generando los avances tecnológicos, situación que afectó primero a la industria y ahora al sector de servicios. Diría que debemos distinguir entre dos tipos de tecnología: una, a la que llamo productiva, que es precisamente la que desplaza el trabajo, pero que casi es comprensible porque la sociedad evoluciona gracias a la innovación. A la otra la llamo disruptiva, y por ella sí que debemos preocuparnos puesto que genera cambios en la organización y la producción. Por ejemplo, con Uber (transporte privado) o Airbnb (turismo), las personas ven grandes ventajas, como mayor oferta, ahorro o beneficio económico. Sin embargo lo que está sucediendo realmente es que se está desplazando la relación entre el empleador y el trabajador con un supuesto discurso de trabajo independiente que escapa de las leyes laborales. Son una muestra de cómo la tecnología está facilitando una reversión hacia prácticas que existieron en el siglo XIX, cuando la relación empleador-trabajador no estaba regulada. UNP: en estos nuevos escenarios, ¿qué futuro tiene la llamada economía del cuidado? J.G.: lo bueno del cuidado es que no se pueden utilizar las nociones estándares de productividad: si tratas de maximizar el número de pacientes, reduces la calidad, por lo que si se quiere preservar la calidad se debe mantener una cantidad razonable de trabajadores. He realizado un ejercicio estadístico muy básico tomando como ejemplo a Suiza. Para ello tomé la cantidad de población atendida por trabajador de la salud, y la de niños y ancianos atendidos por ellos; apliqué las proyecciones de población de las Naciones Unidas para 2030 y encontré que se necesitarían unos 630 millones de trabajadores del cuidado en el mundo. Esto haría de la economía del cuidado una importante fuente de empleo, eso sí, siempre y cuando esté regulada. UNP: como profesora de economía sabe que la corriente principal no toma en cuenta estos aspectos, ¿qué puede hacer la academia para afrontar los nuevos retos? J.G.: como profesión la economía tiene mucho porqué responder. En los países del norte ha sido un agente especial del capital global. Las teorías económicas que intentaron advertir las crisis financieras recientes fueron ignoradas y suprimidas por el establishment. Pero en la actualidad los jóvenes de muchas universidades están reaccionando. En Europa se ha conformado un movimiento bastante activo, llamado “la economía del mundo real”. Tanto en India como en los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia he visto un gran cuestionamiento hacia lo que está sucediendo en la actualidad. UNP: ¿hay esperanza? J.G.: ¡por supuesto que sí!]]>
Economía & Organizaciones Sat, 10 Dec 2016 18:57:00 -0500
Presupuesto 2017, grandes restricciones http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/presupuesto-2017-grandes-restricciones.html Control de los paraísos fiscales, eliminación de las exenciones fiscales, vigilancia en el gasto... fracking), y el menor dinamismo económico de la Zona Euro. Esto ha reducido la demanda de materias primas, impactando sus precios de forma considerable.

En Colombia la variación del precio del petróleo, principal producto de las exportaciones, pasó de valores superiores a los 100 dólares el barril a menos de 45, lo que ha significado la pérdida de ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC), para las vigencias fiscales 2013-2016, equivalente al 3,4 % del PIB. Es necesario tener en cuenta que el precio del petróleo que permite superar los costos de producción en Colombia es de 50 dólares/barril, razón por la cual el Gobierno proyectó que los ingresos del sector petrolero, al terminar el presente año, sean el -0,1 % del PIB (unos 800.000 millones de pesos). Este panorama no cambiará en 2017, ya que el precio proyectado es de 47,5 dólares/barril. Las cifras reflejan un claro contraste con lo presentado en 2013, cuando los ingresos del sector petrolero fueron de 23,8 billones de pesos (108,7 dólares el barril). Infortunadamente se desaprovechó el buen momento del crecimiento extraordinario de los ingresos para generar un ahorro, previendo las épocas de “vacas flacas”, y por el contrario se incurrió en lo que en materia fiscal se conoce como la Ley de Wagner, concepto que se refiere a la flexibilidad del gasto para crecer con incrementos en los ingresos, y a la inflexibilidad a reducirse frente a los menores ingresos. Con este manejo de las finanzas se terminó dando un criterio procíclico a la política fiscal, lo que ha impedido que, en situaciones de bajo crecimiento económico, el gasto público a través de la inversión sea un elemento que contribuya a estimular la economía.  