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Salud
Una salud para la paz debe superar la inequidad a la que se han enfrentado la población rural y las minorías étnicas. foto: archivo particular

Una salud para la paz debe superar la inequidad a la que se han enfrentado la población rural y las minorías étnicas. foto: archivo particular

Iniciativas para una paz que garantice el derecho a la salud

Jun. 24 de 2017

Por: Mario Hernández,
coordinador, Doctorado Interfacultades en Salud Pública / Jaime Urrego, médico salubrista - Universidad Nacional de Colombia 

La Red Saludpaz, liderada por el Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UN), avanza en la articulación de iniciativas que conduzcan a garantizar el derecho a la salud durante el posacuerdo. Una de sus apuestas es la conformación de laboratorios comunitarios de salud para la paz.

El Acuerdo Final de Paz ratificado por el Congreso de la República en diciembre de 2016 establece planes y acciones directas e indirectas en salud que, de cumplirse, contribuirían a mejorar integralmente las condiciones de vida y salud de la población.
  

De manera directa se contempla: establecer el Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) que asegure cobertura, infraestructura y fortalecimiento de la salud materno-infantil en el campo colombiano; profundizar en el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi), que garantice la presencia de equipos psicosociales en las zonas rurales; abordar el consumo de drogas como un problema de salud pública en el marco del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS), lo cual implica que las personas que consumen drogas no se consideren como criminales y se desplieguen todas las alternativas preventivas y de atención integral necesarias para asegurar su bienestar, y por último atender integralmente a los combatientes que se están desmovilizando en las zonas veredales de transición y normalización (ZVTN).

Las medidas indirectas son aquellas que pueden impactar la determinación social del proceso salud-enfermedad en las zonas rurales, entre las cuales se pueden destacar las contempladas en la Reforma Rural Integral, por su potencial de afectación en la distribución desigual de la propiedad de la tierra; las condiciones de inseguridad alimentaria y, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), aquellas intervenciones que con un impacto sobre cerca de 170 municipios integren acciones participativas, interculturales e intersectoriales para superar las brechas y la exclusión, con beneficio directo en la salud.

Otra medida sería reformar la política de las circunscripciones electorales especiales para 16 zonas afectadas por el conflicto armado, por cuanto dicha representación política puede agenciar propuestas con base territorial para implementar un modelo de salud construido y gobernado desde los territorios.

Dentro de las medidas también estaría que la implementación cabal del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición para las víctimas pueda contribuir a la reconciliación y al perdón, aspectos clave para fortalecer la recuperación individual y comunitaria, la reconstrucción de los proyectos de vida y el mejoramiento de las condiciones de salud de más de ocho millones de víctimas del conflicto.

Y, por último, el cese del conflicto armado ya está facilitando el ejercicio de la misión médica en muchas zonas del país; han disminuido dramáticamente las pérdidas de vidas humanas y la discapacidad ocasionada por la confrontación, aunque persiste la inaceptable violencia contra los líderes sociales y campesinos en las zonas de conflicto.

En ese sentido, la Red Saludpaz –conformada por más de diez universidades públicas y privadas, y organizaciones sociales, como Médicos del Mundo y la Corporación Abran la Puerta– apuesta por desatar iniciativas que contribuyan a construir un nuevo modelo de salud que haga posible una paz estable y duradera, como precondición para que en Colombia se consolide la justicia social, la equidad y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, en especial para la población rural y para los millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado. 

Avances y desafíos 

Desde su puesta en marcha a comienzos del presente año, la Red ha avanzado en el fortalecimiento de los procesos de articulación de iniciativas en salud, y se apresta a formalizar un acuerdo de entendimiento para dar proyección y continuidad a sus acciones.

 De igual manera ha avanzado en el desarrollo de instrumentos diagnósticos en algunas de las ZVTN y, con el concurso de estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas convocados, entre otros, por el voluntariado de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ha realizado visitas de observación participante, acompañamiento y asistencia sanitaria en dichas zonas y en las comunidades circunvecinas.

Así, a pesar de las dificultades logísticas y de las grandes tensiones sociales y políticas del proceso, se puede decir que la desmovilización es una realidad en marcha y que son muchas las expectativas –tanto de los ex combatientes como de las comunidades– por la consolidación de la paz en regiones completamente excluidas social, económica, cultural y políticamente, por un modelo de desarrollo injusto, corrupto, extractivista y basado en el mercado.

La propuesta de la Red Saludpaz es avanzar en tres fases que comienzan con la atención participativa en salud en las ZVTN y sus comunidades aledañas, para desarrollar muy pronto “laboratorios comunitarios de salud para la paz” en regiones estratégicas y continuar con propuestas de más largo alcance que permitan conectar los aspectos directos e indirectos de la salud en el Acuerdo, con una nueva institucionalidad en salud para la paz.

Al mismo tiempo la Red avanza en la promoción del debate público sobre lo que sería una salud para la paz con grupos étnicos, organizaciones de víctimas, campesinos, trabajadores de la salud, funcionarios y académicos, sobre las articulaciones entre la salud y la paz.

Las conclusiones preliminares incluyen: el posacuerdo es una oportunidad para la participación democrática y para impulsar procesos locales de desarrollo alternativo que contribuyan a superar la inequidad a la que se ha sometido a la población rural más afectada por el conflicto.

El sistema de salud –al amparo de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, leída por la Corte Constitucional, y de la normatividad internacional– debería, al menos en estos territorios, eliminar la intermediación de actores de mercado y transformarse cuanto antes en una estructura de oferta pública, gratuita, universal e intercultural, con participación directa de comunidades locales, indígenas, campesinos, afrodescendientes y víctimas, como preámbulo y motivo para un nuevo pacto social y político por la salud en el país.

El PNSR, el Papsivi, el PNIS, los PDET y todos los demás instrumentos previstos en el Acuerdo Final de Paz deben incorporar cambios tanto en los modelos y paradigmas vigentes, como en la institucionalidad a cargo, porque de lo contrario se convertirán en medidas operativas de baja intensidad y poco impacto en las condiciones estructurales que dieron origen y aún alimentan la violencia en el país.

Es imperativo que el proceso de implementación del Acuerdo se consolide de manera irreversible y definitiva para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera, y para evitar el regreso o el mantenimiento de la guerra.

En esta dirección, la Red Saludpaz continuará desplegando acciones y esfuerzos para concitar la voluntad y el aporte de muchos actores nacionales e internacionales con el fin de contribuir a materializar una propuesta de salud que ayude a consolidar la paz democrática como garantía para la realización del derecho fundamental a la salud.



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