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Política & Sociedad
La cámara de ejecución de la Prisión Estatal de San Quintín (San Francisco, Estados Unidos) se construyó en 2010. foto: archivo particular

La cámara de ejecución de la Prisión Estatal de San Quintín (San Francisco, Estados Unidos) se construyó en 2010. foto: archivo particular

Insistir en la pena de muerte: ¿una obstinación bélica?

Apr. 22 de 2017

Por: Mario Aguilera, docente e investigador,
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) Universidad Nacional de Colombia

En Colombia la propuesta de reimplantar la pena de muerte es una medida que ha desatado debates periódicos, mientras que en otras sociedades rara vez se plantea que esta pueda ser un instrumento útil en la lucha contra el crimen.

-Las propuestas de legalización de la pena de muerte, y la irrupción de ciertas expresiones sociales favorables a su uso por fuera de la institucionalidad, reflejan la posición de quienes encuentran que en diversos momentos de nuestra historia reciente la justicia ha sido desbordada tanto por diversas formas de delincuencia como por la presencia de un largo conflicto armado.

Frente a esa situación muchos han considerado que no quedaría otro recurso que apelar a la máxima sanción penal, e incluso han admitido –sin expresarlo abiertamente– que las ejecuciones sin proceso judicial son un mal necesario para controlar la criminalidad.

Los partidarios de la pena de muerte se apoyan principalmente en dos tipos de argumentos: los que consideran que es una medida judicial justa frente al daño ocasionado por el delincuente, lo cual reedita la llamada “ley del talión”. Si se admitiera ese argumento, la justicia penal pasaría a convertirse en la herramienta del sentimiento primario de la venganza, y la sociedad estaría mostrando que solo puede controlar el delito matando, es decir que estaría acogiendo los mismos valores del homicida.

El otro argumento destacado es que la pena de muerte puede tener un efecto disuasivo frente al delincuente. Sin embargo no se ha demostrado que su aplicación tenga un efecto intimidatorio, o incluso que exista una relación entre la pena capital y el comportamiento de la criminalidad. Un estudio de 2014, realizado en los Estado Unidos, indica que la mayor tasa de homicidios en ese país procede del sur, donde tenía lugar el 80 % de las ejecuciones, mientras que en el noreste –de donde provenía menos del 1 % de las ejecuciones– tenía una tasa de homicidios más baja. 

Iniciativas de restablecimiento 

Un examen de las grandes iniciativas para la reimplantación de la pena capital en Colombia muestra que estas estuvieron dirigidas a controlar los delitos originados por el conflicto interno, y minoritariamente por otro tipo de conductas delictivas.

Las principales propuestas que tuvieron eco en la opinión pública provinieron de congresistas, miembros de los gremios, funcionarios del Gobierno, integrantes de la fuerza pública o líderes sociales y religiosos.

Así, tenemos que durante la violencia liberal-conservadora (1946-1965) la pena de muerte se propuso en cuatro ocasiones para reprimir los delitos atroces cometidos en las zonas rurales por las bandas partidistas, es decir masacres combinadas con incendios, violencia sexual y cortes y amputaciones en los cuerpos de las víctimas.

Después, durante el actual conflicto interno, se presentaron ocho propuestas dirigidas a controlar conductas relacionadas con este conflicto. Entre 1965 y 2002 se registraron siete propuestas dirigidas a reprimir el delito del secuestro. De ellas, en tres peticiones también se pidió que cobijara a los actos terroristas; en otras tres que abarcara diversas modalidades de homicidio, y en una ocasión que también comprendiera las masacres. Otra propuesta más se dirigía a reprimir los delitos atroces y los crímenes de lesa humanidad.

A medida que ha declinado el conflicto armado, el foco de las propuestas se relaciona con actos criminales cometidos contra menores de edad. Entre 2008 y 2016 han existido tres propuestas en medio de la reacción por la conmoción desatada por delitos ejecutados contra menores indefensos. 

Ejecuciones sumariales 

Durante el conflicto colombiano operaron con sistematicidad las ejecuciones sumariales practicadas por diversas agencias del Estado, el paramilitarismo y las guerrillas. ¿En qué se asemejaron y diferenciaron los diversos actores armados frente la aplicación de la pena de muerte sin proceso judicial?

Se identificaron en que dentro de la dinámica del conflicto ejercieron una sórdida guerra contra la pequeña delincuencia, ejecutando ladrones, cuatreros o violadores con la intención de ofrecer seguridad y captar las simpatías de campesinos, hacendados, comerciantes y empresarios.

Esas prácticas fueron posibles gracias al silencio o a la tácita aprobación de vecindarios rurales y urbanos que después de muchos años encontraron que el control de la delincuencia que no les ofrecía el Estado o la administración de justicia, sí la brindaban los diversos aparatos armados.

Sin embargo, a la postre, los vecindarios comenzaron a confrontar dichas prácticas porque se convirtieron en una amenaza generalizada al ampliar su cobertura más allá del asesinato de pequeños delincuentes.

A diferencia de las guerrillas, algunas agencias del Estado, aparatos de justicia privada, paramilitares y bandas criminales coincidieron en la práctica sistemática de las denominadas “limpiezas sociales” efectuadas en zonas urbanas. Estas llevaron al asesinato de indigentes, habitantes de la calle, “raponeros”, atracadores, personas con antecedentes penales, prostitutas, consumidores y vendedores minoristas de droga y personas de sectores sociales lgbt. Se les castigó por su pobreza, por no ser considerados como aptos para vivir en sociedad; por atentar supuestamente contra los patrones del orden y la moralidad; por ser los causantes del deterioro de zonas comerciales, o simplemente por ser los lunares que afeaban la buena presentación de las zonas urbanas.

El otro blanco de las ejecuciones sumariales lo constituyeron los discrepantes políticos y los líderes sociales o sindicales acusados de pertenecer o de tener algún tipo de identificación con la insurgencia. En esa actividad las mayores sindicaciones se han dirigido contra el paramilitarismo y los miembros de la fuerza pública por sus actuaciones criminales contra militantes de la Unión Patriótica, A Luchar, y otros grupos políticos y sociales. La guerrilla también aplicó la pena de muerte contra sus opositores políticos, contra miembros o relacionados con los aparatos paramilitares y contra sus propias bases sociales, como en el conflicto que sostuvieron las Farc y el ELN en varias regiones del país. 

Prevenir el delito 

La crisis política y social que ha vivido Colombia abrió las puertas a diversas iniciativas de reimplantación de la pena capital y a la aplicación sistemática de ejecuciones extrajudiciales a múltiples delitos; también a un sinnúmero de conductas impensables de ser acreedoras a la pena de muerte en cualquier país que se precie de contar con un orden democrático liberal. 

El proceso de construcción de paz que se ha iniciado se constituye en una oportunidad para conocer la verdad y establecer responsabilidades, pero también para reflexionar sobre los usos de la fuerza y la reproducción de los ciclos de violencia en nuestros tejidos sociales.

Así mismo, es la mejor coyuntura para reflexionar y revisar nuestras políticas de seguridad y convivencia, que no pueden circunscribirse a la ampliación del número de policías y cámaras de vigilancia.

Es muy probable que, si no corregimos los profundos desniveles económicos y sociales, en poco tiempo el país esté contemplando la irrupción de un nuevo ciclo de violencia, tal como ocurrió en otros estados que no profundizaron sus reformas después de acuerdos de paz con las insurgencias.



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