Escenario de ajuste  Según cálculos del Ministerio de Hacienda, el ajuste frente a la reducción de los recursos fiscales y el mayor pago del servicio de la deuda, como consecuencia de la devaluación, alcanza el 4,2 % del PIB. Esto ha llevado a un mayor déficit fiscal –que se calcula llegará al 3,9 % del PIB en 2016–, es decir un 1 % superior al año anterior; ajuste de gastos del GNC equivalentes al 1,8 % del PIB, y generación de ingresos tanto por la reforma tributaria 2014 como por el plan antievasión, del orden del 1,4 % del PIB. En este mismo sentido, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), 2017-2027 contempla el reto de llevar la reducción del déficit fiscal del GNC de -3,9 % en 2016, a -1,0 % a partir de la vigencia fiscal 2022, para garantizar la sostenibilidad de las finanzas. Cumplir con ese objetivo va a ser complicado, teniendo en cuenta que los supuestos macroeconómicos del mfmp que sustentan el proyecto de presupuesto son demasiado optimistas. Por ejemplo, se calcula un crecimiento de la economía de 3,0 % para 2016, es decir casi un punto porcentual por encima de las proyecciones realizadas hasta el tercer trimestre del presente año.  Recursos fiscales  Los ingresos fiscales para 2017 se calculan en 134 billones de pesos, conformados principalmente por los recursos tributarios (126,9 billones de pesos, es decir que el 56,6 % del presupuesto es financiado con impuestos) y los rendimientos y excedentes financieros (4,1 billones de pesos). Con respecto al gasto, y según lo plantea MinHacienda, para la programación de los rubros de funcionamiento se han definido dos criterios de ajuste: la congelación de la nómina del sector público que se viene haciendo efectiva desde febrero de 2016 (aunque no se puede decir lo mismo con las denominadas nóminas paralelas), y la disminución del 5 % nominal de los gastos generales para 2017. Para los rubros de inversión, se le da prioridad a los programas que se financian con recursos propios, le siguen en orden de importancia las vigencias futuras, las víctimas y los programas sociales. Sin embargo, estos esfuerzos podrían resultar inútiles si se tiene en cuenta la rigidez del presupuesto, que en la práctica puede superar el 90 % del gasto, aspecto que se explica por los siguientes factores: 1) las normas constitucionales y las leyes preexistentes, como las transferencias cuyo monto asciende a 100,3 billones de pesos, especialmente el Sistema General de Participaciones, que involucra los recursos destinados a los municipios para financiar la educación y la salud (36,5 billones), las pensiones (38,2 billones) y las regalías; 2) la nómina estatal (34,6 billones de pesos, 15,4 % del presupuesto), concentrada en los sectores encargados de proveer funciones de justicia, seguridad y orden público, con un régimen salarial que se debe ajustar de acuerdo con la inflación; y 3) el servicio de la deuda, intereses más amortizaciones, por 54,3 billones de pesos, una cuarta parte del presupuesto total. Al observar el presupuesto por sectores, los más importantes son: educación, con 33,5 billones de pesos (incremento del 6,3 % con respecto a 2016); defensa, 29,5 billones (2,8 %) y trabajo, 27,5 billones. A pesar de estar incluidos como prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, entre los sectores que menos recursos percibirán se encuentran: deporte y recreación 0,3 billones (reducción del 17,1 % frente a 2016), cultura 0,3 billones (-11,1 %),  y agropecuario 1,67 billones (-33,6 %).  Cambios de fondo  Para garantizar un mejor escenario fiscal se deben implementar medidas estructurales que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas. En cuanto a los ingresos se debe trabajar en apoyar el pacto global que conduzca al control de los paraísos fiscales, recomendado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Según estimaciones de ese organismo, la evasión de capitales relacionados con el impuesto de renta e IVA es cercana al 6,7 % del PIB (una pérdida tributaria superior a 30.000 millones de dólares para 2013). Además es necesario implementar acciones que lleven a eliminar las exenciones fiscales que deterioran la base gravable y ocasionan inequidad en el impuesto de renta. En relación con los gastos, la apuesta debe ser por analizar la eficiencia del gasto, especialmente de los programas focalizados, como por ejemplo en el Sisbén, en el que existen graves fallas relacionadas con la definición de los beneficiarios. En consecuencia, no se han superado los obstáculos que han posicionado a Colombia como una sociedad desigual, pues, según el FMI, el coeficiente gini (0,538 en 2015) es el más alto de América Latina, junto con el de Guatemala; y el nivel de informalidad supera el 50 % de la actividad económica. Por último, mientras no se ataque la corrupción no habrá recursos que alcancen. Se deben fortalecer los organismos de control para garantizarles independencia y autonomía. En este sentido, es necesario destacar que recientemente el Gobierno presentó una propuesta para reformar el control fiscal. Esta es una oportunidad para robustecer a la Contraloría General de la República y darle la institucionalidad que permita generar resultados efectivos que garanticen el buen manejo de los recursos públicos.]]>
Economía & Organizaciones Sat, 10 Dec 2016 18:56:00 -0500
Presupuesto de universidades públicas sigue en caída libre http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/presupuesto-de-universidades-publicas-sigue-en-caida-libre.html Para superar las dificultades económicas de las instituciones de educación superior públicas, el...
