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Política & Sociedad
Los  documentos de registro son necesarios para acceder a derechos básicos como la salud y la educación. foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Los documentos de registro son necesarios para acceder a derechos básicos como la salud y la educación. foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

El 4 % de la población no ha nacido en la vida jurídica

Jul. 29 de 2017

Por: Vanessa Cardona Pérez, Unimedios Bogotá

Este porcentaje incluye algunos pueblos indígenas que hoy son invisibles. Las dificultades para desplazarse y comunicarse en español, y la precaria condición socioeconómica de los territorios que habitan, complican sus procesos de registro, identificación y participación política, e impiden garantizar los derechos fundamentales a estas poblaciones.

En departamentos como el Chocó y La Guajira se ha reportado débil presencia institucional, pero la situación es más precaria en Amazonas, Guainía y Vaupés, donde incluso se ha declarado el abandono, lo que ha llevado a que 36 pueblos indígenas estén en riesgo de extinción física y cultural.

La pérdida puede ser incalculable si se tiene en cuenta que –pese a que Colombia es uno de los países con mejores índices de registro en Latinoamérica– alrededor del 4 % de la población no está registrada, y corresponde principalmente a personas de pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto llama aún más la atención si se considera que 1.428.000 colombianos son indígenas.

Que estas personas no tengan un registro civil quiere decir que no han nacido en la vida jurídica; técnicamente no existen para el Estado y por eso no pueden ejercer sus derechos. La búsqueda de alternativas y acciones concretas para atender de manera adecuada a la población indígena motivó el desarrollo de una investigación –por un convenio interadministrativo– entre el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional de Colombia (UN), y el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (Cedae) de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El antropólogo Sergio Lesmes, investigador del Iepri, explica que para el estudio se indagó en los pueblos indígenas cómo se están llevando a cabo los procesos de registro e identificación, y se determinaron las razones por las que estos no logran disfrutar plenamente de la oferta institucional de la Registraduría, incluyendo la participación política.

Para el diagnóstico, los investigadores hablaron con funcionarios públicos de las registradurías municipales y delegados departamentales, líderes y autoridades indígenas de los pueblos en los departamentos de La Guajira, Cesar, Guaviare, Chocó, Cauca, Vaupés y Amazonas.

En el norte trabajaron con las comunidades wayuu, arhuaco, wiwa y kankuamo; en el occidente se encontraron con los embera chamí, embera wounaan, nasa y misak; en el oriente con los jiw, tucano oriental, cubeo y makuna; y en el sur con los bora, tucano y ticuna. 

Distancias largas y subregistro 

En departamentos como Vaupés y Chocó, en los que predominan las vías fluviales, las personas pueden tardar entre uno y tres días viajando en lancha para llegar a la cabecera municipal y poder hacer los trámites en la Registraduría más cercana; y en zonas como La Guajira, un terreno desértico, también deben hacer largos viajes y asumir los costos correspondientes.

Ante esto, Liliana Gracia Hincapié, antropóloga e investigadora del Iepri, señala que la Registraduría ha dispuesto la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, un esquema móvil que intenta llegar lo más cerca posible a esos territorios. Sin embargo es un equipo que a pesar de sus esfuerzos y alcances no logra atender las necesidades de registro e identificación de toda la población indígena del país.

El subregistro también se hizo evidente, aunque varía según cada pueblo indígena. Por ejemplo los arhuacos tienen el 90 % de su población registrada e identificada
–porque una persona de su comunidad asumió el papel de registradora–, pero entre los jiw –que se caracterizan por ser nómadas, en reciente proceso de sedenterización– el subregistro es del 90 %.

A lo anterior se suma que existen tres tipos de registro: el de nacimiento, el de matrimonio y el de defunción, y en cada uno hay un subregistro particular (falta de información respecto a las estadísticas vitales). 

Barreras culturales 

Yamile Rojas Luna, abogada con estudios en interculturalidad e investigadora del Iepri, resalta que la brecha cultural entre los funcionarios y los indígenas, que incluye la amplia diversidad de lenguas (65 en total) y costumbres, ocasiona errores recurrentes tanto en el diligenciamiento de las fechas de nacimiento consignadas en los registros, como en la escritura incorrecta de nombres y apellidos.

Angie Johana Pineda Ardila, licenciada en Ciencias Sociales y pedagoga intercultural, comenta que muchos de los pueblos indígenas manifestaron que en sus prácticas cotidianas los documentos de registro e identificación son elementos culturales ajenos a su idiosincrasia, por lo que tienen poco valor práctico o sentido de utilidad. Lo anterior explica su constante extravío o deterioro, aunque son necesarios para acceder a derechos básicos y programas de salud, protección, vivienda y educación.

Otro aspecto mencionado por la historiadora Angélica Gamba Pinzón es la ausencia en los documentos de identificación de los lugares de nacimiento y pertenencia étnica de los indígenas, hecho que varios líderes y autoridades indígenas cuestionaron pues son esenciales tanto para reafirmar su identidad colectiva como para evitar que se lleven a los jóvenes a prestar el servicio militar, a pesar de estar exentos por ley.

Al respecto, el antropólogo Lesmes dice que por la manera como están siendo expedidos los documentos de identificación, estos pueden funcionar como un mecanismo de enajenación para la identidad colectiva, porque allí no se reconoce su adscripción a un pueblo, nación, territorio o cultura. 

Ausencia de garantías en participación política 

El país tiene un vacío legal que impide reconocer los territorios indígenas como municipios articulados a la división político-administrativa, lo que implica que para votar los indígenas deben ir hasta el distrito electoral más cercano, y de nuevo eso requiere un gran desplazamiento.

Muchas veces votan gracias a que, ocho o 10 días antes de las votaciones, los partidos políticos subsidian los traslados e invierten en movilizarlos. A cambio, son conminados a votar por ciertos candidatos, muchos de estos externos
a sus comunidades, lo cual pone en riesgo tanto los procesos políticos autonómicos, como el desarrollo y la permanencia de movimientos o partidos políticos indígenas.

Durante una entrevista realizada por el equipo del Iepri, Liliana Pechene Muelas, gobernadora del cabildo de Guambia, expresó que el esquema político del país es poco incluyente con respecto a los candidatos, ya que no les ofrece garantías reales de participación a las minorías étnicas.

Con los resultados de la investigación se llevó a cabo un proceso de socialización y retroalimentación con la Registraduría. Es claro que para superar estas barreras se necesita un trabajo articulado entre diferentes entidades como los ministerios de Salud, Educación e Interior, entre otros órganos e instituciones del Estado.

Gracias a estos hallazgos los investigadores recomiendan tener en cuenta las particularidades de cada pueblo indígena, capacitar e integrar a miembros de las comunidades para que sirvan como intermediarios y facilitadores, y destinar mayor presupuesto a la identificación y participación política.

Un Estado declarado en la Constitución como pluriétnico y multicultural debe adelantar todas las acciones necesarias para conservar la diversidad, al tiempo que ofrece atención y respuestas oportunas a las necesidades de sus pobladores.



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