En atención a los fundamentos constitucionales se expidió la Ley 30 de 1992 –mediante la cual se organiza el servicio público de la educación superior– que garantiza el principio de autonomía universitaria, estipulando su funcionamiento. En el capítulo V de dicha normativa se establece el régimen financiero. Así, el artículo 86 estipula que los recursos económicos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estén constituidos por aportes del Presupuesto General de la Nación, y que para el funcionamiento y la inversión provengan de los entes territoriales y de los recursos y las rentas propias de cada institución. Además, los aportes que reciban cada año las universidades públicas, tanto del presupuesto nacional como de las entidades territoriales, deben significar siempre un incremento en pesos constantes con base en los presupuestos vigentes a partir de 1993. Así, el artículo 87 de la Ley 30 de 1992 señala que a partir de 1998 el Gobierno nacional incrementará sus aportes para las universidades públicas en un porcentaje no inferior al 30 % del incremento real del pib. Si bien este artículo se formuló suponiendo un crecimiento en pesos constantes –en el que inicialmente las proyecciones se fijaban de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC)–, esto se hizo sin dimensionar la transformación del sector, que llevó a las instituciones de educación superior a gestionar mayores recursos que soportaran sus gastos, los cuales han crecido por encima del IPC. Además, el artículo 86 determina un incremento de los aportes en pesos constantes, aunque en la práctica el presupuesto se fija solo con el incremento del IPC.  Menos ingresos, más gastos  A principios del siglo XXI las demandas del mercado hicieron que las universidades públicas tuvieran que actualizarse debido a factores como el crecimiento de la población estudiantil; la cobertura; y la incorporación de tecnologías y de una planta docente más cualificada y remunerada con beneficios por producción intelectual. Además hubo un incremento de la actividad en investigación científica. De igual manera hubo mayor exigencia en el aumento de la movilidad académica, más impulso a programas de bilingüismo para estudiantes y docentes, mayor inclusión de la población vulnerable, mejor infraestructura, laboratorios especializados y programas curriculares de pregrado y posgrado acreditados. En 2009 las universidades públicas empezaron a mostrar la crisis financiera por la que atraviesan, manifestando la necesidad de ajustar el modelo de asignación de recursos establecido en la Ley 30 con el propósito de garantizar la sostenibilidad de las instituciones de educación superior. Frente a esta iniciativa, el SUE desarrolló un estudio que presentaba con cifras la situación real de las universidades con presupuesto insuficiente, y en el que se identificaron, entre otros aspectos, que la planta académica y administrativa estaba congelada –razón por la cual se incrementó el gasto tanto en vinculación de docentes ocasionales y de cátedra como en la prestación de servicios–, a lo que se sumaba el deterioro y la obsolescencia de la infraestructura para las demandas académicas. Producto del trabajo del SUE, en 2010 se obtuvieron recursos adicionales, supeditados al incremento de la cobertura regional. Después, el Gobierno nacional asignó recursos para fortalecer la base presupuestal, equivalentes a cerca del 4 % del presupuesto de las universidades. Tales recursos permitieron un relativo equilibrio entre los ingresos y los gastos de 2011 a 2013, lo cual resolvió de manera temporal el problema estructural, que consiste en que los ingresos crecen al nivel del IPC mientras que los gastos son 4 puntos por encima de este. El aumento de los gastos obedece principalmente a la aplicación del decreto 1279 de 2002 (régimen salarial y prestacional) y a los incrementos salariales que ha decretado el Gobierno por encima del IPC. (ver gráfico). Mediante la Ley 1607 de 2012 se realizó una reforma tributaria que creó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). Esta iniciativa establece que de los 0,6 puntos del
9 % asignado para financiar las universidades públicas y los créditos de beca del Icetex, el 0,4 sea destinado a soportar las necesidades presupuestales de las universidades, y el 0,2 restante se reserve para este Instituto. Dichos recursos están encaminados a fomentar la educación superior por medio de aportes de inversión para ampliar la cobertura; sin embargo, como no son recurrentes, no se pueden utilizar como aportes de funcionamiento para atender los gastos permanentes que generan los nuevos estudiantes. En 2013 se emitió la Ley 1697, mediante la cual se creó la “Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia”. Dicha contribución parafiscal se aprobó por un periodo de veinte años con una distribución de recursos destinados tanto a la construcción, adecuación y modernización de la infraestructura física y tecnológica de las universidades, como al apoyo a la investigación y a los programas de bienestar. Según la situación descrita, el presupuesto de las universidades públicas se compone de tres fuentes de financiación: los aportes de la Nación y de los entes territoriales, y los recursos propios generados por sus actividades misionales. Su apropiación se destina al funcionamiento, la inversión, los servicios de la deuda y las pensiones. El presupuesto de funcionamiento está constituido por los recursos provenientes de los artículos 86 y 87 de la Ley 30; la concurrencia de la Nación para atender el pasivo pensional (Ley 1371 de 2009), y la devolución del 10 % de las matrículas por concepto del descuento por votaciones electorales. El presupuesto de inversión se genera por: los aportes de la Nación, artículo 86 de la Ley 30; los recursos de ampliación en la cobertura en educación superior del fondo del Icetex; los aportes a la financiación de las universidades públicas para el fomento de la educación superior; la Estampilla; los recursos del cree, y los provenientes de estampillas en los entes territoriales.  Nuevo modelo de financiación  El crecimiento de la demanda y los nuevos requerimientos que ello implica ha generado problemas financieros. Las instituciones no cuentan con los recursos necesarios para su funcionamiento, ya que el modelo de financiación determinado por la Ley 30 se adecuaba al contexto de los años noventa, pero no previó el crecimiento en la demanda ni los mayores costos que tuvieron que asumir las universidades. Según cifras del sue, de 2004 a 2014 los estudiantes de pregrado han incrementado en 53,75 % (entre 1993 y 2015 fue de 252 %), y los de posgrado en 130,95 %. Estos últimos han aumentado debido a la consolidación de la oferta en programas de maestría –que pasaron de 320 a 644– y de doctorado, que pasaron de 45 a 138. Con el propósito de fortalecer la base presupuestal, el sue ha buscado el apoyo estatal a través de propuestas que garanticen mayores recursos para las universidades. En esta dirección, le ha solicitado al Gobierno y al Congreso respaldar una iniciativa mediante la cual se ajuste por una sola vez la base presupuestal en un 50 %, y se incremente cada año en 4 puntos por encima del IPC del año inmediatamente anterior, de tal manera que se superen las dificultades actuales de las universidades y se garantice el cumplimiento de su misión hacia el futuro.]]>
Economía & Organizaciones Sat, 10 Dec 2016 18:55:00 -0500
El despropósito de intervenir áreas naturales protegidas http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/el-desproposito-de-intervenir-areas-naturales-protegidas.html El 2016 será recordado por los intentos de modificar la situación actual de las áreas naturales de...
Al respecto, es conveniente recordar que en 1984 las islas Gorgona y Gorgonilla fueron declaradas Parque Nacional Natural, durante la presidencia de Belisario Betancur. Además, gracias a la labor de grupos de investigación de las universidades de los Andes, del Valle y Nacional de Colombia, se posee una línea básica del conocimiento sobre la flora y la fauna continental y marina que conforman los ecosistemas de las islas. El capital natural de Gorgona en la parte continental (1.568 hectáreas) incluye 155 especies de aves, 35 de reptiles, 17 de mamíferos y siete de anfibios. Además existen 430 especies de plantas con flores (4 % endémicas), 74 de helechos y 89 de briofitos. Así mismo, entre los 40 y los 300 m de altitud la vegetación natural de la zona está conformada por cinco grandes formaciones selváticas y boscosas. En la parte plana, muy transformada, se establece vegetación secundaria (que se produce naturalmente después de una modificación drástica) en diferentes fases de sucesión. La susceptibilidad de deterioro del territorio es del 85 % de su totalidad. Desde el siglo XV la isla ha sufrido transformaciones en su biota y entorno físico, y su expresión máxima se dio con el funcionamiento de una prisión de alta seguridad. Varios componentes relacionados con la fauna de aves, de pequeños y medianos roedores, serpientes y lagartos fueron muy afectados por la intromisión de especies domésticas que diezmaron las poblaciones. De igual manera, la tala de especies maderables redujo las poblaciones naturales; la apertura de caminos hacia los aserríos y a las partes altas de la isla crearon condiciones ideales para remover en masa y aumentar el material transportado en la erosión que se depositó en las partes bajas de los arroyos, y que probablemente también afectaron la biodiversidad marina. Han transcurrido 26 años desde que se hizo la “radiografía” del estado del territorio en sus componentes físicos y los relacionados con flora y fauna. Los puntos críticos en Gorgona incluyen estas consideraciones: la recuperación de la biota, los ecosistemas y el medio físico tiene muy poco tiempo, y la transformación de la parte plana fue drástica (más del 90 % del territorio). Por lo tanto, la construcción de zonas de habitación, la adecuación de caminos para el tránsito y la ampliación de los corredores antiguos para llevar suministros repercutirán en los procesos de recuperación y profundizarán la afectación de los ecosistemas.  Viviendas y ALO   En relación con la reserva Thomas van der Hammen, el equipo del alcalde Enrique Peñalosa aduce la falta de investigaciones que demuestren su importancia como área de protección. Vale la pena mencionar que para la declaratoria de área de protección se elaboraron investigaciones sobre vegetación, flora y algunos grupos de fauna; suelos; estratigrafía (superposición de las capas de la tierra); contenido de agua, y relaciones de conectividad de los flujos hídricos. Desde la década del sesenta se han producido más de 50 investigaciones sobre la reserva y sus zonas aledañas. Esta se ubica en la parte plana del antiguo lecho del lago de Bogotá, quizá una de las áreas con más estudios sobre su origen, evolución geológica y biológica en el ámbito regional e incluso mundial. La condición distintiva de la reserva es que ella se constituye en un testigo (remanente a manera de corredor biológico) de la conectividad física y ecológica entre los cerros Orientales (zona de mayor precipitación y por ende recarga de los acuíferos), la parte plana (lacustre) y el occidente (zona de menor precipitación), y de drenaje natural hacia el río Bogotá. Si no se mantiene la integridad de la reserva no quedará registro alguno de esta conectividad, ya que prácticamente lo que aún queda del fondo lacustre del lago se llenaría de cemento y se profundizaría la fragmentación del bloque de hábitat original. Desde la óptica de la academia –acostumbrada a los debates y las discusiones documentadas– es difícil de entender el desconocimiento del fundamental papel de la Van der Hammen. Las pretensiones del alcalde de Bogotá se resumen en la máxima: “fragmenta y extinguirás”. Los corredores biológicos pasados y presentes, y los que se deben habilitar en el futuro en la Sabana de Bogotá, son garantía de la continuidad del ciclo hídrico y del intercambio de genes –crucial para la adaptabilidad de las especies– entre individuos de numerosas plantas y animales asociados. Primero, los terrenos de la reserva eran vitales para desarrollar propuestas de vivienda que requerían alrededor de 18.000 hectáreas de suelo. Ahora se utilizarían para el trazado de vías tan importantes como la Avenida Longitudinal de Occidente (alo) y seguramente se seguirán esgrimiendo otras razones para desconocer su importancia, que representa apenas un 7 % del megaproyecto del alcalde Peñalosa.  Leyes no frenan deforestación  ¿Es posible que una entidad –o un grupo de personas en carrera contra el tiempo– rebata los resultados y los argumentos fruto de más de medio siglo de investigaciones sobre la reserva y sus alrededores? En el caso de la reserva Van der Hammen es ineludible la recuperación asistida, para la cual se poseen el conocimiento y la experiencia requeridos. Con respecto a Gorgona, la transformación por intervención del hombre fue muy severa, pero la declaratoria de área protegida ha resultado beneficiosa, ya que los procesos de recuperación-restauración son más rápidos. En conservación es bastante claro que si cesa el efecto transformador y aún existen fuentes originales (relictos de vegetación con fauna asociada) desde las cuales iniciar la recolonización, es bastante seguro que se dé una recuperación del sistema biofísico. Además de esta consideración de orden ecológico, cabe preguntarse ¿cuál sería entonces la filosofía o el alcance de las áreas protegidas? Si se permiten estos intentos, resulta muy fácil predecir que el efecto dominó se presentará con más regularidad, como ha sucedido, por ejemplo, con la Ley 2 de 1959 sobre protección del área forestal de Colombia. Entre 1959 y 2010 las continuas autorizaciones han permitido la deforestación de 40.000 hectáreas por año en territorios sobre los cuales se basó el alcance del área protegida. Según estas consideraciones es conveniente abrir los espacios para una sana discusión que involucre la filosofía de las áreas protegidas y su futuro, además de las razones de las entidades proponentes de la intervención: en el caso de Gorgona, las de excepcionalidad (seguridad nacional), y en el de Bogotá, las de los megaproyectos de un dignatario con un periodo definido de gestión.]]>
Especial Océanos Sat, 10 Dec 2016 18:54:00 -0500
Pacífico colombiano, una región por construir http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/pacifico-colombiano-una-region-por-construir.html La disminución del conflicto armado permitirá dinamizar esta región azotada durante décadas por...
Las potencialidades del Pacífico están asociadas con su ubicación estratégica y con los medios promisorios para preparar y asumir los nuevos retos que impone el proceso de globalización internacional. Está región, olvidada por muchas décadas del poder central, ha vivido toda suerte de violencias provocadas por el tráfico de drogas, los cultivos ilícitos y la corrupción, que la convirtieron –a diferencia de la costa Caribe– en la zona con los más altos índices de pobreza, desempleo y desigualdad. Datos del Dane indican que en 2015 el Chocó registró el 62,8 % de pobreza (seis veces más que Bogotá), seguido del Cauca (54,2 %) y La Guajira (53 %), donde más de la mitad de la población no accede a la canasta básica de bienes y servicios. Según el coeficiente de gini (1 es la peor situación) el mejor departamento es Cundinamarca, que en 2015 tenía 0,438, seguido del Atlántico con 0,440, mientras que los peores en desigualdad son el Chocó (0,598) y La Guajira (0,551). En cuanto al Índice de Competitividad, en 2015 el primer lugar lo ocuparon Bogotá (8,13 puntos), Antioquia (6,55) y Caldas (6,06), mientras que los últimos lugares fueron para La Guajira (2,97), Putumayo (2,58) y Chocó (2,36). El caso del Pacífico colombiano es uno de los más severos en los que se le ha dado la espalda a una de las regiones más ricas de Latinoamérica. Quizá tenga razón el profesor Álvaro Tirado cuando sostiene que “si queremos conquistar la gran cuenca del Pacífico, primero tenemos que descubrir el nuestro. Quedan más cerca Quibdó, Buenaventura o Tumaco que Hong Kong, Seúl o Tokio. ¿Cómo pretendemos integrarnos con el mundo cuando ignoramos lo que pasa con nuestros compatriotas?”. No se trata de lo que está primero, sino de entender que mal se podría repetir la experiencia de convertir esta región solo en una vía de penetración y tránsito de las mercancías de los puertos al interior, sin integrarlo con el resto del país y del mundo.  Rica y olvidada  Mientras las regiones Andina y Caribe crecen, el Pacífico es una región por construir. El departamento de Nariño tiene más relación con Ecuador que con Cauca y Valle del Cauca, en tanto que Chocó ni siquiera cuenta con una vía de acceso terrestre a su costa pacífica. Su aislamiento en pleno siglo XXI no se compensa con el papel que jugó antaño como enclave estratégico para las bonanzas mineras y madereras del país. En los últimos años se han diseñado planes de desarrollo local que buscan la integración regional. Uno de ellos fue el “Protocolo de constitución de la región Pacífico de Colombia, tierra de paz, mar de prosperidad”, firmado por los gobernadores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La iniciativa, conocida como “Tierra de Paz, Mar de Prosperidad”, enfatiza en desarrollo integral y desarrollo rural, conectividad, energía, seguridad y servicios públicos. De otra parte, el “Plan estratégico de la macrocuenca del Pacífico 2013” –Chocó, Valle, Cauca y Nariño– reitera el proceso de integración regional liderado por las respectivas gobernaciones. El propósito del Plan es conectar el Pacífico colombiano con el asiático como nuevo polo de desarrollo por donde transitan más de la mitad de los bienes y mercancías del comercio internacional. El documento señala que esta zona del país cuenta con grandes riquezas biológicas, ambientales y culturales, y excelentes condiciones topográficas y climatológicas. Otras fortalezas son sus recursos pesqueros de 450.000 toneladas al año, su alta pluviosidad –la más alta del planeta–, que la convierte en una de las mayores reservas mundiales de agua dulce, y su impresionante patrimonio en biodiversidad, la segunda después de Brasil, lo cual es un importante atractivo para el turismo ecológico, que cada vez prolifera más en el mundo. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, con enfoque regional en la integración del Pacifico, advertía que para apalancar el desarrollo regional –a través de la eliminación de las brechas sociales y buscando un equilibrio con respecto a otras zonas del país– se requiere promover un modelo económico alternativo que supere el predominio en la extracción de recursos; superar la baja conectividad tecnológica y la baja integración inter e intrarregional que limita la competitividad territorial, e impulsar estrategias para generar empleo y reducir la pobreza. A mediados del año pasado, la Dirección Nacional de Planeación anunció que el Pacífico colombiano contaría con su propio “Plan Marshall”, haciendo referencia al plan que permitió la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Para ello, el artículo 178 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 creó un patrimonio autónomo de 3 billones de pesos para esta región del país, el cual se llamará “Fondo para el desarrollo del plan todos somos pazcífico”. Según el Gobierno las metas son claras, y dichos recursos se destinarán a proyectos focalizados de infraestructura y desarrollo socioeconómico. Por ejemplo, la ampliación de la cobertura en acueducto y alcantarillado, electrificación y mayor conectividad para mejorar los costos y la facilidad en el transporte. También para disminuir la mortalidad infantil del 24,79 % al 18,5 %, además de incrementar la tasa de cobertura en educación media, que se prevé pasará del 73,31 % al 86,64 %, el acceso a agua potable y a vivienda.  Integración local y global  Lo anterior permitirá impulsar una política de integración, primero con el país de manera que sirva para aprovechar las ventajas de la Alianza del Pacífico y las nuevas dinámicas de la geopolítica global, donde se encuentran las economías más dinámicas del mundo. China, país que lidera las inversiones asiáticas en América Latina, invirtió más de 150.000 millones de dólares el año pasado en la región. Así mismo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Chile, Perú, Argentina y Venezuela se han convertido en su principal socio comercial, mientras que en México es el segundo después de Estados Unidos. No cabe duda de que en la coyuntura global el Pacífico es el nuevo tablero en el gran juego del intercambio comercial. En este, plataformas como la Alianza del Pacífico –con el 36 % del pib de América Latina– podrían convertirse en jugadores de élite. Por eso Colombia necesita jugar de titular y no de suplente. El pasado 24 de noviembre, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec), en el que se presentó el “Nuevo marco de cooperación pragmática (1+3+6) 2015-2019”, el primer ministro japonés, Shinzō Abe, y el presidente de China,
Xi Jinping, mostraron su apoyo a Colombia por haber alcanzado el Acuerdo Final de Paz con la guerrilla más antigua del mundo; sin embargo el nuestro es el único país no miembro de la Apec.]]>
Especial Océanos Sat, 10 Dec 2016 18:53:00 -0500
Cooperación internacional impulsaría manejo de la Seaflower http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/cooperacion-internacional-impulsaria-manejo-de-la-seaflower.html Tanto la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, como la Reserva de la Biosfera...
El constante secretismo de los gobiernos y su desinterés por las poblaciones que habitan los territorios de frontera en el Caribe han impedido reconocer que todo lo dividido en la adjudicación indiscriminada de las enormes áreas marítimas en disputa pertenece a una delicada zona ambiental, humana y sociocultural que merece un tratamiento especial a pesar del litigio. En 2000 la Unesco declaró al departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como Reserva de la Biosfera Seaflower, junto con la declaración de Área Marina Protegida de alrededor de 65.000 m2. En este espacio existe un entramado medioambiental vinculado a una gran cantidad de especies endémicas, manglares, arrecifes de coral y vegetación marina, entre otros, que son muy importantes no solo para la estabilidad ecológica de la región sino para la humanidad. Dentro de su protección la reserva también incluye el componente humano, poblacional y sociocultural que depende de ella, pero Colombia ha desestimado esta figura como mecanismo estratégico para la defensa de sus intereses territoriales y para la protección y el reconocimiento de las comunidades raizales que habitan el Archipiélago. Nicaragua por su parte ha hecho caso omiso de la reserva antes y después de las distintas demandas elevadas frente a su contrincante. Ante estas condiciones, los pobladores de los territorios fronterizos han quedado a la deriva, pese a que son quienes en últimas han sufrido los efectos negativos del insistente propósito de los gobiernos en dividir lo que otrora fue una gran unidad sociocultural. Esta comunidad, reconocida como “nación creole” está asentada sobre la gran costa Caribe que hoy supera los límites de al menos cuatro países centroamericanos: Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, y del país caribeño de Colombia. En este caso es de resaltar el histórico vínculo familiar, lingüístico y sociocultural entre los habitantes del Archipiélago y las comunidades colindantes de los municipios de Bluefields, Bilwi y las Corn Island, ubicados en los márgenes de las comunidades autónomas de la costa Caribe nicaragüense. Lo que sí es un hecho real es que después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, dictado el 12 de noviembre de 2012 y que le adjudicó a Nicaragua unos 75.000 km2 de aguas territoriales (antes custodiadas por Colombia), esta Reserva de Biosfera quedó de facto dividida en dos, lo cual supone que, atendiendo a la normatividad internacional, tanto Colombia como Nicaragua deberían estar en la obligación de garantizar de manera compartida el manejo especial de estas aguas y sus recursos. Los pobladores raizales y un conjunto de instituciones interesadas en preservar la reserva vienen proponiendo el manejo conjunto de sus zonas a partir del régimen internacional soportado por la Unesco que está plasmado en la Estrategia de Sevilla de 1995 y su Marco estatutario, complementado por varias declaraciones y el Plan de Acción de Madrid. Esta misma estrategia incorpora recomendaciones para ámbitos transfronterizos a partir del “reconocimiento oficial a nivel internacional de la voluntad política de cooperar en la conservación y el uso sostenible de las reservas a través de una gestión común de un ecosistema compartido”.  “Desde abajo”  Varios casos de reservas de biosfera binacionales e incluso trinacionales podrían servir como ejemplos para que Colombia, Nicaragua, y, por qué no, los demás países que rodean la reserva, decidan avanzar en la cooperación como alternativa para ampliar su proyección geográfica y superar así los riesgos asociados con el conflicto y la indeterminación en esta frágil zona del mar Caribe. Existen dos casos importantes: el de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo entre el sur de España y el norte de Marruecos –en una región ecológica separada por el mar Mediterráneo– y que aun en medio de una disputa limítrofe por un maritorio indefinido y conflictos entre ambos estados, logró su adecuado funcionamiento e institucionalización, y el de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Trifinio-Fraternidad entre Guatemala, Honduras y El Salvador (zona de 7.241 km2), que resalta las particularidades del contexto centroamericano, también vinculado a una visión altamente soberanista de las fronteras.  Sin ir muy lejos del Caribe, Colombia y Jamaica a partir del tratado Sanín - Robertson de delimitación marítima de 1993, delimitaron un Area de Régimen Común, en el cual ambos países se comprometen a la protección y preservación del medio marino, la conservación de los recursos vivos y la investigación científica marina, entre otros. Esto supone que Colombia ya tiene una experiencia previa de comanejo en sus áreas marítimas del Caribe, que también podría ser punto de referencia para la protección de la reserva en común con Nicaragua. Vale la pena resaltar que más allá de las posibilidades de un efectivo manejo compartido de la Seaflower, el desarrollo de estas acciones de cooperación se debe agenciar con la participación del pueblo Raizal y de los pescadores que conviven en el territorio, realizan intercambios, conocen sus dinámicas y tienen una concepción ambiental en la apropiación de este. La generación de mecanismos institucionales formales y no formales –construidos desde las poblaciones locales y que respondan a una afinidad sociocultural con sus pares fronterizos– se debe gestar en un ambiente favorable para lograr mecanismos de integración y cooperación “desde abajo”, en el que los estados sean acompañantes y garantes de dichos acuerdos, más que ejecutores ajenos a las formas particulares de administración del territorio. Se sabe que en medio de un litigio los estados son reacios a cooperar, máxime cuando las zonas en disputa –como es el caso del mar Caribe colombo-nicaragüense– están en la mira de las compañías extractivistas del petróleo y de otros recursos naturales, pero es precisamente por la amenaza que este hecho representa para el adecuado funcionamiento ambiental de la reserva, que es hora de que negocien, atiendan el llamado de sus comunidades fronterizas y cumplan con su mandato obligatorio de proteger los entornos que, como la Reserva de la Biosfera Seaflower, se constituyen en reservorio ambiental para el desarrollo futuro y sostenible del Caribe y de la humanidad.]]>
Especial Océanos Sat, 10 Dec 2016 18:52:00 -0500